MÉXICO, DF, (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 58/2013 a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por presunto “uso excesivo de la fuerza” de una uniformada --adscrita al Servicio de Protección Federal (SPF), en Celaya, Guanajuato-- contra una mujer y sus dos hijos en una acción policiaca. A la joven madre de 17 años la hirió y a su hijo mayor, de tres años, lo mató justo hace un año, al mediodía, cuando la mujer caminaba con sus pequeños –el mayor de tres y la otra de uno— por la colonia Santa Teresita, en Celaya, y se percató que sobre las vías había un tren detenido y varias personas que sustraían mercancías. De repente escuchó disparos y observó que, a unos seis o siete metros, un elemento femenino del SPF, perteneciente a la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), empuñaba una pistola en su mano derecha. Tras las detonaciones, la mujer notó que su pierna derecha sangraba y que una bala se había alojado en la cabeza de su hijo mayor. Ambos fueron trasladados con vida a un hospital, donde el pequeño falleció, y ella fue dada de alta luego de que la atendieran del impacto en el muslo derecho. La agente del SPF se retiró del lugar después de herir a la mujer y uno de sus hijos a bordo de un vehículo particular, para luego trasladarse a las instalaciones de la SSP en Celaya, donde dos horas después fue detenida por elementos de la Policía Ministerial de la entidad, quienes la pusieron a disposición de la autoridad correspondiente. En tanto, la madre y su esposo interpusieron una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, pero por razón de competencia la turnó a la CNDH que, luego de agotar las investigaciones, encontró elementos que evidenciaron transgresiones a los derechos de las víctimas: a la integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, así como el interés superior del niño y de la niña, y la vulneración al derecho a la vida del infante fallecido. Por ello, la CNDH pidió a la SPF su colaboración en el trámite de la queja y denuncia de hechos ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Policía Federal (PF) y Procuraduría General de la República (PGR), en contra de los servidores públicos involucrados en el caso. El ombudsman también pidió a la Comisión Nacional de Seguridad reparar el daño causado a los familiares del menor que falleció, y los cometidos a las otras dos víctimas. Para estos últimos solicitó se les proporcione la atención médica y psicológica necesaria que permita restablecer su salud física y emocional. Además, solicitó a la CNS diseñar e impartir a todos los servidores públicos a su cargo un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, así como proporcionar a sus elementos equipos de videograbación y audio para acreditar que las acciones realizadas durante los operativos se apegan a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías fundamentales.