BUENOS AIRES (apro).- El gobierno argentino intenta moderar el impacto inflacionario y regresivo de la brusca devaluación del peso operada el 23 y 24 de enero. En diferentes sectores de la economía las empresas líderes han aumentado sus precios. La Secretaría de Comercio se ha propuesto controlar acciones especulativas sobre las cadenas de valor para modificar los precios por encima del aumento de los costos. Ha elaborado 31 actas de infracción –hasta el 29 de enero– y aplicará sanciones contra comerciantes y empresarios que aumenten precios “de manera injustificada”. El gobierno se abroquela en defensa del plan Precios Cuidados. Este acuerdo de precios con las grandes cadenas de supermercados rige con éxito desde comienzos de enero. Abarca 194 productos de la canasta básica, incluyendo carnes, verduras, bebidas, pan, artículos de tocador y de limpieza. El gobierno ha flexibilizado el acceso de los particulares a la compra de dólares para ahorro o tenencia. Busca así frenar la gran demanda que pesa sobre de la divisa estadunidense y reducir la enorme brecha entre el dólar oficial y el que se ofrece en el mercado paralelo. El Banco Central ha dispuesto un incremento en las tasas de interés para depósitos en pesos, por encima de los niveles de inflación, para inducir a ahorristas y bancos a optar por la moneda argentina. También ha elevado las tasas para los depósitos en divisa estadunidense y dispuesto que estas cajas de ahorro sean gratuitas, con el fin de mantener los dólares dentro del sistema. El gobierno espera que uno de los sectores que más pugnó por la devaluación –los consorcios exportadores de granos– liquide ahora la cosecha de soya acumulada en los silos. Esto permitiría incrementar la oferta de dólares y le daría impulso a las reservas internacionales del Banco Central, que se nutren de las retenciones aplicadas al complejo agroexportador. De este modo bajarían la incertidumbre del mercado y la presión sobre el negocio del dólar paralelo o ilegal, también llamado “dólar blue”. El gobierno se ha visto forzado a aplicar un instrumento de política económica del que siempre renegó. El costo de la devaluación recae sobre quienes perciben salarios, jubilaciones y subsidios en pesos. Desde el Ministerio de Economía se intenta ahora evitar  que el aumento del dólar se traslade al costo de la vida. Teme un impacto negativo en la actividad económica y el empleo. Estos dos pilares del modelo kirchnerista –cuyo nivel se mantiene elevado– explican la relativa tranquilidad con que buena parte de la población asume hasta ahora el golpe en sus bolsillos. La devaluación fue el resultado de una larga pulseada contra poderosas corporaciones económicas y financieras. El gobierno terminó cediendo, luego de experimentar una abultada sangría de sus reservas internacionales. El Banco Central ha tenido y tiene que vender dólares para aplacar la tendencia alcista del billete estadunidense, tanto en el mercado oficial como en el ilegal. El nivel de reservas –que asciende a 29 mil millones de dólares– sufrió una pérdida de 12 mil millones a lo largo de 2013. Argentina canceló ese año 15 mil 200 millones dólares entre capital e intereses de la deuda externa. La devaluación obliga al kirchnerismo a arriar un preciado estandarte. “Los que quieran ganar plata con la devaluación, que esperen otro gobierno”, había dicho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 6 de mayo de 2013. Ya perdida la pulseada, el gobierno intenta mitigar los daños. El pasado lunes 27, la presidenta denunció, a través de su cuenta en Twitter, las “presiones especulativas sobre los tipos de cambio de los países emergentes”. Mencionó a los responsables: “Los bancos: Sólo a través de ellos se pueden hacer todas las maniobras especulativas de los mercados. Con la complicidad, claro, de grupos económicos, exportadores e importadores, entre otros”, sostuvo. El cumplimiento de los objetivos de sus últimos dos años de gobierno –crecimiento, empleo e inclusión social– se encuentran  hoy en jaque.   Impacto En diez años de gobierno, el kirchnerismo impulsó una agresiva política de sustitución de importaciones. Buena parte de la producción depende aún, sin embargo, de insumos y bienes intermedios importados. El sector automotriz y el de electrodomésticos dejaron de vender o ajustaron sus precios tras conocerse la medida. Otros sectores también aumentan sus precios intuyendo una expectativa alcista, por temor a la falta de financiamiento o para elevar la tasa de ganancia. “Algunos productos subieron un 20% y es probable que ahora bajen un 10%”, reconoce a Apro el encargado de un local de Garbarino, una de las cadenas más tradicionales de electrónica y electrodomésticos, en el coqueto Barrio Norte de Buenos Aires. “Sí, aumentó, pero no tenemos precio, en realidad”, dice a su vez un vendedor de su competidor, Casa Rodó, en otro inmenso local, en el que hoy los televisores plasma no tienen un solo cliente que los observe. El vendedor admite que los precios fueron remarcados y que el aumento ronda el 10%. Los pagos en cuotas se redujeron de 18 a 12 meses. El 29 de enero el gobierno anunció un acuerdo con estas cadenas para que el incremento de precios de electrodomésticos y electrónicos desde comienzos de año no supere el 5% y el 7.5%, respectivamente. También las empresas de insumos de la construcción suspendieron durante algunos días sus ventas o fijaron elevados aumentos. “Este precio es de hoy, mañana no sé a cuánto va a estar”, dice a Apro el encargado de una empresa de materiales de construcción. “Con los aumentos que nos fueron pasando, es este el precio que va a correr”, sostiene, elevando el costo de la bolsa de cemento de 40 kilos, por ejemplo, de 69 a 75 pesos. “¿A partir de mañana?”, se