MADRID (apro).- La tarde del miércoles 8, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil vigilaban un despacho de abogados en la calle Elcano, en Bilbao, donde se reunían miembros de Konrdinazio Taldea (KT), o grupo de coordinación, considerado el instrumento de ETA para el control de los aproximadamente 500 presos diseminados por las prisiones de España y Francia. La llamada operación ‘Jaque’ tuvo su origen en una información incautada durante una acción policial en octubre contra Herrira, la organización de apoyo a los presos etarras, y preveía iniciar el registro del despacho a las 16:00 horas. No obstante, los guardias civiles que vigilaban el domicilio tuvieron que adelantar precipitadamente el allanamiento –pese a que el equipo de asalto aún no salía del cuartel La Salve, en Bilbao–, porque un “error humano” puso en grave riesgo la actuación policial y dejó en evidencia que los presuntos miembros de ETA vigilados se deshacían de pruebas. Todo se debió a la prisa que tenía el Ministerio del Interior, que encabeza Jorge Fernández Díaz, por soltar la “bomba” y que la noticia lograra ser incluida en los noticieros televisivos de media tarde. La dependencia envió por internet a los medios un comunicado de prensa a las 15:06 horas y emitió un “última hora” en su cuenta de Twitter, en el que adelantaba la detención de presuntos miembros de ETA, que aún no tenía lugar. El noticiero de la cadena pública TVE difundió la noticia solo unos minutos después y casi todos los diarios y portales digitales hicieron lo mismo. Después, el Ministerio del Interior envió otro comunicado anulando el anterior, pero el daño ya estaba hecho y el operativo se tuvo que adelantar. Este suceso provocó un profundo malestar entre los miembros de la lucha antiterrorista en la policía y la Guardia Civil, porque están seguros que hay pruebas físicas que los presuntos etarras destruyeron. Fuentes judiciales sostienen que el juez Eloy Velasco y el fiscal Miguel Ángel Carballo mostraron su profundo malestar por el manoseo político que se le da a la lucha antiterrorista. A pesar del “error humano” fueron detenidas ocho personas de la estructura KT, entre ellos los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, además de José Luis Almandoz, Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, Asier Aranguren Urroz, Miren Aintzane Orkolaga Etxaniz y José Miguel Almandoz. Entre los detenidos se encuentran algunos participantes en la conferencia de prensa celebrada el sábado 4, convocada por el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera), donde estaban los exreclusos de ETA que han quedado en libertad con la derogación de la doctrina Parot, marcada por un fallo del Tribunal de Estrasburgo. Se trata de Almandoz, Egoitz de la Calle, Aitziber Sagarminaga, Zulueta y Enparantza. Aitziber Sagarminaga fue la responsable de alquilar el local en el que se produjo el acto, según la Audiencia Nacional. En ese encuentro en el matadero de Durango (Bizkaya), dieron su respaldo a los más de 500 presos en cárceles españolas y francesas, que se sumaron a la renuncia a utilizar medios violentos en el futuro y asumieron la legalidad penitenciaria. “Acumulamos cerca de mil 500 años de cárcel”, reconoció en su lectura el portavoz José Antonio López Ruiz, Kubati, --condenado a mil 210 años, de los que cumplió 26 por 13 asesinatos–. Los 63 expresos presentes acumulaban 150 crímenes. “Aceptamos toda nuestra responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto”, dijo, y añadió que daban el apoyo colegiado a las medidas de reinserción de los presos y al escenario político abierto por la izquierda abertzale. Según la policía y la Guardia Civil, el sector de los prisioneros etarras es el núcleo más importante de ETA, si se entiende que afuera no hay más de una cincuentena de etarras escondidos en el norte de España y el sur de Francia, con mínimas posibilidades de maniobra. La abogada Arantza Zulueta es considerada por la Guardia Civil como la más radical e inflexible en la estructura orgánica de ETA y quien supuestamente impidió insertar en un primer comunicado, difundido el 28 de diciembre, los términos de perdón y arrepentimiento por la lucha armada. Rajoy y el Tea Party español Este evento en Durango –cuatro días antes del operativo policial— generó fuertes reacciones en