LA PAZ (apro).- Willy Yujra, suboficial de la Armada Boliviana, y Michael Olivarez, médico, compartieron un destino fatal: ambos fueron golpeados, torturados y ajusticiados cuando se encontraban de rodillas. El primero recibió un golpe con una piedra en la cabeza y el segundo un disparo en la nuca luego de ser capturados en una emboscada de cocaleros a una brigada que erradicaba cultivos ilegales, en la que también murieron por disparos de armas de fuego el policía Reynaldo Quispe y el subteniente del Ejército, Oscar Gironda. El ataque se registró el sábado 19 de octubre, en Apolo, una localidad ubicada a 410 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, y además de las cuatro víctimas mortales, dejó 12 militares y policías heridos de bala, como resultado de una acción que evidenció el rostro más feroz del narcotráfico, ya que de acuerdo con las investigaciones la ofensiva fue planificada cuidadosamente, sin dejar nada al azar. El origen de los hechos se remonta al 24 de mayo, cuando llegó a la zona un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), una unidad combinada de las Fuerzas Armadas y la Policía que tiene la misión de erradicar los cultivos excedentarios de coca, materia prima para la fabricación de la cocaína. De acuerdo con la Ley 1008, en vigencia desde 1988, en Bolivia está permitido el cultivo de únicamente 12 mil hectáreas de coca en zonas denominadas “tradicionales”, ubicadas en provincias de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Apolo se encuentra en una de las provincias de La Paz donde está permitido el cultivo de hasta 300 hectáreas de coca, aunque de acuerdo con el gobierno existen por lo menos 180 hectáreas ilegales, que la FTC comenzó a eliminar. Las investigaciones de la comisión de fiscales a cargo del caso estableció que los cocaleros, posiblemente asesorados por experimentados narcotraficantes colombianos y peruanos, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, realizaron un cuidadoso estudio de la rutina de la brigada de la FTC, elaboraron una perfecta logística para el ataque y desencadenaron una ofensiva armada que no dejó ningún herido en sus filas. “Los actos de emboscada por parte de comunitarios del lugar (…) han sido debida y cuidadosamente planificados, por cuanto el día anterior en la noche han instalado puestos de vigilancia en el trayecto para evitar la erradicación, disponiendo de petardos, armas de fuego y otros, ya que se han colectado proyectiles sin percutir y casquillos, hondas u otros objetos para arremeter (contra la FTC)”, dice un informe de la comisión. Los cocaleros incluso instalaron lo que el ministro Romero denominó como un “campamento armado”, que operó como el centro de comando del ataque, en el que se halló, entre otros objetos, banderas idénticas a las que usan fuerzas militares para entrenamiento táctico. “Esas banderolas fueron utilizadas, desde distintos puntos estratégicos, para hacer señales, de tal manera de marcar el ingreso de los efectivos de la FTC y señalizar el recorrido que ellos iban desarrollando”, explicó Romero.   La emboscada Cuando a las 4:30 horas del sábado 19 de octubre la brigada de la FTC ingresó a la zona identificada para la erradicación, la emboscada estaba lista y los hechos se desencadenaron en una secuencia irreversible. Primero se escuchó la detonación de cartuchos de dinamita y petardos, que eran la señal de ataque sobre la columna militar y policial que transitaba por un sendero que era observado por los cocaleros desde las alturas de una frondosa vegetación. Tras las explosiones, una lluvia de piedras, lanzadas por hondas, cayó sobre los efectivos, provocando los primeros heridos. Luego llegó el turno de las armas de fuego, con ráfagas que diezmaron aún más a los militares y policías, que apenas atinaron a tratar de huir en busca de refugio, incapaces de identificar las áreas desde donde eran acribillados. El subteniente del Ejército, Oscar Gironda, fue uno de los alcanzados por los proyectiles. Herido, fue arrastrado por uno de sus colegas para sacarlo de la balacera, pero ya era tarde. “Quiero que le digas a mi esposa que la amo, que le mando un beso”, dijo a un compañero de tropa, antes de morir. El policía Reynaldo Quispe ni siquiera alcanzó a dejar un mensaje para sus seres queridos y quedó tendido, sin vida, por un certero disparo. Cuando cesó el ataque, el suboficial Willy Yujra y el médico Michael Olivarez, estaban heridos y, sin posibilidades de escapar o ser auxiliados. Capturados por los cocaleros, fueron brutalmente golpeados, según el informe del Instituto de Investigaciones Forense (IDIF), y luego, arrodillados, recibieron la muerte. El cráneo de Yujra, dice el informe, fue destrozado por un golpe con una piedra, mientras Olivarez, un médico que apenas dos días antes se había incorporado a la FTC, cuatro meses después de casarse, recibió un tiro en la nuca. Los agresores también tenían como prisionero al subteniente de la Policía, Eddy Triveño, a quien dieron por muerto luego de dispararle un tiro en la boca, donde introdujeron por la fuerza un arma de fuego. Milagrosamente la bala chocó con su placa dental, se desvió