MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles de derechos humanos manifestaron su respaldo a la iniciativa para despenalizar el consumo de mariguana en la capital del país. Convencidas de que “las políticas punitivas” contra el consumo de drogas “ha tenido un costo elevado para la sociedad”, las organizaciones dieron su apoyo a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al gobierno de Miguel Ángel Mancera para que se reforme “gradualmente la política de drogas hacia una regulación responsable”. En un comunicado conjunto firmado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Espacio Progresista y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), las agrupaciones consideran que existe una “correlación directa entre la llamada ‘guerra contra el crimen organizado’ en México y el aumento de violaciones a derechos humanos”. La guerra contra el narcotráfico que arrancó con el gobierno de Felipe Calderón, añaden, “ha dejado un saldo de al menos cien mil personas asesinadas, más de 25 mil desaparecidos, un aumento en los casos de tortura, un incremento alarmante en el número de personas detenidas y cientos de miles de personas víctimas de desplazamiento forzado”. De manera específica, apuntan que el costo de la política punitiva contra la oferta y consumo de estupefacientes ha afectado los derechos humanos no sólo de quienes habitan o transitan en el país, sino “particularmente de quienes utilizan drogas”. Luego de considerar que la iniciativa presentada por los legisladores perredistas va encaminada a “la reducción de riesgos y daños, la despenalización de usuarios de cannabis y la creación de espacios seguros (…) para proteger a los usuarios de la violencia vinculada al narcomenudeo”, las organizaciones hacen un llamado al gobierno federal y a otras entidades de la República para que repliquen la propuesta de los asambleístas. De aprobarse en la capital y en otros estados de la República, sostienen, el país avanzaría al pasar de un “paradigma prohibicionista hacia uno basado en el respeto de los derechos humanos, la justicia, la ciencia y la salud”. Si la iniciativa se aprueba, explican, aquellas personas que porten cannabis “sin fines de comercialización y/o distribución ilícita”, es decir, quienes lleven consigo menos de cinco gramos de mariguana (la cantidad permitida bajo la Ley de Narcomenudeo), no estarán sujetas al ejercicio de la acción penal, y las personas que porten entre cinco gramos y cinco kilos (la cantidad permitida en la competencia del DF) serán remitidas a una comisión de disuasión. El proyecto de ley, apuntan, también despenaliza a los usuarios de otras sustancias, en apego al artículo 279 de la Ley General de Salud, resaltando que quienes porten cantidades inferiores establecidas en el artículo 479 de esa ley serán enviados a una comisión de disuasión. Sobre las comisiones de disuasión, las organizaciones precisan que de acuerdo con la iniciativa “estarán basadas en los principios de colaboración, libertad y respeto a los derechos humanos”. También menciona la creación de “espacios de abastecimiento seguro” de la mariguana, supuestamente la droga más consumida en el Distrito Federal. Dichos espacios, añade, “además de ofrecer a las y los consumidores lugares seguros, pretenden separar los mercados de drogas y proteger a quienes utilizan drogas de violencia asociada al comercio clandestino de estupefacientes”.