contra del gobierno de Mariano Rajoy por haberlo permitido, sobre todo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y del sector más ultraderechista del PP, el llamado Tea Party español, encabezado por el expresidente José María Aznar, la ex, presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el eurodiputado Jaime Mayor Oreja. Pese al repudio a que se permitiera esa conferencia, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, emitió un auto en el que argumentaba que no existían elementos legales para impedir su realización. El reclamo de los que fustigaron este encuentro –al que se sumaron medios y periodistas afines al PP—, es que los presos excarcelados no condenaron la violencia de ETA, no pidieron perdón, ni exigieron el desarme y disolución de la banda terrorista. La más dura fue Esperanza Aguirre, que en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el mismo miércoles por la mañana, protestó porque el gobierno no impidió el acto de Durango. “Si el juez y el fiscal dicen que las leyes no permiten prohibir actos como este, cambiemos las leyes. No podemos volver a consentir una reunión de asesinos que bajo pretexto de una rueda de prensa, haga propaganda de una banda terrorista”, dijo a los reporteros. Analistas de otros medios advirtieron que, en todo caso, la foto de Durango era la representación viva de la derrota de ETA y su reconocimiento a los mecanismos de reinserción y de la vía política. “Es un certificado explícito de la derrota de ETA”, escribió en El País el periodista José María Calleja, víctima de atentado, quien por años vivió escoltado y, en Madrid, amenazado por la banda terrorista. “Medio millar de miembros de ETA siguen en la cárcel sin que ETA haya logrado ni uno solo de sus objetivos”, añadió. Pese a que este paso de los exreos era un augurio posible al proceso de paz, el gobierno de Rajoy optó por endurecer su política antiterrorista, para reconciliarse con el sector más duro de su partido. De cara a las elecciones europeas de mayo próximo, Rajoy decidió endurecer el camino hacia el fin de ETA, haciendo ver como si la legalización de la izquierda abertzale hubiera sido una derrota de la banda armada a la democracia, en vez de un triunfo de la democracia. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), en el gobierno vasco, y el Partido Socialista, entre otros, criticaron las medidas del gobierno de Rajoy, por dinamitar un camino hacia el fin policial y social de la banda armada. Rajoy cedió a la apabullante presión del Tea Party español al anunciar, como lo publicó El País este 10 de enero, que el gobierno estudiará reformas legales que impidan a los expresos participar en candidaturas electorales, pese al riesgo de que una medida así sufra el mismo destino del endurecimiento de las leyes penitenciarias de la doctrina Parot, que fue derogada por el tribunal de la Unión Europea, en Estrasburgo, por su ilegal aplicación retroactiva. Por su parte, los traspiés del ministro Jorge Fernández llevaron al gobierno vasco, que encabeza Iñigo Urkullu, a considerarlo como una persona no apta para ser el responsable de conducir el proceso del fin de ETA. Este personaje, vinculado al sector más ultra de la derecha y cercano a un sector similar de la Iglesia católica, calificó de “repugnante y deleznable” el acto de Durango, incapaz de movilizar a la Fiscalía general del Estado –designada por el gobierno– y a la Abogacía del Estado para impedirlo, por falta de asidero legal, como lo fundamento el juez Pedraz. Su mejor opción fue adelantar, para la prensa, una operación policial antes de que esta tuviera lugar, el cual el gobierno de Urkullu consideró que representaba un “paso atrás”, si se entiende que “el terrorismo de ETA ha terminado” y que este proceso es “una oportunidad histórica” de consolidar la paz en el País Vasco. El error cometido por el Ministerio del Interior, que se adujo era un “error humano” y se trató de resolver con la renuncia de un portavoz de dicho departamento, aún puede abrir un frente más grave para el gobierno de Rajoy, porque el juez Velasco de la Audiencia valora la posible comisión de un delito de revelación de secretos. Por lo pronto, fue el juez Velasco el que prohibió una manifestación de apoyo a los presos etarras, este sábado 11, en Bilbao, por enaltecimiento al terrorismo.