MÉXICO, D.F. (aparo).- El gobierno federal emitió hoy un decreto que transforma a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima), creada por Felipe Calderón, en la Comisión Ejecutiva que operará el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. El decreto se publica un día antes del primer aniversario de la promulgación de la Ley General de Atención a Víctimas, la cual estipula que el Sistema debió comenzar a funcionar hace nueve meses. Mediante este decreto se ordena a Províctima ceder al nuevo órgano sus recursos financieros, materiales y humanos, así como los expedientes de las víctimas, con excepción de la Subprocuraduría de búsqueda de desaparecidos, que pasará a formar parte de la PGR. La comisión operará con 480 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados, y que defensores de derechos humanos han considerado insuficientes. La nueva comisión que se encargará de diseñar el nuevo sistema de atención a víctimas de delitos de alto impacto (como homicidio, desapariciones, secuestro, trata de personas) está integrada por siete comisionados avalados por el Senado de la República, pero cuyos perfiles no corresponden a lo mandatado por la nueva ley. La comisión debía de estar integrada por especialistas de diversas áreas geográficas especializados en distintos delitos de alto impacto y con perfiles diversos. Sin embargo, seis de los siete comisionados son del Distrito Federal, abogados penalistas, o personal sin experiencia en el trabajo con víctimas, y la mayoría no se ha especializado en los delitos que deberán ser atendidos por el sistema. Con el decreto se extingue la polémica dependencia creada por decreto de Calderón como respuesta a las movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y que trabajaba con oficinas, personal y recursos prestados. Según un comunicado emitido esta tarde por la Secretaría de Gobernación (Segob), la nueva Comisión Ejecutiva es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, “instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en la materia, que tiene por objeto establecer y supervisar las directrices que se implementen para la protección, ayuda, asistencia y reparación integral a éstas, en los ámbitos federal, local y municipal. “Sus integrantes fueron elegidos por el Senado de la República, de entre siete ternas propuestas por el presidente, a fin de dar cumplimiento a la ley”. El comunicado reconoce que mañana se cumple un año de que el presidente Enrique Peña Nieto publicó la Ley General de Víctimas, a la que califica de “legislación de alcance nacional, sin precedente, que cumple con los más altos estándares internacionales, ya que contempla la asistencia, protección, atención, indemnización y restitución de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos”. También anuncia que la Segob se coordinará con los tres órdenes de gobierno y la Comisión Ejecutiva para trabajar en la creación del sistema y la armonización del marco jurídico de las entidades federativas, con e fin de dar cumplimiento a la ley que no opera desde el año pasado.