Sierra Gorda: las mineras van ganando la partida

Convertido en reserva de la biosfera por decreto presidencial en febrero de 2007, el corazón de la Sierra Gorda de Guanajuato, rica en vida vegetal y animal única en el mundo, tiene una maldición: está llena de minerales susceptibles de explotación. Ahora hay rastros –tóxicos casi todos ellos– de actividad extractiva anterior. Los grandes consorcios de la minería no quieren soltar la presa y cabildean para echar abajo las medidas de protección de la biodiversidad.

XICHÚ, GTO. (Proceso).- El camino de terracería que sale de la cabecera de este municipio y se adentra en la Sierra Gorda está bordeado por montones de desechos tóxicos, pilas de residuos y jales mineros abandonados por las empresas que explotaron los yacimientos de la región hace décadas.

A lo largo del recorrido hasta los ejidos del Toro, Buenavista y la comunidad de Majadas, en los límites de los municipios de Xichú y Atarjea, se perciben los olores de óxidos y arsénico que desprenden esos cerros de desperdicios minerales.

Esto ocurre en el corazón de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Guanajuato (RBSGG), creada por decreto de Felipe Calderón publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007.

Pero la voracidad de las compañías mineras –sobre todo las canadienses– no ha desaparecido, se ha avivado y presiona a las autoridades municipales, a legisladores y comuneros, en un intento de modificar el decreto presidencial y que se reabran varias minas.

La reserva abarca 236 mil 882 hectáreas en cinco municipios del noreste de Guanajuato: San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria, Xichú y Atarjea. Las zonas núcleo abarcan 78 mil 304 hectáreas.

En el decreto de creación de la RBSGG se estipula:

“Que la Sierra Gorda de Guanajuato es una zona en México que aún conserva importantes mecanismos ecológicos en cuanto a regulación climática e hidrológica, alta biodiversidad de especies y recursos biológicos; alberga, en su parte alta, zonas compactas y en buen estado de conservación de bosques templados y tropicales, así como de diversos tipos de matorral resguardados por lo abrupto del macizo montañoso y la falta de vías de comunicación adecuadas, constituyendo una importante zona de recarga de los mantos acuíferos, las cuales alimentan las principales corrientes de agua de importancia en la región, de las que dependen varias poblaciones, así como sus actividades productivas.

“Que en la región de la Sierra Gorda de Guanajuato existe una diversidad biológica notable por la variedad de su orografía, que permite el desarrollo de una gran diversidad de especies de flora y fauna, en las que se comprenden 31 familias, 56 géneros y 84 especies de las cuales, 39 son de la forma arbórea, 18 arbustivas, 27 herbáceas y una epífita; que posee una riqueza de especies en riesgo incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001”, así como 182 especies de aves y 42 de mamíferos.

Para elaborar el decreto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno de Guanajuato y los de los cinco municipios mencionados realizaron los estudios técnicos de los cuales se desprendió que la zona “posee una extraordinaria riqueza a nivel mundial” y constituye una región de alta fragilidad, con muestras representativas de ecosistemas originales.

El decreto limita la exploración y explotación minera en las denominadas zonas de amortiguamiento de la reserva y prohíbe terminantemente dichas actividades en las “zonas núcleo”, clasificadas así por la riqueza natural que presentan.

No obstante los empresarios mineros se afanan en echar abajo esta prohibición mediante la modificación del decreto presidencial.

Un mapa oficial da cuenta de 39 minas de plata, cobre, plomo, zinc, mercurio, fluorita y barita en la RBSGG, de las cuales se identifican al menos 13 vetas. Otro mapa, en poder del director de la reserva, le pone nombre a la propiedad de las minas ubicadas en parte de la zona núcleo y de amortiguamiento entre Xichú y Atarjea: es la canadiense Goldcorp.

La reactivación de la explotación minera daría empleos, tan escasos en la región (una de las de más alta marginación en Guanajuato), argumentan los empresarios, unidos a algunas autoridades municipales, legisladores locales y federales.

