MONTERREY, N.L. (apro).- Jorge y Daniel entregaron esta mañana su documentación en la Oficialía 4 del Registro Civil de San Pedro para iniciar el trámite de su matrimonio civil, que sería el primero de su tipo en la entidad. Sin embargo, prevén que el juez rechace la solicitud porque, como les adelantó, el Código Civil estatal en su artículo 147 considera los casamientos únicamente entre un hombre y una mujer. Es por ello que la pareja ya promueve un amparo ante un juzgado federal que la proteja de la acción de la oficialía que, al negarse a unirla, violenta sus derechos constitucionales consagrados en los artículos primero y cuarto. Mariaurora Mota, directora de la asociación Género, Ética y Salud Sexual (GESS), señala, optimista, que esperan el beneficio de la ley a favor de Jorge y Daniel, pues ya existe en la entidad un antecedente sobre un caso idéntico. En diciembre pasado, dos mujeres presentaron sus documentos para casarse, pero al recibir un rechazo del juez civil, procedieron a ampararse y, en septiembre anterior, obtuvieron la protección federal y están en disposición de contraer matrimonio cuando lo deseen. No lo han hecho aún porque esperan el momento preciso, dice la activista en entrevista. En su caso, Jorge y Daniel, de 26 y 29 años, respectivamente, y quienes tienen una relación de siete años, promueven el amparo como lo hacen actualmente unas 40 parejas de la comunidad Lésbico Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBT) en todo el país. Su intención, aclara la activista, es “colapsar” el sistema judicial del país con amparos hasta que se acepte a escala nacional el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como ocurre actualmente en el Distrito Federal. “En todo México estamos poniendo amparos, saturando el Poder Judicial, y confiamos en que vamos a ganarlos todos porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución al respecto y ningún juez se puede negar”, advierte. En Nuevo León el recurso legal forma parte del proyecto LITIGA, conformado por agrupaciones con perspectiva de género que, a través de sus equipos de abogados, promueven litigios estratégicos a favor del colectivo lésbico-gay. “Los litigios estratégicos son aquellos que no únicamente benefician a dos personas, sino que ayudan a todo un grupo. El amparo, en este caso es para Jorge y Daniel, pero en realidad beneficia a la causa de todos. Igual litigamos por beneficios de seguridad social para personas que viven aquí y que se casaron en otros estados. Nuevo León no les está dando beneficios de ley”, explica. Los juicios son promovidos por las organizaciones LGBT de toda la República. Incluso, ya fueron promovidos dos amparos en Chihuahua, uno en Yucatán, otro en Quintana Roo, tres en Oaxaca y otros que están en procedimiento en otras entidades federativas. Mariaurora Mota recuerda que en Colima recientemente ocurrió el caso de un juez que, al aplicar el principio pro persona, que ordena a todas las autoridades velar por los derechos humanos de todos, decidió proceder con la ceremonia civil. Nuevo León alista 12 casos de matrimonio civil homosexual y, prevén un rechazo, seguirán la misma ruta legal para obtener el amparo federal. La activista considera que en las próximas horas será rechazada la solicitud hecha al juez cuarto del Registro Civil de la colonia Mira Sierra, en San Pedro, a donde acudieron los interesados acompañados por sus familiares. La resolución del juicio de amparo puede demorar meses, aunque confían en que ésta sea favorable, como ocurrió con las otras chicas del estado que recibieron una negativa en el Registro Civil y después alcanzaron el beneficio constitucional. Jorge y Daniel se casarán por el civil tan pronto reciban el amparo, y ya tienen listos los preparativos para celebrar su matrimonio. Es más, eligieron el 31 de agosto de 2014 para hacer una fiesta en grande, acompañados de familiares y amigos, y ya tienen incluso apartado el salón. Ellos serían la primera pareja homosexual que se casaría en la entidad, aunque ya viven aquí numerosos matrimonios que se unieron legalmente en el Distrito Federal, dice Mariaurora. En una carta abierta difundida hoy, Jorge y Daniel precisan que decidieron casarse por que son dos personas que se aman y han decidido pasar juntos el resto de sus vidas, pese a que, al negarles ese derecho, el estado de Nuevo León los discrimina. “El Código Civil nos impide casarnos porque somos dos hombres, a pesar de amarnos, de los años juntos y del deseo por permanecer así hasta que la muerte nos separe. Esto es discriminación por preferencias sexuales. En contraste, la Constitución federal y los tratados internacionales en derechos humanos que México ha suscrito nos protegen”, señalan. En el mismo texto, hacen un llamado a las bancadas de todos los partidos del Congreso local a discutir la reforma al Código Civil para aceptar los matrimonios entre homosexuales y aprobarla para permitir los casamientos igualitarios en la entidad. La directora de GESS destaca que desde el 1 de octubre se instaló, en el exterior del Congreso local, un plantón permanente encabezado por el activista gay Mario Rodríguez Platas, quien impulsa la misma discusión de la iniciativa de ley para los matrimonios entre homosexuales. “Esta es una acción paralela, por lo que hacemos un trabajo en dos frentes: por un lado Mario en el plantón exige al Congreso que discuta el tema y, por otro, nosotros usamos las leyes, apoyados en el primero constitucional, contra la discriminación; les estamos pidiendo a los jueces que nos amparen, que nos den la razón, porque la tenemos”, sostiene.