MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cada vez que hay una denuncia pública de corrupción, abuso de autoridad o tráfico de influencias, la respuesta inmediata de las autoridades responsables de investigarlas y eventualmente castigarlas es colocar la carga de la prueba en las víctimas, lo cual se traduce de entrada en una carta de inmunidad para los delincuentes, ya que los declarantes normalmente carecen de pruebas con valor jurídico y/o corren riesgos de sufrir represalias (que pueden ir desde destituciones, persecuciones y atentados hasta su muerte política). Esto es precisamente lo que sucede con las denuncias difundidas por el diario Reforma en su edición del pasado jueves, en relación con las extorsiones que sufren algunos alcaldes por parte de algunos dipu­tados que aprovechan su poder en la definición del presupuesto de egresos federal para obtener beneficios personales. Anualmente los medios de comunicación dan cuenta de las gestiones y cabildeos de gobernadores y alcaldes ante los diputados para obtener más recursos y así concretar sus promesas de campaña o atender necesidades apremiantes de sus comunidades. Reforma entrevistó a dirigentes de las asociaciones de alcaldes, a presidentes municipales en funciones, exalcaldes y hasta a algunos legisladores que confirmaron que muchos diputados aprovechan su posición para lucrar. Las tres vías que utilizan, de acuerdo con la publicación, son apoyar a los funcionarios a cambio de que incluyan obras para sus distritos o en beneficio personal; asignar las obras o servicios a determinados contratistas; y, los más descarados, solicitar una comisión de 10% de las partidas. El mismo día de la publicación de la información, los coordinadores del PAN y PRI en el Senado y el presidente de la Comisión de Régimen Jurídico y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados solicitaron presentar denuncias acompañadas de pruebas... Fragmento del análisis que se publica en la edición 1933 de la revista Proceso, actualmente en circulación.