Empantanado, el proyecto de Instituto Nacional Electoral

Aun cuando los presidentes del PRI, PAN y PRD firmaron el Pacto por México, sus legisladores no se ponen de acuerdo en torno al compromiso 90, relativo a la creación del Instituto Nacional Electoral. Las bancadas de los tres partidos se muestran dubitativas sobre todo en la forma en que funcionaría el nuevo ente; tampoco saben qué va a pasar con los institutos electorales estatales, controlados en su mayoría por los gobernadores. El del Estado de México, Eruviel Ávila, ya se adelantó al asegurar que los consejeros de esa entidad no se moverán antes de abril de 2014.

 

 

Ante la oposición de los gobernadores, encabezados por el mexiquense Eruviel Ávila, las resistencias en el PRI, las diferencias en el PRD y la fractura interna del PAN, la propuesta de crear un Instituto Nacional Electoral (INE) que concentre todas las funciones de organización y preparación de las contiendas estatales, municipales y federales naufraga en las negociaciones de última hora en el Senado; todo hace prever que se buscará una “opción mixta”.

Por ahora, aseguran los legisladores cercanos a la negociación, no hay consenso para desaparecer los 32 institutos estatales electorales; de hacerlo, el Ejecutivo tendría que erogar más de 20 mil millones de pesos, suma muy superior al supuesto “ahorro” que implicaría la concentración en una sola autoridad nacional.

La propuesta de creación del INE fue el compromiso número 90, firmado por los dirigentes de los partidos políticos y el gobierno federal en el Pacto por México. Además, de la creación de este organismo, los firmantes se comprometieron a una reforma electoral que disminuya el monto de los topes de campaña, sancione el rebase de esos gastos e incluya la creación de nuevos mecanismos de participación y consulta ciudadanas.

Sin embargo, desde el inicio de las negociaciones en el Senado, la mayoría de los legisladores del PRD y del PAN –contrarios a la línea de su dirigente nacional, Gustavo Madero– consideraron inviable la creación del INE y afirmaron que se trataba de una imposición del Pacto por México.

En el foro organizado el 20 de junio último, los tres participantes de la mesa que analizaron la propuesta de crear el INE –el magistrado electoral Flavio Galván y los especialistas Jorge Alcocer y Javier Aparicio– expresaron su oposición y argumentaron que se trataba de un modelo “centralista”, “aberrante”; en síntesis, una “mala idea”.

“La realidad fáctica no se puede cambiar con un decreto”, sentenció Galván, quien calificó de “centralista” la propuesta de unificar todos los organismos electorales. Afirmó que los problemas que se presentan en el sistema son de falta de desempeño técnico e independencia de los consejeros electorales locales, así como el gasto excesivo en las campañas.

Aparicio, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró como una “mala idea” la creación del INE porque “estamos queriendo transformar el sistema electoral para darles un pequeño pellizco a los gobernadores”.

Afirmó que si se quiere controlar “a los gobernadores abusivos”, el problema no es la desaparición de los institutos estatales, sino la cooptación de los congresos locales por parte de los mandatarios. “Esto es lo primero que nos debería preocupar”, sentenció Aparicio.

En esa misma ronda de análisis, Alcocer recordó que desde la discusión de la reforma electoral de 2007-2008 se analizó la creación de un solo organismo federal “y se llegó a la conclusión de que no era conveniente crear un Instituto Nacional de Elecciones”.

El senador Alejandro Encinas, del PRD –impulsor de un modelo intermedio que mantenga a los institutos estatales y le dote de mayores funciones al IFE, que se transformaría en INE–, subrayó que el problema principal es la corrupción, no las leyes.

“En lo personal –dijo en el mismo foro del 20 de junio–, creo que el problema es mucho más perverso y mucho más complejo porque el fenómeno de control o pérdida de autonomía de los órganos electorales y también de los órganos federales, no compete estrictamente a los gobernadores, en gran medida también es responsabilidad de los partidos políticos porque la cuota, la proporcionalidad en la asignación, van distorsionando el objetivo que dio su origen.”

El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, también admitió la posibilidad de crear un modelo intermedio. El martes 12 señaló que se analiza la posibilidad de que el INE asuma funciones de organización electoral, capacitación, fiscalización y redistritación; en ese esquema, los institutos locales se convertirían en una especie de juntas locales ejecutivas.

