El Sistecozome perdió la ruta

Según el titular de la Secretaría de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado, el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana opera con números rojos, por lo que la paraestatal comenzó a despedir empleados desde diciembre pasado. Hasta ahora van 300, la mayoría de los cuales fueron presionados para que firmaran su renuncia aun ante representantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, quienes avalaron esa injusticia laboral, dicen a Proceso Jalisco varios de los afectados.  

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) comentan a Proceso Jalisco que fueron presionados por directivos de la institución para que firmaran su renuncia “voluntaria”; de no hacerlo, les dijeron, no cobrarían su aguinaldo ni sus quincenas de diciembre.

Lo peor, aseguran, es que lo hicieron en presencia de empleados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quienes no hicieron nada para impedir esas arbitrariedades.

Hasta ahora, dicen, son 300 los despedidos en la dependencia, cuyo titular declaró la semana pasada que el propósito es sanear las finanzas, pues trabaja con números rojos. No obstante, algunos de los afectados sostienen que la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz sólo busca abrir espacios para colocar a su gente y para beneficiar a empresarios.

Gabriela Ruiz, quien trabajaba en el área de administración del Sistecozome, fue despedida en diciembre por negarse a firmar. Relata que funcionarios de la institución incluso la escoltaron hasta la puerta del edificio como si fuera una delincuente. “No me pagaron mi quincena ni el aguinaldo; nada”, dice a la reportera.

Relata que a la llegada de Sandoval Díaz comenzó el hostigamiento laboral en su centro de trabajo: “A mí, por orden del contador Andrés ‘N’, me voltearon el escritorio hacia la pared, como si hubiera cometido algún mal”.

Y se pregunta. “¿Dónde está la promesa del señor gobernador, quien dijo que iba a apoyar a las jefas de familia?”.

También cuestiona al titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Mauricio Gudiño Coronado, quien justificó el despido de personal del Sistecozome con el fin de sanear las finanzas; pero siguió contratando a más gente.

La semana pasada, Gudiño Coronado declaró a los reporteros que de 1995 a 2012 la deuda del Sistecozome creció de 24 millones a 237 millones de pesos. Era tal el desorden administrativo, dijo, que había 800 trabajadores para conducir los 100 camiones.

Para Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), toca a Sandoval Díaz informar quiénes son los responsables del quebranto patrimonial y sobre las acciones legales emprendidas contra ellos para resarcir los daños. Según él, no sobran trabajadores, sino escasean vehículos:

“Faltan 300 unidades para completar todas las rutas; incluso existe la posibilidad legal de ampliarlas y crear otras. Cada unidad genera una utilidad de aproximadamente mil 500 pesos diarios, lo que da 45 mil al mes, más 3 mil de publicidad, da un total de 48 mil pesos mensuales por camión.”

Y como faltan 300, dice, “tenemos una pérdida de 14 millones de pesos al mes”.

En relación con el saneamiento de la paraestatal, el subsecretario de Finanzas del gobierno, Héctor Pérez Partida, detalla que se destinarían 50 millones de pesos al organismo para el recorte de 300 de los 800 operadores. El exceso de empleados, dice, estaba provocando pérdidas por 10 millones de pesos al mes.

No obstante, el dato contrasta con el que proporcionó el propio Sistecozome a un ciudadano que el 23 de enero último solicitó información por medio de la Ley de Transparencia para saber el número de sus trabajadores y de unidades de transporte. La respuesta fue: 572 empleados, de los cuales 244 eran operadores, así como 133 vehículos en servicio, de los cuales 56 estaban fuera de circulación en ese momento “por diversos conceptos”.

Peña Cortés comenta que los 50 millones presuntamente destinados a la liquidación del personal pudieron utilizarse en la compra de 62 unidades de transporte o bien para dar un enganche de 160 mil pesos para adquirir 300 unidades que “con una administración honesta y eficiente se pagarían y la empresa se fortalecería”.

Sin embargo, agrega, el gobierno del estado optó por dejar a los usuarios del transporte público sin camiones ni trabajadores calificados; sin rutas de servicio públicas, y sin ningún beneficio para la sociedad”. Es probable que los particulares sean los ganones.

La paraestatal, dice, adeuda a los despedidos aproximadamente 70 millones de pesos por las demandas que éstos interpusieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

 

Lo que falta son vehículos

 

Hasta 1990, dice Cuauhtémoc Peña, el Sistecozome tenía 17 rutas que cubrían la mayor parte de la zona metropolitana, con transporte eléctrico y de diesel. Hoy sólo existen la 400 y la 500 –que son trolebuses–, así como la 51C, 19, 19A y 200.

Además, sólo 60 de las 85 unidades que circulan están en buenas condiciones y son modelos 2007 y 2009. De ellas, 18 son trolebuses.

Con ese parque vehicular, que transporta cada día a 29 mil 287 usuarios en promedio, asegura, “se recaudan 205 mil pesos”, que al mes representan más de 6 millones de pesos.

En Puerto Vallarta, refiere, había tres rutas del Sistecozome que contaban con 60 unidades; hoy sólo queda una, que utiliza de ocho a 12 camiones modelos 1999 y 2007.

