MÉXICO, D.F. (apro).- Integrantes de la Misión Civil de Observación a la Consulta Yaqui y el vocero de la tribu, Tomás Rojo, alertaron sobre el incumplimiento de acuerdos asumidos por los gobiernos federal y el de Sonora, para atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desde mayo pasado ordenó conocer la opinión del grupo indígena sobre la operación del Acueducto Independencia. En rueda de prensa en instalaciones del Centro Agustín Pro Juárez, Citlali Hernández, de Servicios para la Paz (Serapaz), destacó que el gobierno del panista Guillermo Padrés Elías “está generando confusión entre la opinión pública, al difundir mensajes en redes sociales en los que parecería que el problema está resuelto o que la consulta ya se hizo, mientras que de forma paralela representantes de dependencias federales están ofreciendo recursos y programas asistencialistas a la tribu yaqui”. A su vez, Tomás Rojo recordó en videoconferencia que el martes 21 de enero se firmó un acuerdo en la Secretaría de Gobernación en el que se incluyeron 28 puntos propuestos por la tribu yaqui, entre ellos que en un plazo de tres meses se llevaría a cabo la consulta con el pueblo indígena. Luego de señalar que “la solución no es repartir un recurso (el agua) que no alcanza”, el representante de la tribu yaqui denunció que en estos momentos está en operación el acueducto que abastece a Hermosillo, en detrimento del pueblo indígena, contrario a lo establecido en el convenio, en el que se estableció que los meses de emergencia por la sequía son julio, agosto y septiembre, y que el acueducto sería operado por la Conagua. Además, resaltó que tampoco se han entregado estudios de impacto antropológico, social ni ambiental que tendrá el Acueducto Independencia sobre la tribu indígena, y que el único que existe es uno aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “pero sólo se hizo para autorizar la construcción, y no prevé los efectos que tendrá una vez que opere el proyecto”. Rojo pidió a representantes de los gobiernos federal y estatal “un clima de tranquilidad porque el gobierno del estado está violentando el estado de derecho”. También apuntó que la importancia de la consulta ordenada por la SCJN “será un precedente para que los pueblos indígenas sean consultados” cuando sus territorios sean amenazados por la construcción de megaproyectos. En la conferencia los integrantes de la misión alertaron en que al momento no se ha cumplido con el procedimiento para llevar a cabo la consulta ordenada por la SCJN, tanto así que el pasado 2 de diciembre el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Sonora notificó sobre el “incumplimiento de la ejecutoria para la realización de la consulta por parte de la Dirección General de Riesgo Ambiental; además, ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para la tramitación del incidente de inejecución” Citlali Hernández resaltó que la semana pasada miembros de la Misión Civil de Observación acudieron a Vicam, en el municipio de Guaymas, y recibieron información de que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Comunicaciones y Transportes (SCT) se reunieron con los indígenas para ofrecerles programas de gobierno, como becas de 300 pesos para madres solteras, proyectos productivos y empleo temporal, entre otros. “Los miembros de la tribu nos dicen que hace más de 20 años que estaban en el olvido, no se les habían ofrecido proyectos productivos y que los gobiernos estatal y federal los habían mantenido en un franco rezago histórico”, agregó. Alicia Rubio, de Food First Information and Action Netword (FIAN-México), advirtió que la operación del Acueducto Independencia “está poniendo en riesgo los derechos económicos, sociales, culturales y alimenticios de la tribu yaqui”. Incluso, añadió que la importancia de la consulta del pueblo yaqui, ordenada por la SCJN, radica en que será un modelo a seguir para que otros pueblos con problemas similares, que impliquen la amenaza de su territorio por proyectos de desarrollo o de otra naturaleza, recurran a consultas para no caer en violaciones a derechos humanos. El director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, hizo un llamado a la autoridades federales para retomar el cauce de la consulta y den cumplimiento a la sentencia de la SCJN, así como a los convenios internacionales que establecen la consulta previa e informada de los pueblos indígenas para la realización de proyectos de desarrollo que impliquen la intervención de sus territorios.