Infierno en la Mixteca

Aunque hubo muchas advertencias, nadie prestó atención a las voces que alertaban sobre posibles brotes de violencia en la región mixteca de Oaxaca, específicamente en los límites entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, pueblos que desde hace más de 60 años se disputan unas tierras. El escándalo estalló el sábado 14 cuando 11 habitantes de la segunda comunidad fueron asesinados. Sin embargo, esa matanza no es la única en la zona. Varias más, así como asesinatos selectivos, han ocurrido ahí. Aparentemente las causas pueden ser otras, además del conflicto agrario.

OAXACA, Oax. (Proceso).- Ante la indiferencia de las autoridades, los habitantes de la Región Mixteca viven en el terror debido a la violencia desatada por el conflicto entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama: una disputa por mil 740 hectáreas que ha originado matanzas, desplazamientos forzados, quema de casas y cultivos… El escándalo estalló el sábado 14 de diciembre, cuando en una emboscada fueron brutalmente asesinados 11 indígenas.

Después de intercambiar acusaciones y tratar de deslindarse de la masacre, habitantes de los dos pueblos apuntan a la indolencia del gobierno. La tensión en la zona ya los había orillado a pedir ayuda: recurrieron a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, al Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático y a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos para alertar sobre la violencia en la Región Mixteca.

“Solicitamos (que) fije las medidas pertinentes así como (finque) responsabilidades civiles, administrativas e incluso (…) de tipo penal y las que llegaren a configurar(se) por el no actuar de nuestras autoridades estatales y federales”, exponían los habitantes de San Juan Mixtepec en una carta a los organismos mencionados.

Aunque el conflicto limítrofe entre Mixtepec y Yosoñama data de 1945 (cuando hubo dos muertos y dos desaparecidos), de 2010 a la fecha han ocurrido otros 25 asesinatos.

El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Gabriel Hernández, puntualizó que antes no se “llegaba a este grado de salvajismo, de barbarie y atrocidad”. Acribillar a la gente y prenderle fuego, dijo ante los medios, es de “terroristas y de narcos”.

“Antes de decir que la masacre es de carácter agrario”, consideró, “hay que presentar pruebas y esos elementos los tiene que dar la procuraduría, porque en el último operativo encontró muchos carros robados. Tienen todos los elementos y no creo que no sepan quién o quiénes son los asesinos”.

Tras aclarar que las víctimas no militaban en Antorcha Campesina dijo: “Ahí en la zona hay una situación muy oscura que nadie ha querido destapar”.

 

La emboscada

 

El sábado 14, varias descargas de fusiles frenaron a la camioneta en las que viajaban 11 mixtecos de Yosoñama. Luego de acribillarlos, los atacantes le prendieron fuego al vehículo. Sólo una víctima –Adán José Ventura, de 22 años– evitó que su cuerpo se redujera a cenizas: logró salir de la camioneta pero fue alcanzado y ejecutado con el tiro de gracia.

Dentro del vehículo quedaron calcinados Martha José González, de 29 años; Armando José Reyes, de cuatro; Carlos Manuel José, de siete; Pedro Morales José, de 40; Bartola Ventura Chávez, de 74; Rutila José Ventura, de 42; Bernabé García; Basílica Santiago Antonio, de 38; Sixto Santiago José, de 21, y Jazmín Santiago José, de seis, todos originarios de Yosoñama. La matanza ocurrió en el paraje Tres Cruces, en San Juan Ñumi, Juxtlahuaca, confirmó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Oaxaca.

Una vez confirmada la matanza de Tres Cruces, el gobernador Gabino Cué ordenó una investigación integral, imparcial y eficiente, y pidió al procurador estatal que de acreditarse la competencia federal, solicite la intervención de la Procuraduría General de la República.

A su vez el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santo Domingo Yosoñama, Dionisio Ventura González, culpa de la matanza al gobierno y advierte en conversación con este semanario que “con documentos o sin documentos tenemos que defender nuestra tierra a toda costa”.

