Guerrero: muchas armas listas para disparar

La red de corrupción en la cual participan autoridades de los tres niveles de gobierno agravó la situación de los guerrerenses, ahora atrapados entre la delincuencia organizada, los alcaldes vendidos al narco y los gobiernos estatal y federal, que van de la indolencia a la sospechosa ineficacia en el combate a la inseguridad. El resultado: la proliferación de las autodefensas comunitarias, la represión a las mismas por el Ejército y, en consecuencia, más tensión en una entidad con muchas armas listas para disparar.

CHILPANCINGO, GRO.- Ante las acciones del narcotráfico, la guerrilla y las autodefensas impulsadas por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial en el cual advierte sobre la proliferación de esos grupos armados y la ingobernabilidad en la entidad y pide la intervención federal para restablecer el estado de derecho en Guerrero.

Hasta el momento no hay indicios de que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya intervenido a gran escala y directamente en asuntos estatales de seguridad, excepto por una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra al menos 15 alcaldes por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

A su vez diversos activistas denuncian que con el asesinato de dirigentes sociales y el encarcelamiento de voluntarios de las autodefensas, el gobernador reprime los movimientos sociales en vez de combatir la inseguridad, la marginación y la pobreza; es decir las causas de los problemas sociales de la entidad.

En este contexto la aparición del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo a principios de este mes enrareció más el ambiente.

En el informe de la CNDH, presentado el martes 17 en la Ciudad de México, el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que Aguirre Rivero actúa “contra la Constitución” al delegar las funciones de seguridad en ciudadanos “legítimamente indignados”, incluso otorgándoles subsidios millonarios, armas de uso exclusivo del Ejército, uniformes, equipo de radiocomunicación y vehículos.

Se refiere a los grupos de autodefensa, que tienen su antecedente en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fundada hace 18 años.

Esos grupos operan en 46 de los 81 municipios y en seis de las siete regiones de Guerrero, y según el documento de la CNDH reflejan el hartazgo de la ciudadanía frente a la impunidad, la injusticia y los presuntos nexos de las autoridades locales con la delincuencia.

Incluso el ómbudsman nacional planteó que “los poderes federales deben intervenir” para determinar si las autoridades guerrerenses “no están en condición de asumir el papel que les corresponde, con el objetivo de saber claramente quién va a asumir la responsabilidad”.

Añadió que por un lado el gobierno de Aguirre subsidia a estos grupos de civiles armados y por otro encarcela a sus integrantes. Este es el caso del desmantelamiento de la guardia comunitaria de la CRAC encabezada por los activistas Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Nestora Salgado, recluidos en penales de máxima seguridad desde principios del pasado noviembre.

En el informe de la CNDH se especifica que de enero a junio de 2013 el gobierno de Aguirre entregó 11 millones 615 mil 914 pesos a los principales grupos de autodefensa: 6 millones 168 mil 205 pesos a la CRAC-PC y 5 millones 447 mil 709 a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), escisión de la primera.

En respuesta a estos señalamientos, el gobierno estatal argumentó que la operación de la CRAC-PC es legal porque sus guardias son “auxiliares en materia de seguridad pública en sus comunidades”. En cambio negó que financie a otras autodefensas, aunque es del conocimiento público la entrega de dinero y apoyo a la UPOEG, encabezada por el indígena Bruno Plácido Valerio.

Este es un adelanto del número 1939 de Proceso, ya en circulación.

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