Policías, principales agresores de periodistas el pasado 2 de octubre: Artículo 19

MÉXICO, D.F. (apro).- Durante las movilizaciones conmemorativas por la masacre de Tlatelolco, el pasado miércoles 2, 46 periodistas y comunicadores fueron agredidos mientras documentaban los disturbios y actos de represión registrados ese día, informó la organización Artículo 19.

Los hechos de hace 26 días, subrayó, reflejan “el ataque más violento a la libertad de expresión en la capital política de México durante un acto de protesta social en la administración de Miguel Ángel Mancera”.

Luego de la invitación abierta a documentar las manifestaciones, ejercicio en el que participaron 120 personas, Artículo 19 presentó un informe en el que detalla que del total de agresiones, en 32 casos (69.56%) los perpetradores fueron policías. En uno de ellos, agrega, la violencia provino además de una persona vestida de civil.

Sostiene que los otros actos de violencia correspondieron a ocho agresores “de identidad desconocida”, tres fueron perpetrados “por civiles con comportamiento policial y tres más por personas con el rostro cubierto”.

De acuerdo con el documento, el personal agresor que tenía un “comportamiento policial” se distinguía porque los integrantes de ese grupo “portaban radios, actuaban de manera organizada y con anuencia de la Policía del DF y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, es decir, contaban con el consentimiento o aquiescencia de la policía, pues de acuerdo con la información recabada omitieron actuar contra las arbitrarias detenciones de estas personas”.

Según los testimonios de las 46 víctimas, precisa, todos “se identificaron verbalmente como prensa, portaban gafetes o equipo de trabajo”, y pese a ello fueron agredidos “no sólo para evitar que cumplieran con su labor informativa, sino como una especie de castigo o, en su defecto, para intimidarles o coaccionarles”.

Por los testimonios y los documentos gráficos recabados a través de su campaña “Rompe el silencio”, Artículo 19 llegó a la conclusión de que “existe evidencia suficiente para señalar que de manera recurrente el personal de la Agrupación de Granaderos actuó directamente para inhibir, obstaculizar e impedir el trabajo de las personas acreditadas como prensa”.

El documento apunta que “resulta urgente que se investigue hasta qué punto estos agentes actuaron de esa forma por falta de capacidades o a través de la obediencia de la cadena de mando”, y recomienda que sea la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) la encargada de la indagatoria.

Asimismo, resalta que desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, “el interés de la prensa por documentar la protesta ha crecido debido a los diferentes escenarios de violencia registrados desde esa fecha, en específico contra periodistas y comunicadores sociales”.

La organización refiere que durante las manifestaciones por la toma de protesta de Peña Nieto, la conmemoración del “halconazo” (el 10 de junio), la entrega del informe de gobierno (el 1 de septiembre) y la conmemoración del 2 de octubre, se registró “la detención arbitraria de comunicadores que sólo cumplían con su labor de documentar las manifestaciones”.

De forma generalizada, Artículo 19 detectó que los detenidos han sido puestos a disposición de autoridades ministeriales debido a “falsas acusaciones” de policías, y han sido “encarcelados y presentados ante jueces locales, quienes han impuesto fianzas de poco más de 130 mil pesos (alrededor de 10 mil dólares) para que puedan seguir enfrentando los procesos en libertad”.

Por la documentación continua de las movilizaciones y agresiones, considera que el del 2 de octubre pasado fue “el ataque más violento a la libertad de expresión” del gobierno de Miguel Ángel Mancera, toda vez que “se trató de una agresión directa contra los periodistas”, según coincidieron las víctimas que compartieron su experiencia con la organización no gubernamental.

Las agresiones con mayores menciones fueron toletazos (10), pedradas (10 en total, seis de ellas de policías), golpes con escudos (seis), golpes de policías sobre personas derribadas (cuatro), detenciones momentáneas (una de policías y dos de personas con comportamiento policial), rociado de líquido de extintor (dos) y una golpiza “en tentativa de homicidio”.

Además, se registraron daños al equipo de trabajo por parte de policías (ocho), robo de equipo (cinco en total, dos de por policías) e intentos de robo (tres en total, uno perpetrado por la policía).

El informe recoge 19 testimonios de periodistas y comunicadores que dan cuenta de las agresiones sufridas por parte de granaderos y personas vestidas de civil, de “comportamiento policial”.

Artículo 19 hace siete recomendaciones que tienen la finalidad “de brindar una ruta crítica para que las autoridades corrijan de manera inmediata las señaladas carencias de actuación”, pero también con el objetivo de “procurar la restitución integra en los derechos afectados como el de propiedad”.

El documento también hace recomendaciones de rehabilitación, médicas y psicológicas, y de compensación, que incluyen la indemnización por los daños a la integridad física y/o emocional, pero también medidas de satisfacción, entre ellas el reconocimiento público de responsabilidad y una disculpa pública.

“Sin una disculpa pública por los abusos cometidos por la policía capitalina, se omitiría la responsabilidad de las autoridades, así como su obligación de resarcir el daño a quienes fueron violentados”, asienta en el documento.

Entre las recomendaciones encaminadas a la justicia, se propone que la FEADLE cree una “comisión especial para la investigación de los hechos”, con la finalidad de sancionar a los responsables de los agravios a la libertad de expresión cometidos por “policías y demás servidores públicos del Distrito Federal y de personas que pudieron haber actuado bajo tolerancia o aquiescencia de autoridades públicas”. Ello, apunta, atendiendo las reformas que permiten a la fiscalía especializada atraer casos.

Por último, la organización propone “la adopción de protocolos de prevención y protección, incluyendo las movilizaciones de asistencia médica de emergencia en condiciones de seguridad y no criminalización”, durante la cobertura de movilizaciones sociales, así como la actuación de instituciones encargadas de la protección de periodistas.

Puedes consultar el documento completo aquí:

Informe 2 de octubre: Rompe el miedo by Antonio Martínez Velázquez

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