El Chapo: Puente grande, puerta abierta

GUADALAJARA, JAL. (Proceso).- Por denuncias de custodios hechas en enero de 2000, que constan en actas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), enviadas luego a su homóloga, la Comisión Nacional (CNDH), y por las grabaciones que desde hace un año realiza el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), las máximas autoridades penitenciarias y policiacas estaban enteradas del alto grado de indisciplina y corrupción reinante en el penal de máxima seguridad de Puente Grande y no hicieron nada.

Fue necesaria la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán para que reaccionaran Y aunque el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, declaró que “no se escapó, lo sacaron”, otras versiones señalan que en una de sus habituales salidas del penal, Guzmán decidió no regresar porque le avisaron que podría haber cambios drásticos en Puente Grande.

Oficiales de prevención, como se llama formalmente a los custodios, investigadores policiacos y empleados de la CEDH, no se explican de otra manera cómo no se fugaron Héctor El Güero Palma y Arturo Martínez Herrera, El Texano -considerados también jefes del cártel de Sinaloa-, que al lado de Guzmán estaban siempre de acuerdo en todo y obraban de la misma manera.

En enero del año pasado, una decena de custodios se quejó ante la CEDH en el sentido de que recibían presiones que violaban sus derechos humanos y laborales, porque no se prestaban a la corrupción existente en el penal; la queja se envió a la CNDH, por tratarse de un reclusorio federal; por comunicaciones enviadas directamente a los inconformes, la comisión estatal se enteró de que el asunto iba a ser archivado como cuestión laboral y no como violatorio de los derechos humanos, recuerda la presidenta del organismo, Guadalupe Morfín Otero.

Pese a lo anterior, se enviaron a la CNDH más actas circunstanciadas y de comparecencia y quejas Así transcurrió todo el año 2000 La CEDH solicitó que se guardaran en secreto los nombres de los denunciantes para que no corrieran riesgos.

El 4 de diciembre, el tercer visitador de la CNDH, José Antonio Bernal Guerrero, envió un oficio a uno de los denunciantes -no a la comisión estatal- para informarle que no se podía garantizar su integridad física porque la comisión no cuenta con medios humanos ni físicos para hacerlo, pero que seguirían investigando y que, “de ser el caso, en el momento oportuno se estará en posibilidades de que se realice un pronunciamiento respecto de los actos de corrupción”.

El lunes 15 de enero, llegaron a Guadalajara dos visitadores de la CNDH, uno de ellos Joel García Citaron al denunciante en el hotel Laffayette para que los llevara ante el resto de los denunciantes y presionarlos para que se desistieran de sus quejas; algunos lo hicieron.

Al día siguiente, quienes se negaron a firmar el desistimiento, fueron aislados, incomunicados y torturados psicológicamente en Puente Grande, y más tarde, ya de madrugada -dijeron los afectados-, los carearon con el director Leonardo Beltrán Santana, con el subdirector jurídico, Dorantes Paz, y con el director de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, Enrique Pérez.

Morfín Otero trató de comunicarse en varias ocasiones con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, para informarle sobre lo que estaba pasando, pero nunca lo encontró ni obtuvo respuesta Entonces buscó telefónicamente al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero No lo encontró, pero le dejó toda la información
Al día siguiente, Gertz Manero envió a Guadalajara al subsecretario Jorge Tello Peón, subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio pasado y, como tal, con el Cisen a su cargo Estaba prevista una reunión con la presidenta de la CEDH, pero se suspendió, según Tello, por cuestiones domésticas de Morfín Otero, pero ella lo desmiente:

“Tello me habló desde un celular mientras iba hacia Puente Grande y le manifesté mi intención de recibirlo de inmediato, me di cuenta que estaba con el director del penal; entonces consideré que no había las condiciones de seguridad para que nos reuniéramos Me dijo que esa persona no subiría a mis oficinas, lo que me pareció una torpeza gravísima Le dije que no lo recibiría”.

El comienzo

El 25 de febrero de 1999, llegaron a Puente Grande, procedentes de Sinaloa, entre otros, Dámaso López Núñez, Carlos Fernando Ochoa López, Luis Francisco Fernández Ruiz, Jesús Vizcaíno Medina, quienes fueron nombrados comandantes de los custodios A partir de entonces comenzaron la indisciplina y la corrupción.

Según las denuncias de los custodios -consultadas por el reportero-, los presos privilegiados podían introducir la mejor comida y “luego se vio correr el licor y la droga en abundancia, de mariguana hasta cocaína entraban y salían dólares y también mujeres a toda hora”.

Varios de los comandantes trataron de obligarlos a involucrarse en la corrupción y les querían presentar “a los jefes, que son los internos Jesús Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera y Arturo Martínez Herrera” Recibirían entre mil y 2 mil 500 pesos al presentarse, más 250 pesos por turno que tuviera cada uno de ellos, mientras que uno de sus comandantes, Luis Francisco Fernández Ruiz, recibía mensualmente 10 mil dólares, según las denuncias.

Además -agrega-, El Chapo, en una microcomputadora, tenía todos los datos de los custodios como domicilio, teléfono, nombres de familiares Y señalan que pidieron la protección de la CEDH porque varios fueron golpeados y amenazados por no subordinarse.

El personal de vigilancia introducía desde alimentos y bebidas, hasta mujeres.