Acusa a sus vecinos de Mixtepec de ser responsables de la masacre y agrega que en Yosoñama han tenido que “apaciguar la ira de la gente porque está muy molesta por estos crímenes”.

“Estamos esperando que el gobierno esclarezca el caso y se castigue a los asesinos porque nuestra gente está muy molesta; de lo contrario nos vamos a manifestar con plantones y marchas para que se nos tome en cuenta.

“Somos gente organizada, contamos con muchos municipios y si no nos escuchan, Antorcha Campesina se va a movilizar para presionar al gobierno”, advierte.

De 2010 a la fecha el problema agrario ha ahuyentado a casi 60% de los habitantes de la región mixteca, quienes han tenido que migrar a otras entidades o a Estados Unidos.

Aunque Ventura González reconoce que sus vecinos de Mixtepec tienen documentos que acreditan su propiedad sobre el terreno en disputa, apela al ideario zapatista: “Zapata dijo que la tierra es de quien la trabaja, la tierra es el derecho de los campesinos, así que nosotros, con documentos o sin documentos, tenemos que defender nuestra posesión a toda costa”.

Denuncia además que “el Tribunal Unitario Agrario 46 ejecutó la sentencia, entregó las mil 740 hectáreas a San Juan Mixtepec y condenó el derecho que tiene Yosoñama sobre las tierras. Lo que hizo fue echar a pelear a los pueblos y aquí está el resultado”.

Por su parte las autoridades de San Juan Mixtepec exigieron al gobierno federal el restablecimiento de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) como medida disuasiva.

Antes de entregar un escrito a los gobiernos federal y estatal, las autoridades de Mixtepec rechazaron públicamente cualquier responsabilidad en la matanza y acusaron a las instituciones que “nunca nos hicieron caso”.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Mixtepec, Paulino Hernández Paz, descartó que este hecho tenga relación con el conflicto agrario porque los hechos ocurrieron entre San Antonio Nduajico y Santo Domingo Yosoñama, pertenecientes a San Juan Ñumi, a ocho kilómetros de los límites con Mixtepec.

El encargado de la Presidencia Municipal de Mixtepec, Anderson Bautista López, lamenta los hechos y dice a este semanario: “Enviamos un documento al gobernador para que se investiguen las líneas que sean y se castigue a los responsable de los hechos, que no sucedieron en nuestros límites. Lamentamos los hechos, es triste lo que pasa en Yosoñama (pero) le recordamos al gobernador que en repetidas ocasiones se ha pedido la seguridad y (que) se instale la BOM”.

Al preguntársele qué hay detrás de la matanza, afirma: “Quienes deben responder son el Ejército y la policía estatal, pues durante sus recorridos por la zona de conflicto han encontrado yerbas, autos robados y otras cosas” que no han dado a conocer.

 

Conflicto antiguo

 

Apenas el pasado 16 de mayo, habitantes de Mixtepec denunciaron un ataque “con arma de fuego” de parte de habitantes de Yosoñama.

Según ellos, “murieron 14 campesinos, entre mujeres, niños y ancianos de los cuales hoy tenemos cuatro cuerpos en nuestras manos porque, como siempre, ese grupo armado se roba los cadáveres para quemarlos y destazarlos”.

No obstante en esa ocasión las autoridades sólo reportaron tres muertos, dos desaparecidos y cinco casas incendiadas.

Lo cuestionable, dijeron, es que cuando los policías están en la zona “sólo observan cómo se están robando los cuerpos de nuestros hermanos campesinos, cómo los matan y queman las casas, sin ellos hacer nada.

“Lejos de que la policía se presente, actúe y detenga a los responsables de tales actos delictivos, ellos mismos manifiestan que se retiran para resguardar su vida, pero lamentablemente para los asesinos es motivo suficiente para seguir atacando y matando gente en nuestro pueblo.”

