LOS ÁNGELES (apro).- “Buenas tardes. Soy Delmy y le estoy hablando del Centro de Detención”. La voz al otro lado de la línea suena débil. Puede ser porque Delmy, junto con otras nueve mujeres que esperan detenidas en el mismo sitio, lleva tres días en huelga de hambre. Puede ser también porque después de casi seis meses, la angustia empieza a ganar terreno. “Estoy desesperada. A veces siento que ya no puedo más”, dice con la voz quebrada. Delmy Calderón, de 42 años, es parte de los 800 detenidos para los cuales tiene cupo el Centro de Detención de El Paso, Texas –la cifra es flotante; en septiembre de 2013, por ejemplo, había 785 detenidos–. Al lugar se le conoce oficialmente  como “centro de procesamiento”: el sitio en el que indocumentados que han sido arrestados por agentes de inmigración, o se han entregado voluntariamente en territorio estadunidense o en alguna de las garitas de ingreso al país pidiendo una visa humanitaria o asilo político, esperan la resolución de un juez para quedar en libertad o para ser deportados a sus países de origen. La mayoría proviene de México, pero es común encontrar personas de países centroamericanos, e incluso de China, India o Australia. Delmy es originaria de El Salvador, donde vivía con sus cuatro hijos y tenía un restaurante. Aunque sin abundancia, tenía una situación económica estable, de manera que nunca pasó por su mente venir a Estados Unidos; hasta julio pasado, cuando integrantes de la pandilla MS 18 le pidieron dinero por dejarla operar su negocio. Delmy respondió que le era imposible dar la cantidad solicitada; los extorsionadores amenazaron con agredir a su familia. Una semana antes, un vecino fue asesinado por el mismo grupo. La mujer decidió cerrar y emprendió el camino hacia el norte. Tras cruzar la frontera estadunidense de manera indocumentada, fue arrestada por la Patrulla Fronteriza; Delmy explicó su situación, pidió asilo, y unos días más tarde tuvo la entrevista con un juez para establecer lo que en inglés se conoce como “credible fear”, o “miedo creíble”: la presentación de argumentos por los cuales el solicitante de asilo teme por su vida en caso de volver a su país. A Delmy se le asignó el expediente A# 206-181-257. Una vez que este paso es acreditado, inicia propiamente el proceso legal que, debido al cuello de botella en las cortes de inmigración, puede demorar hasta siete años. Durante este tiempo los solicitantes permanecen en Estados Unidos, y si no cuentan con antecedentes penales ni representan un riesgo para la seguridad nacional, son puestos en libertad con un permiso de trabajo temporal; a este tipo de individuos se les describe como “de baja prioridad”. Una vez finalizado el proceso, si el asilo procede, se les otorga una residencia; si el asilo les es negado, son devueltos a su país. Tras ser acreditada la presentación de “miedo creíble” por parte de Delmy, en septiembre fue llevada al Centro de Detención de El Paso, en donde lo que procedería sería que, dada su calidad de baja prioridad, un juez la pusiera en libertad en cuestión de días. Sin embargo, han pasado las semanas y Delmy continúa detenida.   “Miedo creíble” El caso de la salvadoreña no es el único. En días pasados, integrantes de Dreamactivist, una organización de jóvenes indocumentados que realizan acciones de desobediencia civil para pedir la aprobación de una ley que regularice su estatus migratorio, “infiltró” este centro de detención. Santiago García, miembro de la agrupación, se hizo detener el pasado 21 de noviembre entregándose a la autoridad migratoria, para reportar desde el interior la situación que viven quienes están tras las rejas en espera de una resolución de su caso. En conversación telefónica desde el centro, García dijo a Apro que hay cerca de 100 casos similares al de Delmy. “En estos días he encontrado a gente que desde hace meses podría salir bajo palabra; llevan hasta nueve meses detenidos y muchos de ellos no saben que legalmente ya podrían estar afuera”, comentó García. “Esta gente no viene por el sueño americano; vienen porque han tenido que dejar todo para salvar su vida por la violencia o por sus preferencias sexuales; si los deportan les espera la muerte en su país”. Dreamactivist buscó denunciar los casos al interior del Centro de Detención de El Paso, a partir de la experiencia que vivieron sus integrantes en septiembre pasado con la acción conocida como #Dream30: una treintena de jóvenes indocumentados que, habiendo crecido en Estados Unidos, volvieron a México, debido a una deportación o por voluntad propia para encontrar que debido al ambiente de violencia en el país sus vidas corrían peligro. Los jóvenes se entregaron en la garita de Laredo tras solicitar asilo y fueron trasladados a este mismo centro en El Paso. La totalidad de sus casos se desahogó en menos de un mes y medio, pero ahí mismo se dieron cuenta de que esta no es la suerte con la que corren todos los internos. La explicación que da Dreamactivist se encuentra entre lo político y lo económico. “Creemos que en nuestro caso, como se dan cuenta de que tratamos de organizar a la gente adentro, nos liberan lo más pronto posible”, dijo García, quien fue puesto en libertad en menos de dos semanas bajo el mismo criterio de baja prioridad. “Pero creo también que ellos están ganando dinero con la gente detenida, reciben