le pregunta. “¡Ya! –contesta–.Ya tendría que haber sido. Pero como no hay nadie, no entra nadie, nadie quiere gastar una moneda, todo el mundo está esperando, no lo aumentamos tan de golpe”, explica. “No hay justificación para que aumenten los precios de la arena, ladrillos, cal y cerámicos. Hay una fuerte especulación de algunos sectores y pretendemos defender que sigan construyendo viviendas", dijo Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a Radio Continental el pasado martes 28. La ANSES lleva adelante un ambicioso plan de crédito para la construcción destinado a familias de clase media llamado Procrear. El gobierno consiguió que Acindar, Siderar y Aluar –empresas líderes en producción de acero y aluminio– dejen sin efecto los aumentos de precios posteriores al 21 de enero. “La consecuencia de toda devaluación es bajar el salario real, porque se trata de una transferencia de ingresos”, resumió el economista Miguel Bein en la edición de Página 12 del pasado lunes 27. “Existirá traslado a precios en algunos productos sensibles de la canasta básica: arroz, fideos, aceites, azúcar y leche”, predice. “Terrible el aumento, terrible”, constata ante Apro Virginia F., una vecina del barrio de Palermo, en Buenos Aires. “Te diría que un 20% más, en la última semana”, puntualiza. Acaba de salir con tres bolsas de un supermercado Carrefour. “Están remarcando en este momento, sacando los cartelitos y poniendo nuevos –sostiene–. Noté el aumento en panificados, en lácteos y en champú.” Hasta el momento la devaluación no ha desvirtuado el acuerdo de precios entre el gobierno y las grandes cadenas de supermercados. Se denomina Precios Cuidados. Rige sobre 194 productos. Los clientes son instados a controlar su cumplimiento. Se le pregunta a Virginia F., clienta de todos los días de este supermercado, si allí el acuerdo se respeta. “Se respeta, esos precios están igual”, responde. La mujer se declara asombrada por el nivel de los aumentos. “Tuve que quedarme a revisar la cuenta porque no podía ser que había gastado 300 pesos”, explica. Los medios de comunicación reflejan también aumentos en alimentos, carnes y cosméticos, que se suman a los que ya se habían producido en diciembre. Algunos sectores, como el de los laboratorios farmacéuticos, se anticiparon a la devaluación. “Hubo un importante aumento de los medicamentos hace dos semanas”, dice Jorge, empleado de una farmacia en el barrio porteño de Palermo. “Entre un 20% y un  30%”, grafica, información que Apro confirma luego en otras dos farmacias. Los clientes se arreglan como pueden: “El que tiene que usar dos medicamentos quizá compra uno, o usa un genérico, más barato”, explica el empleado.   Modelos La inflación oficial de 2013 fue de 10.9%.  Para diferentes consultoras privadas rondó el 28%. El dólar domina desde hace 40 años el mercado de venta de inmuebles argentino. Es también el refugio preferido del pequeño ahorrista frente al zigzagueante valor de la moneda argentina.  A comienzos de 2013 había que desembolsar cinco pesos por cada dólar. Hoy se necesitan ocho pesos. La devaluación gradual que impulsaba el gobierno se disparó en enero. También el valor del dólar paralelo o “blue”, que se consigue en el mercado negro. La brecha entre uno y otro supera el 50%. La mayor demanda del dólar paralelo surge de las expectativas y la falta de confianza, pero también de las operaciones de empresas, apoyadas por los grandes medios, que controlan ese mercado. “Nos son muchos los que manejan el dólar”, dijo el economista Horacio Rovelli el pasado miércoles 22 al diario Tiempo Argentino. “En cereales son siete empresas”, precisó. Con el fin de descomprimir la demanda, el gobierno flexibilizó la compra de dólares para tenencia de personas físicas a partir del lunes 27. En sólo dos días, 27 y 28 de enero, los particulares accedieron a 12 millones 641 mil 214 dólares, según datos oficiales. El solicitante puede destinar para la compra de divisas hasta un 20% de su salario. Éste no puede ser inferior a dos sueldos mínimos por mes, es decir 7 mil 200 pesos (900 dólares). El límite máximo de compra por persona asciende a 2 mil dólares mensuales. Los dólares no se podrán comprar con efectivo. El 34.5% de los trabajadores que no están registrados por sus empleadores quedan fuera de este mecanismo. También la mitad del 65.5% restante, que percibe ingresos mensuales inferiores a los 4 mil pesos. Los compradores deben pagar un adicional de 20% a cuenta del futuro pago del impuesto a las ganancias. Este adicional se evita si se depositan las divisas en una caja de ahorro o un depósito a plazo fijo a lo largo de un año. Con el fin de proveer incentivos para que el capital permanezca en el país, el Banco Central elevó a 25.52% la tasa de interés para los depósitos de plazo fijo a 90 días. Se busca que la tasa de interés supere a la de inflación para tentar a la gente a quedarse con sus ahorros en pesos. El gobierno intentará ahora contener el incremento de precios de las empresas y moderar los reclamos de los sindicatos. Por lo pronto el líder sindical opositor Hugo Moyano dijo a Radio Mitre, el pasado miércoles 29, que el gobierno debería pagar a todos los trabajadores una suma fija de “como mínimo 3 mil pesos” para compensar la “tremenda inflación de diciembre pasado y del corriente mes”. Los sectores concentrados de la economía, que forzaron la devaluación, proponen paritarias salariales con techo y reducir el déficit fiscal a través de un ajuste de tarifas de servicios públicos y de un recorte de las prestaciones sociales. Culpan a la emisión monetaria de la devaluación del peso. Pugnan por un arreglo efectivo con Repsol, el Club de París y los “fondos buitres”, para reinsertar al país en el sistema financiero mundial.