MÉXICO, D.F. (apro).- La legalización de la producción y distribución de mariguana en Uruguay debe resolver aún vaguedades que definirán el éxito del proyecto, en el más ambicioso intento por buscar alternativas políticas a las drogas. Uno de esos factores será el precio de la cannabis, vislumbrado por las autoridades charrúas a un dólar por gramo, que podría convertirse en un incentivo para que esa nación sudamericana termine de abastecedor de sus vecinos Paraguay y Argentina, los mayores productores en el hemisferio sur. “Depende de la política de precios que se adopte. La producción legal es más barata que la ilegal. Puede ser que se abra un diferencial de precio entre los países vecinos y que se genere un turismo de mariguana y contrabando a Argentina y Paraguay”, dice a Apro Alejandro Hope, director de Política de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Para el experto puede desatarse una competencia de precios hacia abajo, con lo cual “se va a abrir una brecha entre el mercado uruguayo y los precios de los vecinos”. El Senado uruguayo votó el martes 10 a favor de la legalización del cultivo y comercialización de la hierba, ratificando la decisión de la Cámara de Representantes de julio último. El marco legal, que cobraría vigencia en abril de 2014, estipula las modalidades de autocultivo, clubes de membresía y el suministro mediante farmacias licenciadas por el Estado. La ley permitirá a los mayores de 18 años la siembra doméstica de hasta seis plantas de mariguana, con un límite de producción anual de 480 gramos. Además, también podrán hacerlo las asociaciones con entre 15 y 45 socios, con un techo de 99 plantas. Finalmente, las boticas autorizadas podrán vender hasta 40 gramos al mes por cliente, quienes tendrán que registrarse ante el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCC), aunque sus datos permanecerán en la confidencialidad. Ese organismo público entregará las licencias de plantación de mariguana, controlará a los usuarios, definirá precios e impuestos y sancionará las violaciones a la ley. Adicionalmente, se avala la producción para propósitos de investigación científica y de uso medicinal y la cosecha de cáñamo para destino industrial. La regulación veta la publicidad del psicoactivo y su consumo en espacios públicos. El gobierno debe elaborar los reglamentos para que las medidas estén en funcionamiento, incluyendo los impuestos a cobrar y que financiarán el tratamiento de los adictos, campañas educativas y de prevención sobre el abuso del consumo de drogas e inversión en programas sociales. “El sistema es razonable. Me preocupa el asunto de los precios, porque pueden motivar exportaciones. Puede haber gente comprando mariguana en Montevideo y llevándola a Brasil. Eso se elimina con precios más altos”, alerta Mark Kleiman, profesor de política pública en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA por sus siglas en inglés). Exfuncionario del Departamento estadunidense de Justicia, Kleiman ha estudiado las políticas de drogas desde los años ochenta y ha sido un defensor de la legalización. En el estado de Washington, que en noviembre de 2012 votó en un referéndum a favor de la legalización de la droga al igual que el estado de Colorado, el académico asesoró al Comité de Control del Alcohol en el diseño del modelo a aplicar. Algunas ideas de Kleiman coinciden con la aproximación uruguaya al tema, como la cantidad límite de siembra anual.   Convivencia conflictiva La circulación de mariguana legal no desaparecerá inmediatamente el mercado ilícito, pues en el corto plazo la venta al menudeo coexistirá con los despachadores callejeros. En el largo plazo, ese estado de cosas se equilibrará y desaparecerá virtualmente la distribución irregular, pues ya no habrá incentivos económicos para esas transacciones. Para Hope, hay una cuestión fundamental: ¿quién se queda con el diferencial de precios entre el producto legal y el ilegal? “Si se lo quiere quedar el Estado, entonces genera un incentivo para que los productores vendan por debajo del agua o los comercializadores surtan al mercado negro. ¿Cómo controlar que el autoproductor no la venda debajo del agua a la farmacia, y ésta venda a precios más baratos?”, cuestiona el experto. El resultado puede ser, entonces, pasar de la prohibición a la sobrerregulación. Se refiere también al rol del IRCC. “¿Va a ser mayorista o regulador? Eso puede generar un conflicto de intereses. Hubiera sido mejor tener dos organismos separados”, plantea Hope. Quedan preguntas vitales como el tamaño real del mercado, el tráfico hacia sitios donde la hierba aún es ilegal, el posible aumento de consumidores y la persecución de vendedores ilícitos. La Junta Nacional de Drogas calcula que 20% de los uruguayos de entre 15 y los 65 años consumió marihuana alguna vez en su vida y más de 8% lo hizo en el último año. El gobierno de la nación sudamericana estima que la siembra de entre 10 y 20 hectáreas de cannabis en invernaderos alcanzaría para abastecer la demanda. Hope y Kleiman coinciden en que el proyecto charrúa ofrecerá valiosos aprendizajes para otros países latinoamericanos que quieren probar alternativas a la llamada “guerra contra las drogas” empujada por Estados Unidos. “Hay mucho que aprender sobre la experiencia de Uruguay. Otros países aprenderán algo de la decisión de legalizar la mariguana”, resalta Kleiman, quien prefería en Washington el servicio a domicilio en vez de expendios y tiendas estatales a privadas, pero esto último violaría la ley federal estadunidense. El académico estadunidense concentra sus pesquisas en la demanda cruzada de mariguana y alcohol, el efecto de impuestos sobre el psicotrópico y políticas de control de usuarios y las sanciones por violar la ley. En enero de 2014 arrancará el estatus legal del uso recreativo de la droga en Colorado y Washington. En el primer caso, funcionan más de 500 dispensarios de la hierba con fines médicos, de los cuales más de 130 han obtenido el permiso para la oferta recreativa de hasta 28 gramos a los mayores de 21 años. Mientras, otras 300 licencias están en proceso de autorización. En ese estado la llamada Enmienda 64 permite la siembra no comercial de hasta seis matas per cápita e impone un impuesto de 15% sobre la venta al por mayor y otro adicional de 10% sobre el precio al menudeo. En Washington se extenderán los primeros avales a mediados de 2014. La conocida como Iniciativa 502 crea un impuesto de 25% del productor al procesador, excepto si el primero efectúa también esa labor, otro 25% del procesador al vendedor y otro 35% cuando el consumidor adquiera la hierba en las tiendas. Esos ingresos se destinarán principalmente a programas de prevención y reducción del abuso de drogas, educativos y de salud e investigación universitaria sobre los efectos de la marihuana. En Estados Unidos otros 20 estados permiten el uso medicinal para enfermos terminales o con padecimientos crónicos.