fondos federales por cada persona que se encuentra ahí, y mientras más tiempo se quedan, más reciben”. El gobierno estadunidense gasta más de 2 mil millones de dólares al año en la detención de inmigrantes indocumentados a nivel nacional; esta cifra se duplicó en los últimos ocho años. El costo diario por cada detenido es de 164 dólares. Tras la infiltración de los integrantes de Dreamactivist en el Centro de Detención de El Paso, un grupo de 10 mujeres, entre ellas Delmy, decidió iniciar una huelga de hambre de cuatro días que inició el pasado 16 de diciembre para exigir la liberación de quienes ya han aprobado los pasos previos en el proceso de asilo. Brenda Castro es una de ellas. A sus 23 años de edad, tuvo que dejar su vida en Ciudad Juárez debido a las amenazas recibidas por su hermano Santos, de 21 años. Hace cuatro años, Santos fue testigo de un asesinato en un negocio cerca de su casa; en el evento recibió una herida de bala. En octubre pasado la familia recibió un mensaje: los matarían a todos. Brenda, Santos, la esposa y la recién nacida de éste, así como sus padres, acudieron a la garita fronteriza para pedir asilo. A su madre, su cuñada y a la bebé, las dejaron en libertad; Brenda, Santos y el padre siguen detenidos a pesar de que acreditaron el “miedo creíble” a principios de noviembre. “Yo me puse en huelga de hambre para ver si así me dejan salir pronto”, explica Brenda vía telefónica. “Dicen que si dejas de comer y empiezas a ponerte mal se apuran a soltarte, porque no quieren que alguien se les vaya a morir aquí”. Otro caso es el de Rosario Hernández, de 46 años, nacida en Juárez también. La historia es similar a la de Brenda: un día su yerno recibió una visita de hombres armados que le avisaban que toda la familia sería asesinada. Los Hernández acudieron a las oficinas de la Policía Judicial, pero ahí les dijeron que lo único que podían hacer era levantar una denuncia. “Les dije que si hacía eso, venían y nos remataban”, relata Rosario. Los propios agentes les aconsejaron  entregarse a las autoridades estadounidenses. Acreditaron el “miedo creíble” el 15 de septiembre. Leticia Zamarripa, portavoz del Centro de Detención de El Paso, que depende de la Oficina de Control de Aduanas e Inmigración (ICE), explica a Apro que, a pesar de estar al tanto de las denuncias realizadas por Dreamactivist y otras organizaciones activistas, los tiempos de detención de quienes ahí se encuentran no dependen de esta autoridad, sino directamente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), del cual también forman parte los jueces a los cuales les son asignados los casos. De acuerdo con las normas del propio USCIS, los casos son turnados a los jueces con base en la carga de trabajo, de manera que formalmente no existe un parámetro temporal específico, aunque la mayoría de los abogados de inmigración coinciden en que un margen de tres semanas suele ser la norma para otorgar la libertad bajo palabra en otras jurisdicciones, como Arizona u otras áreas de Texas. En un reporte de Jeremy Redmond para The Atlanta Journal, realizado tras una visita a las instalaciones del Centro de Detención de El Paso, autoridades del lugar aseguraron que los internos nunca permanecen ahí más “algunas semanas”. En 2012 Dreamactivist realizó una infiltración similar a la de El Paso en el Centro de Detención de Broward, en Florida. Tras una campaña de denuncias ante congresistas y ante la opinión pública, se logró la revisión de casos y la liberación de 160 personas.   Por un dólar al día ¿Qué hace un detenido en un centro de detención de inmigración durante todo el día? Quienes se encuentran ahí tienen una rutina que va del comedor al dormitorio: 6:30 am, 11:30 am y 4:30 pm son las horas en las que se sirven alimentos; tras la comida, se regresa a la cama. Pero quienes desean escapar de esta rutina tienen una alternativa: el programa de trabajo voluntario remunerado dentro de la prisión. De acuerdo con los lineamientos de ICE, este programa fue diseñado para dar a los internos “la oportunidad de ganar dinero” y para que el “efecto negativo del confinamiento sea disminuido a través de reducir el ocio, elevar la moral y reducir los incidentes violentos”. Los internos pueden, de manera completamente voluntaria, trabajar en la cocina, en la limpieza de los dormitorios o en la de los baños. El pago por su trabajo es de un dólar al día; una ganga para el que los “contrata”, considerando que el salario mínimo en el estado de Texas es de 7.25 dólares por hora. “Yo sí estoy trabajando en la ‘talacha’, es una manera de no desesperarme más”, dice Rosario. “Barremos la barraca y lavamos los baños por un dólar diario. Me alcanza nomás para comprarme unas frituras de la máquina. Las que trabajan en la cocina también ganan un dólar, pero ellas trabajan seis, siete horas diarias. Hay otros empleados también, no sé a los de afuera cuánto les pagan; pero aquí a donde dormimos no vienen, nos ocupan nada más a nosotras”. Delmy no ha aceptado trabajar por esa cantidad; insiste en que no es el dinero lo que la trajo a este país. “Yo no tuve la intención de venir, tenía mi trabajo, podía pagar la universidad de mis hijos; si yo pudiera volver a El Salvador segura, firmaría mi deportación. Porque no es fácil estar acá, lo miran a uno mal. No puedo regresar, pero vivir así tampoco es fácil”.