hacia un costado de su nariz y quedó alojada cerca de uno de sus ojos, sin afectarlo. Triveño fue rescatado después del ataque y actualmente está internado en una clínica de la ciudad de La Paz, junto a otros heridos como los militares Jesús Ortega y José Luis Mercado Flores. “Lo que pasó en Apolo es criminal. Esa gente, sea la que sea, que atacó a los erradicadores, lo hizo defendiendo algo que a todas luces es ilegal porque sabían que no tenían autorización para cultivar más cocales. Aparentemente son los propios productores de coca de Apolo los que reaccionaron así”, opinó Rafael Puente, exviceministro del ministerio de Gobierno. Cuatro días después del ataque, 300 militares y policías fueron enviados a la zona para reanudar la erradicación y resguardar el trabajo de los investigadores, en un aparatoso operativo que hizo alarde de una demostración de fuerza, con el propio subcomandante de la Policía a la cabeza y efectivos armados de fusiles FAL y AR-15, dotación personal de defensa y equipamiento contra disturbios. Hasta el viernes 1 existían ocho detenidos bajo sospecha de haber participado en el ataque, mientras se emitieron seis órdenes de aprehensión contra cocaleros que, según los investigadores, participaron directamente en la muerte de los tres uniformados y el médico. Los seis sindicados aún no han sido hallados y la Policía presume que se fugaron a Perú.   El trasfondo Aunque el presidente Evo Morales no ha dudado en atribuir el ataque a una sociedad de cocaleros con narcotraficantes, para los que ha anunciado el mayor castigo, analistas y críticos al oficialismo sostienen que la permisividad del gobierno con la producción excedentaria de coca es la raíz del problema, que no tendría en Apolo a su último capítulo de expresión de violencia. El último dato verificado sobre la cantidad de cultivos de coca en Bolivia fue emitido hace dos años por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la que informó que en el país existían 25 mil 300 hectáreas de coca, es decir más del doble de las 12 mil autorizadas por la Ley 1008, exclusivamente para uso tradicional (mascado de la coca, infusiones, cremas, medicinas y otros). Comenzando por el propio gobierno, todos aseguran que la producción excedentaria de coca, del que Bolivia es el tercer productor mundial después de Perú y Colombia, tiene como único destino al narcotráfico. Sin embargo, el gobierno se niega aún a hacer público un informe elaborado el 2010 por la Unión Europea (UE) y entregado a las autoridades, en el que se establece con precisión la cantidad de coca que se emplea actualmente en el país para los usos tradicionales. “Los estudios finalizaron el 2010 y estamos esperando mucho. Lo más importante es tener estudios confiables y relevantes. Es por eso que el gobierno ha querido hacer un poco más trabajo en sus estudios complementarios, esperamos los resultados”, declaró el jefe de delegación de la UE en Bolivia, Tim Torlot. Según el gobierno, el informe de la UE se hará público cuando se concluyan “informes complementarios”, a cargo de las autoridades nacionales, sobre el consumo legal de coca, mediante la forma de mascado, en sectores de la minería, trabajadores no asalariados y otros. Aún no existe fecha oficial para la presentación de informe de la UE y de las investigaciones complementarias. “La encuesta de hogares que se hizo durante un año para ver fluctuaciones en sectores que usan la coca se hizo con una muestra de 12 mil hogares. Más grande que la que el gobierno del Reino Unido usa para sus estadísticas económicas, con una población seis veces más grande. Trabajamos con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y otros asesores confiables y con el gobierno para diseñarlos. Estoy muy orgulloso de cómo se hizo el estudio de la coca y la confiabilidad del trabajo. Tuve varias reuniones con el ministro Romero y él nunca me comentó nada sobre eso (posibles errores en el informe). Publicar resultados depende del gobierno”, complementó Torlot. Una vez que el informe se haga público, el gobierno tendría la obligación de erradicar la cantidad de hectáreas que se encuentre por encima de la cifra determinada para el consumo tradicional. En este contexto, el líder opositor del Movimiento sin Miedo (MSM), Juan del Granado, aseguró haber tenido acceso al informe de la UE, en el que se establecería que apenas son necesarias 6 mil hectáreas de coca para el consumo tradicional. "El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) viene ocultando desde hace más de tres años, de manera sistemática, los resultados de ese estudio. Hoy me animo a señalarles que habiendo tenido acceso parcial al mismo, los bolivianos solamente necesitamos el cultivo de 6 mil hectáreas de hoja de coca para atender los requerimientos tradicionales”, aseguró Del Granado. Pese a que aún no se conoce oficialmente el estudio, en la Comisión de Tierra y Territorio de la Cámara de Senadores ya se presentaron al menos ocho proyectos de ley, respaldados por parlamentarios oficialistas de las zonas cocaleras, que plantean incrementar la producción de coca de 12 mil a 20 mil hectáreas. Para el presidente de esa