Con respecto al PRI, cuyos legisladores aún no externan su posición,  dejó correr la negociación del INE, elemento central para dictaminar y aprobar la semana entrante la reforma política-electoral en el Senado, condición puesta por el PAN para pasar a la discusión y el dictamen de la reforma energética.
El coordinador de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa, afirmó que “lo del INE se está discutiendo”.

“Ayer –dijo en rueda de prensa el martes 12 por la mañana– trabajamos en el grupo de mi partido, el Revolucionario Institucional. (Mis compañeros) se llevaron ya una idea; no puedo adelantar lo que están discutiendo.”

 

Eruviel y la revuelta

de los gobernadores

 

El más explícito en su oposición a la desaparición de los institutos estatales electorales ha sido el mandatario mexiquense Eruviel Ávila, quien incluso envió una iniciativa de reforma al Congreso local para que se mantenga en su cargo a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) señalados por la oposición y por especialistas como afines a él.

La  creación del INE sería una “regresión democrática” porque, además de atentar contra la soberanía de los estados, implicaría una oleada de decisiones centralistas y violaría lo estipulado en el artículo 40 constitucional, comentó Ávila el 30 de octubre pasado.

“Los estados ya tenemos mayoría de edad; capacidad para resolver cualquier circunstancia político-electoral. Yo soy de la idea de que quienes estén a favor o en contra lo expresen, porque sería una regresión al pacto federal que no merece México”, expuso el sucesor de Enrique Peña Nieto al frente del gobierno mexiquense.

Ávila fue más allá: “¿Qué viene? ¿Desaparecer los tribunales superiores de Justicia? ¿Desaparecer los congresos locales, tal vez hasta los ejecutivos locales? No lo podemos permitir. Debemos cerrar filas los que integramos el pacto federal; es decir, quienes integramos las entidades federativas y los estados”.

El desplante de Ávila provocó especulaciones al interior de la clase política mexiquense. Hizo su crítica al INE en medio de insistentes versiones de que presuntamente solicitará licencia para separarse del cargo a causa de las presiones y diferencias con la administración de Peña Nieto.

Otros políticos mexiquenses consideraron que se trata de un “pleito arreglado” con el gobierno federal para abortar la propuesta de creación del INE.

Luego vinieron las expresiones del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera; y de los mandatarios de Jalisco, Aristóteles Sandoval; Hidalgo, Francisco Olvera, y de Quintana Roo, Roberto Borge, contra el INE.

Incluso se creó una “asociación” de consejeros electorales locales para defenderse de un eventual desmantelamiento de órganos estatales. El 29 de octubre pasado, presidentes de 14 institutos electorales se reunieron con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y negaron que fueran “controlados” por los gobernadores.

Un estudio elaborado por Enfoque, el suplemento dominical del periódico Reforma, revela que de los 32 institutos electorales estatales sólo dos no son afines al gobernador: el de Baja California, controlado por el PRI,  y el de Tabasco, dominado por el PAN.

En la mayoría de los casos, los gobernadores y sus partidos mantienen una mayoría cómoda en los Congresos estatales, como en el Estado de México, donde Ávila y el PRI tienen el control de 39 de los 75 diputados locales; el Distrito Federal, donde el PRD tiene 34 de los 66 escaños de la Asamblea Legislativa; e Hidalgo, donde Olvera y el PRI controlan 20 de los 30 escaños del Congreso.

 

El caso del IEEM

 

Después del IFE, el instituto estatal electoral más poderoso y con más recursos, el más señalado por su falta de imparcialidad es el Instituto Electoral del Estado de México, la entidad más poblada del país.

Desde las elecciones a gobernador de 2011, se elaboró el Dictamen ciudadano de vigilancia electoral del Estado de México, impulsado por el exconsejero estatal Bernardo Barranco. Según el documento, uno de los principales problemas fue la falta de “confianza”, de “diálogo y negociación” en el seno del IEEM.

