MANAGUA (apro).- Cincuenta y cinco mexicanos se encuentran en prisiones de Nicaragua. A una parte de ellos la opinión pública nicaragüense los conoce por sus apodos, tal es el caso de Los Charros y Los Televisa. Éstos últimos —18 mexicanos detenidos el 24 de agosto de 2012 cuando transportaban 9.2 millones de dólares en camionetas con los logotipos de Televisa y que fueron sentenciados a entre 17 y 18 años de prisión— se encontraban el viernes 22 en vías de ser extraditados a México. De hecho, las autoridades nicaragüenses tienen previsto que todos los prisioneros que cuentan con sentencia firme regresen a su país antes de que finalice el año, pues el gobierno repatriará a 350 extranjeros que cumplen sus condenas en las cárceles de este país centroamericano. El embajador de México en Managua, Juan Rodrigo Labardini, aseguró a Apro que la mayoría de los 55 mexicanos están en prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. “Algunos han señalado su voluntad (de regresar a México para cumplir su condena), pero de acuerdo con el Tratado (bilateral de Ejecución de Sentencias Penales) se requieren varios requisitos: que haya una sentencia definitiva;  si no, no puede proceder nada; así como una triple voluntad: la del reo, del Estado trasladante y del Estado receptor. Hace un año y medio hubo un traslado”, precisó el diplomático. Los casos de mexicanos involucrados en actividades ilícitas en Nicaragua llegaron a las páginas principales de los diarios en abril de 2007. Según la versión oficial, la mañana del 13 de abril de 2007 fueron detenidos en un retén policial cuatro mexicanos que viajaban en una Mitsubishi Montero color verde que circulaba sobre una carretera al norte de Managua. Después de que los agentes los sometieron a una inspección, los mexicanos ofrecieron un soborno de 20 mil córdobas (unos 800 dólares) y luego trataron de huir, pero un policía disparó a las llantas del vehículo. Fueron retenidos pese a que no se encontró droga en el auto. Un día después fueron presentados en conferencia de prensa por la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, como miembros del poderoso Cártel de Sinaloa y como autores de amenazas de muerte que la propia Granera  habría sufrido en 2007. Mientras las autoridades presentaban a Jesús Javier Flores Vega, a Arturo Ramón Gaspar Rubio, a Juan Rosales Castañeda y a José Juvenal Mendoza González, este último circulado por la Interpol e identificado como cabecilla del grupo, la policía realizaba al menos seis operativos más, en los que detuvo a otras 17 personas, todas ligadas a una base de apoyo logístico del Cártel de Sinaloa. Según la acusación de la Fiscalía, este grupo construyó una pista de aterrizaje clandestina en la comunidad San Agustín, en Ciudad Darío, al norte de Managua, cuya extensión era de mil 500 metros de largo por 200 metros de ancho. En los allanamientos la Policía ocupó un camión cisterna lleno de combustible, una camioneta tipo ambulancia con compartimentos ocultos para transportar droga, fusiles de guerra, granadas, escopetas calibre 22 y licencias de conducir falsas. Los 21 detenidos, incluidos los cinco mexicanos, fueron acusados y enjuiciados en mayo de ese mismo año por financiamiento del narcotráfico internacional y asociación para delinquir, y condenados a entre 14 y 22 años de prisión. En julio de ese año, dos meses después de haber sido condenados, la Policía encontró en Tipitapa, municipio de Managua, donde se encuentra el Sistema Penitenciario en el que están recluidos, un buzón de armas compuesto por 12 fusiles AK-47, dos fusiles M-16, 14 cargadores para AK-47, dos cargadores para los fusiles M-16, 30 cajas de tiros con 700 tiros cada una y dos bombas de combustible para avión. Según las autoridades, se preparaba un rescate “espectacular” para sacar a los miembros del Cártel de Sinaloa. José Juvenal Mendoza es el único mexicano que ha sido repatriado. En febrero de 2010 fue conducido bajo un fuerte dispositivo policial hacia el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y entregado a los representantes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de México. El 16 de febrero de ese año, pocos días antes de la repatriación de Mendoza, el presidente Daniel Ortega dijo en un acto público que debían “enviarse a los narcos extranjeros a sus países de origen”. Sin embargo, es hasta 2013 que esa disposición ejecutiva se está cumpliendo. “Estamos revisando en términos generales quiénes son, en qué estado están sus procesos, porque la política nuestra es evitar que se queden aquí. Una vez que se procesan (hay que) tratar de que se cumplan con los convenios establecidos y de enviarlos a sus países. Es una forma de evitar la contaminación. Además, nuestro sistema penitenciario no está abundando de espacio”, dice a Apro la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. Según Ramos, “hay 350 reos que están en esas condiciones”, entre colombianos, mexicanos y de otras nacionalidades. “Ya enviamos treinta y de aquí a diciembre esperamos enviar los 350, dentro de estos están los Televisa y otros”, agregó.   “Los Charros” “Los Charros” jamás cantaron. Tampoco vistieron con los trajes típicos de estos cantantes mexicanos. La banda de narcotraficantes fue detenida en 2011 en Nicaragua, acusada de transportar droga desde Costa Rica hasta Guatemala, pasando por Nicaragua y Honduras. Sus líderes eran un expolicía federal de nombre Gabriel Maldonado Soler y el también mexicano David Patrón Arce. Luego de un maratónico juicio que contó con 40 testigos y duró 10 sesiones de entre seis y ocho horas cada una, los mexicanos y un salvadoreño fueron condenados a 30 años de prisión por transporte internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado. Entre los bienes que les decomisaron a los 13 “charros” enjuiciados, están cuatro ferreterías, 12 casas, 24 vehículos y varias armas de fuego. De acuerdo con las autoridades, esta agrupación le prestaba servicios de transporte de drogas a la estructura de Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, acusado de ser el autor intelectual del atentado contra Henry Fariñas, con quien viajaba el cantautor argentino Facundo Cabral al momento de su muerte, el 9 de julio de 2011. La semana pasada la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua confirmó la sentencia emitida por el juez, de manera que “Los Charros” no recibieron ningún beneficio en esa segunda instancia. México y Nicaragua firmaron un Tratado Bilateral de Ejecución de Sentencias Penales, que establece en su artículo dos que “las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de Nicaragua, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de este país o bajo la vigilancia de sus autoridades”, y viceversa. “Para asegurar el debido cumplimiento de la ejecución de las sentencias penales entre las partes, los Estados Unidos Mexicanos designan como autoridad coordinadora a la Procuraduría General de la República y la República de Nicaragua designa como autoridad coordinadora al Ministerio de Gobernación, las cuales se encargarán de ejercer todas y cada una de las funciones previstas en el presente Tratado”, indica el acuerdo.