TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- En cumplimiento de un recurso de amparo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a un juzgado de distrito un reporte de presuntas irregularidades financieras detectadas en la gestión del exgobernador Juan Sabines Guerrero, las cuales suman unos 40 mil millones de pesos. Así lo denunció hoy el abogado Horacio Culebro Borrayas, quien en rueda de prensa detalló que la ASF turnó al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal un dictamen preliminar de las supuestas irregularidades. El también exdiputado local dijo que con esos elementos de prueba el juzgado realizará una audiencia constitucional el jueves 28, para luego determinar la procedencia o no de la consignación penal a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Sabines y al menos un centenar de sus excolaboradores. Culebro Borrayas aseguró que el reporte de la ASF se adjunta en el amparo 930/2013, donde existe un tomo de unas 500 fojas más 12 anexos. "El último anexo es el informe justificado que rindió la Auditoría Superior de la Federación en 800 hojas, en el cual se hace el estudio pormenorizado de todo lo que estuvo mal en Chiapas, de todos los faltantes, de las obras inconclusas, de las obras que no se realizaron pero se pagaron todas", acusó. También aclaró que el reporte de la ASF “es una muestra, dicen ellos, yo hablo de un 15 o 20% de los recursos mandados a Chiapas por la Federación, a través de diferentes fondos, que incluyeron educación, salud, infraestructura de caminos y carreteras”. Ello demuestra, consideró Culebro Borrayas, “que hay cerca de 40 mil millones de pesos de los cuales se defraudó al estado". En infraestructuras de las comunicaciones, detalló, destacan más de 13 mil millones de pesos aplicados a obras no realizadas pero que sí fueron pagadas. Otro tanto ocurrió en el ramo de seguridad pública, sostuvo Horacio Culebro, donde no se sustentan 272 millones por adquisición de armas, uniformes y dispositivos policíacos, entre otras anomalías. Asimismo, abundó el abogado penalista, en el sector salud se aplicaron 14 mil millones “en medicamentos adquiridos con precios alterados”.