MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En vísperas de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) nombre al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Edgar Cortez Morales, uno de los postulados a ocupar el cargo por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), alertó sobre visos de imposición por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera. La posición de Cortez Morales surgió luego de que en columnas políticas y en corrillos de la ALDF se ha difundido la versión de que el secretario de Gobierno de Mancera, Héctor Serrano, dio “línea” a los asambleístas del PRD, que tienen la mayoría en el órgano legislativo, para que favorecer a la catedrática de la Universidad Autónoma de México (UAM), especialista en litigios de libertad de expresión, Perla Gómez Gallardo,  propuesta por la Fundación Manuel Buendía. La especie que cobró fuerza el fin de semana, planteaba incluso que el cabildeo de Serrano a favor de Gómez Gallardo se intensificó tras el acuerdo de que ésta nombraría como visitador general a un “compadre de Serrano” del que se desconoce su identidad. La candidatura de quien fuera abogada del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, estaría sostenida por las fracciones del PRD y el PAN, con 34 y 13 diputados cada una respectivamente. Para nombrar al responsable de la CDHDF se requieren 44 votos. En un comunicado, en el que se habla de la “candidata oficial” sin dar el nombre de Gómez Gallardo, Cortez Morales alerta que “de concretarse esta imposición”, los capitalinos están en riesgo de que “exista una institución que defienda los intereses del gobierno en turno, a costa de la pérdida de la autonomía que esa instancia había alcanzado y de su compromiso con la protección de los derechos humanos de la ciudad”. El exdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y exsecretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles todos los Derechos para todas y todos (Red TDT) señaló que pese a que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del la ALDF, la perredista Dinorah Pizano se comprometió a “tener un proceso abierto, participativo y transparente” para elegir al próximo ombudsman, la realidad ha sido otra. Agregó que “además de todas las irregularidades que ha mostrado este proceso, está siendo afectado también por la continua información difundida de que hay una candidata oficial, sin que las partes aludidas desmientan tales informaciones”. Tras recordar que la autonomía de la CDHDF está legislada en su Ley Orgánica, y que debe ser respetada por autoridades, asambleístas y aspirantes, el defensor lamentó que “el Poder Ejecutivo muestra tal injerencia en la designación del o de la titular de la CDHDF, según lo van confirmando distintas versiones”. La indignación también fue dirigida hacia la ALDF que “no está protegiendo la legitimidad de uno de los procesos más importantes para quienes habitamos en la Ciudad de México”. Edgar Cortez y el IMDHD reiteraron su “compromiso de seguir trabajando para que los derechos humanos sean una realidad vigente para todas las personas y la CDHDF un instrumento para ese fin”.