MÉXICO, D.F. (apro).- En el “Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración. Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México”, el Instituto de Seguridad y la Democracia (Insyde) identificó diversas fallas, entre ellas programas encaminados a alimentar estadísticas, más que a apoyar a paisanos que visitan México. También detectó la ausencia de una política real de repatriación de connacionales expulsados de Estados Unidos, así como corrupción en estructuras supuestamente creadas para la protección de indocumentados. El minucioso estudio realizado por investigadores del Insyde –organización dirigida por Ernesto López Portillo Vargas– se desarrolló de marzo de 2012 a julio de 2013, y concluyó que el INM, que encabeza Ardelio Vargas Fosado, es un “organismo público en extrema descomposición”. La investigación incluye 99 recomendaciones para diversas instituciones públicas que intervienen en la política migratoria, 59 de ellas para el INM. Sobre algunos de los lineamientos de Protección y Asistencia a Migrantes, el Diagnóstico resalta que una de las estrategias más anunciadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el INM en temporadas vacacionales, como el Programa Paisano, “no ha estado exento de malas prácticas”, a pesar de que su función se limita a la orientación de los mexicanos visitan a sus familiares. De la forma de operar, el documento destaca que “tradicionalmente el Programa se ha caracterizado por existir más en los discursos de los funcionarios que en la realidad”. La revisión de la operación del Programa Paisano es relevante, dado el número de ciudadanos mexicanos que cada temporada y cada año regresan al país. Según el último reporte del INM, hasta el 31 de diciembre el Operativo de Invierno del Programa Paisano 2013 registró el ingreso de dos millones 488 mil 184 connacionales, para festejar las fiestas decembrinas. El Diagnóstico elaborado por el Insyde destaca que de acuerdo con auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control, “el Programa Paisano no ha estado exento de malas prácticas”, aunque reconoce que “es fundamentalmente un programa administrativo”. El documento también revisa la operación del Programa de Repatriación, y considera que su operación limitada es un reflejo de la “ausencia tanto de una política de retorno como de una política de reintegración en las comunidades”. En el estudio, los investigadores del Insyde destacan que los migrantes deportados por las diferentes garitas fronterizas con Estados Unidos “se convierten en presas apetecibles para los grupos delincuenciales que operan en la frontera, pero también para policías que buscan extorsionar a quienes encuentran sin papeles”. Asimismo, que ante la falta de recursos para atender a los repatriados, las comunidades fronterizas se ven rebasadas por los deportados, toda vez que “no están preparadas para la llegada de este sector de la población”, y es peor aún porque México “no da seguimiento a sus ciudadanos repatriados, se desconoce cuántos regresan a Estados Unidos o qué sucede con quienes se quedan –aunque sea temporalmente– en su país de origen”. El Diagnóstico cuestiona si el INM es realmente el organismo que debería encargarse de los deportados, toda vez que no hay una política de reintegración laboral en las comunidades que son abandonadas por falta de empleo, ni se considera que muchos de los expulsados lo que pretenden es volver con las familias que dejaron establecidas en Estados Unidos. Uno más de los puntos revisados por Insyde es la operación de los Grupos Beta, “el brazo humanitario del INM”, creados en 1990 para dar atención humanitaria a quienes pretendían cruzar la frontera con Estados Unidos, realizar labores de búsqueda y rescate, así como “impedir asaltos a migrantes mexicanos indocumentados”. El Diagnóstico realizado por Insyde resalta que a 23 años de su creación, los Grupos Beta, compuestos por personal de tres órdenes de gobierno, “no han estado exentos de irregularidades o de colusión con la delincuencia organizada”. Respecto de la operación de algunos de esos grupos, pudo identificar entre sus deficiencias que “sus integrantes son renuentes a recibir y canalizar quejas sobre violaciones a derechos humanos para evitar represalias y conflictos con los agentes del INM y otras dependencias”. Además, cuentan con recursos limitados para realizar su trabajo, focalizado en las fronteras sur, norte y en la costa del Golfo, y uno de sus obstáculos es el crimen organizado, que en cierta manera “impide sus labores, especialmente los recorridos y acciones de búsqueda y rescate”. Para dar cuenta de la forma en que operan los Grupos Beta, el documento ofrece el testimonio de un exintegrante, quien admite que hasta ahora siguen intactas “las viejas estructuras, que no logran privilegiar la protección de los migrantes, ‘sino piensan en chingar a quienes entran irregularmente al país.’ El mismo entrevistado afirmó que (los miembros de los Grupos Beta) son individuos que cumplen con las tareas mínimas de recorridos y acciones de asistencia humanitaria, pero no se comprometen con más”.