Comisión, el senador oficialista Julio Salazar (MAS), las 20 mil hectáreas están “definidas y sacramentadas”. "Como hay tantas propuestas, tenemos que tener una sola. Está claro, para toda La Paz 13 mil hectáreas y para Cochabamba sólo 7 mil hectáreas”, dijo el parlamentario, sin presentar un documento de respaldo técnico de la propuesta. Su colega Fidel Surco, también del MAS, es más conservador y propone organizar encuentros sectoriales con la participación de autoridades, cocaleros y grupos vinculados a la producción de coca, para definir un solo proyecto. "Vamos a hacer las cumbres, a ver si podemos concertar con el Ejecutivo para la ley de la coca”, declaró. Para el opositor Del Granado, legalizar 20 mil hectáreas de coca sería un despropósito, sin el mínimo sustento técnico. El gobierno no ha adoptado una posición oficial respecto de estas propuestas, pero los analistas dicen que las autoridades, comenzando por el propio presidente, tendrán que administrar una fuerte presión de los cocaleros, principalmente del departamento de Cochabamba, donde Evo Morales es además el máximo dirigente de la Federación de Campesinos del Trópico, región dedicada a la producción de coca. El experto en temas relacionados a los cultivos de coca, Franklin Alcaraz, hace notar, por ejemplo, que según el último registro realizado en el 2008, la cantidad de cocaleros registrados en Cochabamba era de 70 mil, mientras en La Paz llegaban a 27 mil. “Llama la atención (el dato) porque La Paz es la región productora por excelencia de la hoja destinada al consumo tradicional, mientras que, según organismos internacionales, más de 90% a 95% de la coca que se produce en Cochabamba va al narcotráfico”, explicó. Para el politólogo Marcelo Silva, el poder político de los cocaleros es un síntoma preocupante de la capacidad de influencia de grupos corporativos en las decisiones que asume el Estado. “El Estado ha asumido una forma corporativa. ¿A qué me refiero?, a que la fuerza del poder político ya no reside en los instrumentos e instituciones formales, sino que el gobierno se sustenta en base a pactos o alianzas con sectores influyentes de la sociedad”, dice Silva.   Espiral de violencia Seis pozas de maceración de coca encontradas en los alrededores de Apolo en los operativos posteriores a la emboscada a la brigada de la FTC confirman, según el propio gobierno, el destino de los cultivos excedentarios, que no es otro que la fabricación de cocaína. “En las incursiones se han encontrado dos fosas de maceración en las que se producía droga, además de cuatro inactivas. Esto corrobora la hipótesis más fuerte que teníamos, de que un grupo de personas de la zona estaría vinculado al narcotráfico y que la emboscada era una acción relacionada con ese ilícito”, informó el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez. Pero lo que para el gobierno parece ser un descubrimiento, para los pobladores de la zona y los organismos de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas es una realidad vigente desde hace muchos años. Todos los medios de información que visitaron Apolo luego de los hechos de violencia verificaron que la coca se comercializa sin ningún tipo de control. Asimismo, informes confidenciales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el organismo policial encargado de los operativos antidroga, aseguran que la mayor parte de la coca producida en Apolo se vende en el vecino Perú a precios significativamente mayores que en el mercado local. Según los mismos informes, la coca boliviana es procesada en Perú para fabricar cocaína, que luego atraviesa la frontera entre los dos países (mil 131 kilómetros de Andes y Amazonía con escaso o nulo control) para llegar al mercado brasileño. Aunque en pequeña escala, productores bolivianos aprovechan este circuito para incorporar su propia cocaína. Para el investigador Roberto Laserna, la emboscada en Apolo no ha sido la primera ni será la última, por un calculado juego de poder de productores ilegales de coca y narcotraficantes. “Sucedió antes en Chulumani, en Chapare. Se cercó, se peleó, se mató a policías y militares en otras circunstancias. Creo que es un gesto que tienen los campesinos para tratar de mostrar la fuerza que tienen, la protección de que disponen y creo que ellos intentan abrir un espacio de negociación y de reconocimiento para su producción”, explica. Una revisión de los hechos más recientes de violencia, que involucran a cocaleros en la muerte de policías y militares, da la razón a Laserna. En el Chapare, la principal zona de producción de coca destinada al narcotráfico, los cocaleros y narcotraficantes utilizaban hasta hace poco “cazabobos” (artefactos explosivos fabricados con materiales caseros) para atacar a efectivos policiales y militares. Hoy, los “cazabobos” han sido reemplazados por certeros disparos de armamento moderno, aunque las víctimas siguen siendo las mismas, en una espiral de violencia y terror que ninguna política gubernamental ha logrado poner freno. Todo, a decir del politólogo Carlos Cordero, como resultado del circuito coca-cocaína, “que en Bolivia tiene por el momento una próspera vigencia”.