MÉXICO, D.F. (apro).- Las prisiones en México son “mercados de la miseria humana” donde todo tiene precio. Así las calificó el jurista Sergio García Ramírez en el marco de la presentación de la Propuesta del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM para restablecer el estado de derecho en las prisiones del país, que estuvo a su cargo. “La corrupción en las cárceles es inconmensurable. Se ha puesto bajo tarifa todo: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor. Son mercados de la miseria humana”, dijo el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar el primer proyecto en el que participa desde su cuestionado paso por el Instituto Federal Electoral (IFE). Con experiencia como director de distintos centros penitenciarios en el país, así como cargos públicos en la procuración de justicia, García Ramírez publicó esta propuesta en septiembre de 2013, por encargo de la Universidad Nacional, para hacerla llegar a las autoridades competentes de cada entidad federativa del país en busca de su implementación. Para el autor, los principales problemas en las prisiones mexicanas, que en su mayoría calificó como “un desastre”, son la corrupción, la impunidad y la falta de preparación en el personal que las guía. “Hace falta mejorar la capacitación de los encargados de las prisiones. Desde los más modestos hasta los más encumbrados, se necesita que tengan la personalidad adecuada para un cargo tan duro como un custodio o director; no pueden ser analfabetos, (deben) tener una formación especializada en materia carcelaria, someterse a exámenes y a una supervisión constante y eficaz que permita acreditar que sigue siendo confiable para una tarea tan delicada. “Tenemos muchas leyes. Hasta la saturación. Hasta la náusea. Tenemos leyes desde el plano constitucional hasta los protocolos. Si no tenemos una verdadera profesión de penitenciaristas, debidamente calificados y supervisados, de poco sirven las normas y las leyes de que disponemos”, dijo. Lamentó el estado de la mayoría de los más de 400 centros de reclusión a causa de una sobrepoblación que alcanza los 240 mil internos, por lo que llamó a hacer reajustes en el uso de la prisión preventiva, entre otras medidas. “Hacemos una sobreutilización de la prisión preventiva. Se aplica a personas titulares de una presunta inocencia, privados de su libertad hasta que se juzguen. Su uso es excesivo. Son muy altas las cifras de presos sin condena”, agregó. García Ramírez criticó la prisión “innecesaria”, en referencia a los casos de reclusión “cuando no es indispensable”, a pesar de haber cometido un delito. “La prisión no es la única pena posible. Hay alternativas. Existen en nuestras leyes y en la experiencia internacional. Aplicar otros medios de sanción que no entrañen privación de la libertad con todos los efectos corruptores de esta. “El sistema de seguridad pública y de justicia penal en nuestro país enfrenta problemas muy graves. Pero todo eso palidece si se compara con lo que acontece en las prisiones. Se supone que son centros de readaptación social, a sabiendas de que lo que se hace ahí adentro es todo menos readaptar o reinsertar”, fueron sus palabras. En suma, para Sergio García Ramírez la urgencia es una: restablecer el estado de derecho en las prisiones, tema que las autoridades han atendido con “oídos sordos, ojos que no ven y acciones no llegan”. Sobre la vulneración de derechos humanos, el silencio frente a estos y las leyes que se emiten pero no se cumplen, fue tibio: “La responsabilidad nos atañe a todos”. Y continuó: “evidentemente la carga más fuerte recae en las autoridades según sus respectivas competencias”.