Y el propio director de la reserva, Víctor Manuel Ildefonso Apolinar, justifica, defiende y promueve la apertura a la minería, en medio de las señales confusas que dan el gobierno federal y las autoridades estatales sobre el tema.

Aunque el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez ha expresado un rotundo no a la explotación minera en la zona, el director de la reserva asegura que tiene la instrucción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la aprobación de todas las instancias implicadas para tramitar la modificación del decreto.

“Cuando se da el decreto prácticamente no se estaban trabajando las minas, pero varios denuncios están activos… el mapa que tenemos actualmente de la zonificación tiene apartadas varias superficies que son denuncios, ya desde ese momento no está prohibida la minería, alguien la consideró una posibilidad, aún con la zona núcleo como está ahorita”, dice el funcionario a Proceso.

Consultados por este semanario habitantes de la región y comisariados ejidales de Buenavista, El Toro, Río Abajo, manifiestan opiniones divididas: Ignacio González y Julio Vargas, de los dos primeros ejidos, esperan los empleos de la minería “porque trabajo no hay aquí”. Para Adán Velázquez, de Río Abajo, “sería destrozar los recursos naturales. ¿Fuentes de empleo? Sí, un tiempo. Los nietos ya no tendrán nada”.

“Un tajante no a la explotación minera en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda. No nos vamos a acabar lo único que tenemos protegido”, declaró el gobernador Márquez el viernes 8 al diario Correo.

 

Muchos intereses

 

Ildefonso ha cabildeado con alcaldes, legisladores e integrantes del consejo asesor de la reserva en favor de la reactivación minera. “Todo depende de un estudio técnico justificativo que elabora un especialista con las normas que envía la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, se justifica.

Asegura que fueron los presidentes municipales (del trienio anterior) quienes plantearon –mediante una carta a Calderón– que la zona núcleo les estorbaba para llevar a cabo algunas actividades. “Los presidentes municipales, la hoy diputada Petra Barrera, entregaron el escrito; se viene en cascada, llega a mí como encargado de la reserva y estamos tratando de proceder”.

Esta petición, aprobada en Querétaro en noviembre de 2011, no fue ratificada por los presidentes municipales actuales, quienes iniciaron el trienio en octubre de 2012. “Pero yo ya me he entrevistado con todos y están de acuerdo en las modificaciones”, insiste Ildefonso.

–¿Como director de la reserva usted considera que se justifica la modificación, principalmente para la minería? –se le pregunta.

–Las minas subterráneas prácticamente no tienen impactos al medio ambiente, menos ahora cuando se está pidiendo a los mineros que no hagan el beneficio in situ, con la idea de no dejar residuos peligrosos.

“También hablamos de limpieza de jales y terreros antiguos, que es parte de los trabajos que queremos hacer… no sólo trabajar en minas. Pero quienes las trabajan son los dueños de los denuncios, no nosotros. No me corresponde decir si apoyo la minería porque mi papel es imparcial. No estoy promoviendo ninguna minería.”

–¿Usted está formalizando la petición de los exalcaldes?

–Me ha tocado recibirla. Los que la formalizaron fueron los anteriores presidentes municipales. El procedimiento viene desde el secretario de Agricultura, el de Semarnat, el comisionado de áreas naturales protegidas (Luis Fueyo MacDonald) pero yo no participé en la formulación del documento.

Lo que sigue, explica, es la contratación de un técnico para elaborar una nueva cartografía con las modificaciones. Originalmente este cartógrafo sería contratado por la Semarnat o la Conanp, pero nadie previó recursos para ello en el presupuesto del presente año.

Ildefonso dice que hasta un donador puede pagar al cartógrafo. “Unos posibles donadores eran los mineros; otro, el diputado local Francisco Flores Solano (del PAN) y una más la diputada Barrera, a quien ya le perdimos la pista, así que el próximo año se liberan recursos federales para contratar al cartógrafo”.

Esa cartografía se enviará a la coordinación regional, cuyo cuerpo técnico elaborará el programa de manejo y todo se entregará para pedirle al presidente Enrique Peña Nieto un nuevo decreto, posiblemente con la gestión de los diputados federales.

