Madrid, (proceso.com.mx).- La iniciativa de la nueva ley del aborto promovida por el presidente Mariano Rajoy, que se prevé propicie uno de los mayores debates en España durante 2014, tiene un frente de oposición dentro del propio Partido Popular (PP), de corte conservador, donde la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, pidió “libertad de voto” para los parlamentarios. En la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP de hoy, en presencia de Rajoy, Villalobos señaló: “Represento a muchos que no están de acuerdo con la reforma presentada”, por tanto, “pido libertad de voto”. Su voz se suma a la de varias figuras del partido, como el presidente autonómico de Extremadura, José Antonio Monago, quien los días previos señaló: “Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a serlo”. Por su parte, el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió que “bien vale la pena mejorar ese texto”, en relación al anteproyecto impulsado por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y, que de ser aprobado sin modificación, colocará a España rezagada en la materia en la Unión Europea. La ley de plazos aprobada en 2010 durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, que la hacía una legislación de avanzada, podría dar un salto atrás incluso más allá de la limitada ley de 1985. El 20 de diciembre pasado el Consejo de Ministros del gobierno aprobó la ley más restrictiva de la democracia, donde interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas y lo vuelve a penalizar. Sólo quedan despenalizados los supuestos de violación y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. Pretende penalizar con severidad a los médicos que realicen abortos. En la ley del PP no es motivo de aborto las malformaciones fetales graves. Jueces por la Democracia, una asociación judicial progresista, cuestionó hoy la llamada “Ley Gallardón” al plantear la necesidad de adaptar la legislación a la doctrina del Tribunal Constitucional. Considera que la actual ley de plazos es constitucional, porque los derechos fundamentales de las mujeres están por encima de la protección que el alto tribunal otorgó en su día a los concebidos pero no nacidos. También que la legislación actual se adapta perfectamente a las necesidades de la sociedad. Este proyecto no sólo alejará a España del sistema que rige en la gran mayoría de países europeos, sino que “en la práctica supone imposibilidad de practicar aborto alguno”. También sostienen que las “represalias y efectos” contra el personal médico “llevarán a que nadie quiera asumir el riesgo de finalizar en prisión por practicar un aborto”. Esta entidad de jueces progresistas asegura que la nueva ley del aborto “pretende imponer la moralidad católica” y “recuperar los valores anacrónicos de una sociedad que tiene poco que ver con la presente”. Asegura que no sólo contribuirá más a la clandestinidad, provocando mayores riesgos de salud y psicológicos, sino que la iniciativa es una “grave contradicción”, porque por un lado “obliga a las mujeres a tener descendencia en el caso de malformaciones”, mientras es el propio gobierno el que retiró las ayudas a la dependencia. En la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PP Rajoy pretendía que la discusión se centrara en la economía, pero ninguno le hizo caso y cuando menos se planteó que se modifique para que internamente haya más consensos sobre el contenido.