TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró “insuficiente” el indulto presidencial que permitió al profesor indígena Alberto Patishtán recuperar la libertad, después de pasar 13 años en prisión. Según el organismo defensor de los derechos humanos, el gobierno debe disculparse, resarcir el daño causado a Patishtán y esclarecer quién o quienes masacraron a siete policías en el municipio de El Bosque. El Frayba, la primera instancia en asumir la defensa de Patishtán Gómez, denunció que en México se violan sistemáticamente los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, de igualdad ante la ley y a la no discriminación en contra de indígenas detenidos. La agrupación fundada por el obispo Samuel Ruiz García se unió este jueves a la celebración de libertad de Alberto Patishtan, “a quien el gobierno sometió por más de 13 años a un encierro injusto, tal y como es el patrón en el sistema jurídico mexicano hacia las personas presas políticas”. La acción del Estado mexicano, advirtió la ONG, debería incluir como mínimo tres exigencias: “Pedir perdón público como parte de su responsabilidad en el encarcelamiento arbitrario del profesor Patishtán, cuya inocencia ha quedado demostrada de manera pública, al igual que las deficiencias en el sistema de justicia penal”. Asimismo, esclarecer los hechos ocurridos en la emboscada a policías el 12 de junio del 2000, “ya que se dio en el contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios autónomos. En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch’en de los Pobres”. El Frayba también propuso la reparación integral de los daños en el caso del profesor Patishtán, “ya que 13 años de prisión truncaron su proyecto de vida y la de su familia, además de que el encierro prolongado, sumado a la negligencia médica, casi lo dejó ciego y puso en riesgo su vida”. La ONG advirtió que seguirá impulsando las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la atención eficaz y de calidad a la salud del profesor, quien se encuentra sometido a tratamiento por un tumor cerebral. Aparte del caso Patishtán, acotó el Frayba, existen otros presos a quienes se les he negado la justicia: Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, indígenas tzeltales adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Sebastián Bachajón. Además, Alejandro Díaz Santiz, solidario de La Voz del Amate, y el profesor Noé Hernández Caballero, de la Organización Nacional del Poder Popular, entre otros. Finalmente, el Frayba exhortó al gobierno mexicano a la aplicación de medidas efectivas para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos y de exclusión social.