“Los trámites se pueden agilizar vía los políticos, con mucha más facilidad, que por el trámite propio de la Conanp o de la Semarnat. Sería relativamente sencillo, pienso, que el año próximo tengamos una zonificación nueva.”

–¿Le parece que la declaratoria de 2007 estuvo mal hecha?

–Creo que sí. Y lo dice toda la región. Era un problema social cuando yo llegué; había muchas trabas para los proyectos, como los de la Comisión Nacional Forestal. Las vías de comunicación no se han hecho porque están en la zona núcleo.

–El gobernador Márquez también ha dicho “rotundamente no” a la reactivación minera.

–No lo he leído.

–Algunos consejeros, especialmente investigadores universitarios, también están en contra de la modificación de la declaratoria.

–Todo mundo puede opinar, pero nosotros estamos buscando hacer esta nueva modificación con términos de referencia que dará la Semarnat, no el consejo asesor. Las universidades pueden desear una reserva hermética, ellos trabajan en la conservación a ultranza, pero la realidad es otra: los productores están buscando aprovechamientos de bosques y otros recursos. Los académicos estarán en desacuerdo, pero muchos no viven en la reserva, es una posición un tanto cómoda, cuando en la realidad hay para todos.

Aunque fue designado director de la reserva en agosto de 2011 –en relevo del primer director, Gabriel Vázquez, con quien hizo un enroque en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Querétaro– Ildefonso no convocó a la instalación del consejo asesor sino hasta marzo de 2012.

En su opinión los académicos e investigadores universitarios –como Gloria Magaña Cota, directora del Museo de Historia Natural Alfredo Dugés, de la Universidad de Guanajuato, quienes manifestaron su desaprobación a sus gestiones y a la modificación del decreto de la reserva en declaraciones al Correo– “están sobrerrepresentados” y su postura está “fuera de la realidad” porque no viven en la reserva y tienen una tendencia “a defender la conservación a ultranza”.

El director de la RBSGG dice que “quiere balancear” la representatividad dentro del consejo asesor, donde participan universitarios, alcaldes, organizaciones sociales y algunos productores, por lo que ya promueve la integración de representantes de otros sectores productivos… empezando por los mineros.

En una segunda convocatoria al consejo a principios de septiembre pasado, el director de la reserva llevó como invitado al empresario minero Gerardo Favila Flores, quien en un punto de la reunión pidió la palabra pese a carecer de ese derecho por no ser integrante del consejo ni estar en calidad de invitado especial del mismo.

El empresario, confirmaron Correo y a este semanario el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) José Isaac González Calderón, enfrenta actualmente un procedimiento ante esta instancia por la explotación ilegal de una mina de barita en el ejido El Charco, Atarjea, la cual fue clausurada el pasado 19 de julio pues carece de permiso y está en una zona prohibida.

El procedimiento sigue abierto, en etapa de presentación de alegatos por parte del empresario; no obstante el delegado de la Profepa dejó en claro que aunque se levantó una suspensión provisional, “si está en la zona núcleo no podrá operar nunca”.

Pero ya hay al menos dos empresas trabajando en la zona. Una es Mexichem, interesada en la fluorita. “El principal yacimiento de fluorita del mundo está en los límites entre Guanajuato y San Luis Potosí, por El Realito. A ellos les está pidiendo Semarnat que formalicen sus procesos y presenten su manifiesto de impacto ambiental, para que se defina si los dejarán trabajar o no”, señala el director de la RBSGG.

La otra es Autlán. Proceso constató que empleados de la empresa y habitantes del ejido del Toro –quienes reciben una paga de 150 pesos diarios– hacen trabajos de muestreo y exploración para la posible explotación en una mina a cielo abierto… con autorización de la Semarnat.

“Los mineros están en su derecho de presentar sus manifiestos de impacto ambiental y sus medidas de compensación y mitigación del impacto, y pueden pasar. No están prohibidos”, es la defensa de Ildefonso.

Reportaje publicado en la edición 1933 de la revista Proceso.

Load More