En marzo de 1978, sostiene Peña Cortés, el Congreso estatal emitió la Ley Orgánica del Sistecozome (decreto 9760) cuyo propósito era administrar y operar los sistemas de transporte urbano. De entonces a la fecha, el organismo ha tenido seis titulares.

“Su punto alto –dice el entrevistado– se dio con el ciudadano Félix Flores; su punto más bajo fue con Francisco Ramírez Acuña. A partir de ahí inició la línea de decadencia y corrupción. Sus diferentes administraciones han tolerado y alentado la corrupción en todas sus manifestaciones.”

Durante los 18 años de administraciones panistas se coaccionó a los trabajadores de la paraestatal, comenta, “para evitar que se defendieran” y ahora “se les ha despojado de sus derechos”; con el regreso de los priistas al poder, los empleados del Sistecozome están siendo presionados “para que renuncien a sus derechos elementales”.

“¿Es legítimo y legal que se condicione el pago del aguinaldo, que se les despida con el pago de una quinta parte de lo que por derecho les corresponde como liquidación?”, se pregunta Peña Cortés. Y menciona el caso de René Ramírez Arriero, quien durante 15 años fue operador de la ruta 51C.

El 21 de diciembre pasado, por indicaciones de Roberto Navarrete, jefe de Tráfico de la paraestatal, Ramírez Arriero fue al depósito D1, donde el funcionario le informó que estaba dado de baja y le pidió ir al auditorio.

Isabel León Cruz, del Área Jurídica, y Georgina Vaca Bazán, de Recursos Humanos, lo presionaron para que firmara, asegura. “Me dijeron que me iban a liquidar sólo con 25% de lo que me corresponde por ley –cuenta el afectado–. Además, para podernos ahorcar, no nos dieron nuestro aguinaldo el día 20. A los compañeros que siguen ahí se los dieron hasta el 26 de diciembre, pero sólo 45%”.

En el caso de Ramírez Arriero, le dijeron que firmara su renuncia voluntaria, de lo contrario no le darían nada. “Me puse a pensar en mi familia, por lo que tuve que aceptar”, expone.

“Si el gobierno argumenta que la paraestatal representa pérdidas, que nos pasen el negocio a los trabajadores, que nos den los permisos… Y si se administra como es, el boleto de camión tendría que bajar a cinco pesos, porque da rentabilidad”, comenta.

Por su parte, Prisco Sandoval Castro, operador en la misma ruta hasta diciembre pasado, señala que su despido fue injustificado: “Después de una incapacidad me presenté a laborar y el supervisor me advirtió que no podía trabajar porque ya estaba dado de baja. Y me mandó al jurídico. Ahí me dijeron que estaba en lista, y que no podía hacer nada hasta que firmara mi renuncia”.

Con la entrada de la administración de Sandoval Díaz empeoró la prestación del servicio. “Los usuarios le batallan, tienen que esperar la ruta hasta una hora. Andábamos antes a seis minutos, la gente estaba muy contenta, pero ahora faltan camiones”, comenta.

Se queja también porque, dice, a los choferes se les presiona para que “ganen pasaje”, y como no tienen un sueldo base, sino sólo comisiones, se sienten pisoteados. “Si el gobernador diera la orden de que nos den un sueldo base, se cumpliría con el bienestar que tanto anuncia y se evitarían los accidentes”, señala Sandoval Castro.

Gerardo Saucedo León tenía siete años como operador de la ruta 200 cuando fue cesado. “Georgina Vaca me pidió que firmara mi renuncia voluntaria. Le dije que no iba a firmar nada. Antes de retirarme me comentó que si firmaba, para el año entrante, cuando llegaran los camiones nuevos, me iba a dar trabajo.

“Firmé en presencia de personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ellos nada más escucharon, pero no intervinieron, a pesar de la injusticia que se estaba cometiendo. Muchos operadores fueron llevados por su propio líder sindical (de Empleados del Sistecozome), Toribio Lucero, quien los convenció para que firmaran porque, les dijo, no iban a tener regalos para su familia en Navidad.”

Saucedo León acusa a León Cruz de quedarse con su cheque. Dice que ella le gritó delante del personal y los funcionarios de la Junta Local: “Para ti no va a haber cheques hasta que no retires las demandas que interpusiste en la pasada administración contra Sistecozome”.

Isabel León entregó los documentos firmados a Jesús Rodríguez, del Área Jurídica, quien lo retó a que presentara una nueva demanda.

Saucedo León relata que fue asaltado en varias ocasiones con violencia mientras circulaba en la unidad y pese a que tenía testigos, fue “obligado a pagar el monto robado mediante convenios, aunque el dinero estaba asegurado”.

Fernando Serna Ruvalcaba, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Sistecozome, comenta que habló con el secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, sobre los despidos injustificados que fueron ejecutados con la complacencia de personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El funcionario respondió que en el acta que levantó su personal no se asentó ninguna irregularidad. Era obvio que no se iba a poner por escrito, comenta Serna, y adelanta que presentará demandas ante la Junta Local por esos despidos injustificados.

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