El 3 de diciembre fue asesinado Juan Castillo Alonso, exsubdirector de Seguridad Interna del penal de máxima seguridad de Almoloya, a quien, según los denunciantes, Guzmán y sus compañeros veían como un posible candidato a ocupar un alto cargo en Puente Grande Castillo trabajó al lado de Juan Pablo de Tavira, asesinado en Pachuca el 21 de noviembre de 2000.

La fuga

La fuga de El Chapo Guzmán trascendió en la mañana del sábado 20, aunque pudo haber ocurrido casi 24 horas antes, tal vez mientras en el mismo penal se realizaba una reunión conjunta de funcionarios responsables de seguridad nacional, encabezados por Tello Peón, a la que asistían visitadores de la CNDH, para discutir, en parte, el caso de los custodios y la alteración general de la disciplina interna.

Presuntamente, a las 21:15 horas del viernes 19, El Chapo todavía se encontraba en su celda, según reportó uno de los vigilantes, pero a las 22:35 horas, el director, Beltrán Santana, se dio cuenta de que no estaba ahí
Primero se informó que Guzmán se había ocultado en el carrito que se emplea para sacar la basura y la ropa sucia, pasando por varios retenes, custodiado siempre por al menos un vigilante.

También se dijo que estaba descompuesto el sistema de circuito cerrado de TV y que eso facilitó la huida Sin embargo los custodios dicen que las cámaras funcionan todo el tiempo -menos en la celda de Guzmán y las de otros narcos
Y agregan que lo más seguro es que ya no haya regresado a Puente Grande después de una de sus frecuentes salidas
Hace dos semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la extradición de mexicanos a Estados Unidos, y entre ellos estaría Guzmán Loera, por lo que, aunque sólo le faltaban unos tres años para quedar libre, prefirió fugarse.

Reforma total

Lo sucedido en Puente Grande, dice la licenciada Morfín Otero, tiene que investigarse desde el gobierno federal anterior, cuando dependía directamente de la Secretaría de Gobernación, “puesto que los custodios quejosos nos reportaron que las presiones para corromperse comenzaron el 25 de febrero de 1999”.

-¿Solapó la situación la CNDH?

-Llama mucho la atención, y a mí me lastimó mucho enterarme de que visitadores adjuntos de la Comisión Nacional habían presionado a nuestros quejosos, y lo he corroborado con sus familiares, para que se desistieran y esto no es explicable, porque estamos facultados y obligados a continuar las quejas, incluso de oficio, aun habiendo desistimiento, porque la vulnerabilidad en que están colocados los denunciantes los hace muy susceptibles a chantajes, amenazas e intimidaciones.

“Entonces hay una actuación probablemente indebida y he estado solicitando al contralor interno de la CNDH que intervenga, y me dijo que tenía que ratificar mi denuncia, no obstante que lo solicité en actas circunstanciadas el 17 y el 18 de enero y acabo de recibir otra que dice que es inevitable la ratificación en persona No sé por qué no se utiliza la suplencia en las actuaciones internas de esa comisión, que es el principio general del ombudsman, actuar en suplencia de la queja o bajo el principio de la inmediatez”.

-¿Hay o habría complicidades entonces?

-Esto no lo quiero decir yo Lo que quiero decir es que no hubo una respuesta rápida y que se tiene que investigar a fondo la responsabilidad administrativa u otro tipo de responsabilidad en que pudieran haber incurrido, porque tienen que decir por qué no se cubrió la confidencialidad de los quejosos, por qué se retrasó tanto su asunto, por qué no hubo un pronunciamiento enérgico, por qué no hubo una recomendación Hubo visitas y se hicieron cambios, pero meramente cosméticos y los mismos comandantes que se habían cambiado volvían al mismo lugar y se agravaban las cosas.

-¿Responsabilidad directa de la CNDH?

-Hay muchas cosas que la Comisión Nacional tiene qué explicar ¿Por qué nunca contesta a mis oficios? ¿Por qué Soberanes no responde a mis telefonazos? ¿Por qué nos tenemos que ir enterando a través de los oficios que ellos envían directamente a los quejosos sin darnos la menor información, mientras aquí vivimos conmovidos por esta prolongada y cotidiana tragedia de servidores públicos que nos pidieron ayuda para mantenerse íntegros?

“Además, hemos estado insistiendo ante la Tercera Visitaduría de la CNDH para que acudan visitadores como observadores locales, para que quienes tengan que rendir declaración puedan hacerlo en condiciones de total libertad y sin ser sometidos a ningún tipo de amenaza ni presión psicológica ni coacción por parte de nadie ni de Seguridad Pública ni de la PGR ni de alguna otra autoridad”.

Acerca de la situación en Puente Grande, dice que se tiene que establecer una “nueva cadena de mando”, que garantice la seguridad del penal “en términos de que no habrá fugas, que habrá un trato equitativo para todos, que se tomarán todas las medidas que garanticen a la sociedad el manejo de este centro de alta seguridad”.

Aclara, empero, que lo anterior no debe estar reñido con el respeto a la dignidad de las personas, “y que no suceda lo que ahora, que duermen con luz y en una misma posición todo el tiempo o les están tocando cada media hora para que no concilien el sueño profundo”.

Reportaje publicado originalmente en la edición 1265 de la revista Proceso del 28 de enero de 2001 y publicado también en la Edición Especial número 36 de este semanario.

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