En el apartado sobre “La actuación del árbitro electoral”, el dictamen ciudadano, cuya copia tiene Proceso, incluye el siguiente diagnóstico:

“Desde el arranque mismo del proceso electoral, el 2 de enero, el PAN, el PRD y el PT denunciaron la parcialidad de los consejeros. Particularmente cuestionaron el desempeño de Juan Carlos Villarreal Martínez, Policarpo Montes de Oca, Jesús Jardón Nava y José Martínez Vilchis, todos propuestos por el PRI o sus aliados.

“A todos, pero sobre todo al primero, se les acusó de trabajar abiertamente a favor del gobierno del estado. Todos eran hombres muy cercanos al poder: el último empleo de Villarreal había sido asesor de Luis Enrique Miranda Nava, secretario general de gobierno de Peña; Montes de Oca fue vocal de organización de la junta local del IFE en el estado, pero venía de la época de Chuayffet; Jardón había sido secretario general de la Comisión Electoral del Estado de México (1993-1994) cuando la instancia electoral era manejada por el gobierno; y Martínez Vilchis había sido rector de la universidad local.

“El cuadro lo completan dos consejeros propuestos por el PAN: Abel Aguilar, exsecretario de estudio y cuenta del ministro Mariano Azuela Güitrón, y Arturo Bolio Cerdán, exmagistrado electoral local, vinculado estrechamente con el gobierno del estado.

“Por último, el consejero presidente fue propuesto por el PRD, Jesús Castillo Sandoval, un hombre que antes de llegar al IEEM fue magistrado electoral a propuesta del PAN. A pesar del cargo, en el proceso no fue un factor decisivo”, sintetiza el reporte.

En el caso del IEEM, advierte el diagnóstico ciudadano, la supuesta pluralidad se convierte también en unanimidad a favor de la línea gubernamental. Esta tendencia se acentuó en las elecciones federales de 2012.

Otro análisis sobre la designación de los consejeros electorales distritales IEEM-IFE, elaborado por Bernardo Barranco, advierte que en el Estado de México se ha construido en los últimos 15 años “un peculiar ‘mercado’ de personas que se postulan indistintamente para participar como consejeros, vocales, servidores y funcionarios electorales de apoyo”, tanto en el instituto estatal como en el IFE.

“En cada proceso, local y federal, muchos de los aspirantes son los mismos. En uno actúan como consejeros ciudadanos; en otros como vocales; también lo hacen como monitoristas, auxiliares o personal administrativo de apoyo. Pueden participar en el IFE en un proceso y en otro en el IEEM o, como ha ocurrido, en los dos institutos al mismo tiempo.

“No todos, pero gran parte de estos funcionarios arrastran vicios, prácticas, actitudes e inclinaciones políticas que pueden poner en riesgo los principios y metas del instituto”, sostiene Barranco en su diagnóstico.

Ese “mercado” de personas conforma una red de nepotismo, compadrazgos, relaciones filiales y de todo tipo que han convertido el IEEM en una poderosa e inamovible institución a favor del poder gubernamental.

Una investigación elaborada por  María Teresa Montaño, copia de la cual tiene Proceso, describe la red de primos, esposos, hermanos, suegras, nueras, novios, sobrinos, tíos y compadres de los consejeros que trabajan en el IEEM.

El presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, por ejemplo, tiene como secretaria particular a Michelle Saavedra Melo, novia de su hijo Iván. Ella es prima de Alejandro Saavedra Mondragón, quien funge como subdirector adscrito a la presidencia del instituto. Y Claudia Jiménez Sandoval, del área de educación cívica de capacitación, es sobrina de Castillo Sandoval.

Osvaldo Gómez Guerrero, coordinador de administración y finanzas de la secretaría ejecutiva del IEEM, logró que su hermano Francisco sea el representante del PRI ante el instituto. Con Osvaldo trabajan de asesores Alma Patricia Bernal Oceguera y su esposo, Mario Carlos Cantú Esparza.

Por lo pronto, el Congreso mexiquense ya definió que la permanencia “temporal” de los consejeros del IEEM terminará el 30 de abril de 2014, hasta que se conozcan los términos de la reforma política nacional y la eventual creación del INE.

Si el instituto no se crea, varios de los consejeros mexiquenses ya tienen asegurado un trabajo en este “mercado” de plazas en el Estado de México.

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