En aquella ocasión los habitantes de Mixtepec pidieron una “tregua” a sus vecinos de Yosoñama para ponerle fin a la violencia que en los últimos años han padecido, y sobre todo que respeten sus tierras.

Ahora recuerdan que el 15 de mayo de 2000 el Tribunal Unitario Agrario 46 dictó sentencia en el juicio agrario con número de expediente 246/1996, relativo al conflicto limítrofe entre las comunidades de San Juan Mixtepec, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca, y Santo Domingo Yosoñama, del distrito de Tlaxiaco.

Fue el 2 de diciembre de 2008 cuando se procedió a su ejecución y en esa sentencia se reconoció y tituló una superficie de mil 740 hectáreas de tierras comunales a San Juan Mixtepec.

Por ello exigen a las autoridades federales y estatales actuar “de inmediato” para colocar mojoneras y abrir brechas que definan los límites con Yosoñama, como lo establece su resolución agraria.

En conversación con Proceso, Francisco López Martínez y Pablo Hernández Sánchez, habitantes de Mixtepec, consideran que sólo así se evitará un agravamiento de la confrontación: “Ya basta de tantas agresiones contra nuestro pueblo”.

El pasado 16 de mayo la PGJ confirmó el ataque a los pobladores de Mixtepec por parte de habitantes de Yosoñama; dio como únicos muertos a Margarito Santiago Ramírez, de 76 años; Bonifacio Vicente Hernández y Porfiria Salazar Gómez, ambos de 70 años, y agregó que por voz del síndico de Mixtepec se sabe que “fueron quemadas cinco casas dentro de la zona en conflicto”.

 

La pista del dinero

 

La madrugada del 24 marzo de 2013 el presidente municipal de San Juan Mixtepec, Feliciano Martínez Bautista y su escolta Policarpo Remigio Rojas fueron asesinados en una emboscada en la carretera Juxtlahuaca-Mesón de Guadalupe.

Aunque las autoridades no han revelado cuáles son las líneas de investigación del caso, cuatro días antes de su asesinato el edil había pedido –por la “mala calidad en la ejecución de los trabajos”– la cancelación de las obras de modernización y ampliación del camino San Juan Mixtepec-Tlaxiaco, las cuales Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) había adjudicado a Ingenieros Consultores de Oaxaca (ICO).

El 20 de marzo le habían notificado al edil que la ejecución de la obra quedaría en manos del municipio, según documentos que Proceso pudo consultar.

De acuerdo con el acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Municipal de Regulación y Seguimiento, celebrada el 20 de marzo, el alcalde solicitó ser el ejecutor de la obra porque “ya la población exige avances (…) en virtud de que en dos años CAO como ejecutor estuvo en el mismo kilometraje y a estas alturas de 2013 el camino tiene baches y no está terminado”.

Con la muerte del alcalde, la obra –cuyo costo estimado es de 18 millones de pesos– volvió a CAO, dependiente de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) de Oaxaca.

En un acta del cabildo de Mixtepec fechada el 25 de enero de 2012, el presidente municipal Martínez Bautista denunció que los “23 kilómetros más 500 metros ejecutados por CAO presentan daños debido a la pésima calidad de los materiales empleados y a la mala ejecución de los trabajos”.

Según el oficio de cancelación total OCT/006/2012, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, promotora de la obra) notificó el 24 de octubre de 2012 al titular de la Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra López, que “en el marco del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas cancelaron recursos federales por un monto de 3 millones 262 mil 516 pesos para la obra de modernización y ampliación del camino San Juan Mixtepec-Tlaxiaco”.

Esto significaba que la CDI únicamente transfirió a CAO 1 millón 170 mil 709 pesos, que le fueron pagados a ICO. El recurso federal destinado este año a esa obra es de 14 millones 527 mil pesos, que iban a ser ejercidos por el municipio de Mixtepec.

Load More