MÉXICO, D.F. (apro).- Ahora fue el Consejo Universitario de la UNAM –la máxima autoridad de la institución– el que se manifestó contra la recomendación que le formuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a esa casa de estudios. En abril pasado, un profesor acosó y maltrató a una alumna. La UNAM despidió al profesor y acompañó a la estudiante a hacer una denuncia, pese a lo cual la CNDH emitió la recomendación, que ha sido criticada por el rector José Narro y el exombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza. Hoy, mediante un comunicado, el Consejo Universitario asentó: “Así se actuó y así se debe seguir actuando frente a conductas semejantes”. Tras repudiarlos, indicó que esos acontecimientos “han lastimado la dignidad de nuestra estudiante y también a la Universidad de México”. El Consejo reprobó la actitud asumida por la CNDH, pues de esa forma “se dañó innecesariamente a esta casa de estudios, además de que fue omisa al no dar cuenta de las acciones realizadas por la UNAM, de las que tuvo conocimiento mediante el informe remitido a la Comisión en junio pasado; faltó a la verdad porque la Universidad no dejó los hechos en la impunidad ni desatendió a la alumna”. La CNDH “actuó dolosamente, como lo prueba el contenido de su comunicado de prensa del 6 de mayo, en el que se acusó indebidamente a esta casa de estudios de renuencia a intervenir, cuando se actuó desde el momento en que se conocieron los hechos y los familiares de la alumna presentaron la denuncia en la CNDH, el 7 de mayo. “Pretendió ignorar la normatividad de la UNAM aplicable en este tipo de casos, al indicar que se debió haber inhabilitado al infractor, condición no prevista en la legislación universitaria, refirieron los consejeros”. Los consejeros refrendaron que en la Universidad Nacional se procedió con estricto apego a su marco jurídico, con la oportunidad que se requería y con el respeto a los derechos humanos de la alumna, como lo demuestra el hecho de que de inmediato se le apoyó con asistencia médica y académica, asesoría jurídica y acompañamiento para la presentación de la denuncia penal. “Se rescindió al infractor 11 días hábiles después de incidente y se han atendido los requerimientos formulados por las instancias ministeriales, con lo que se ha contribuido al desarrollo de la averiguación previa, que sigue su curso”.