El proceso contra El Vicentillo, asunto de “seguridad nacional” para EU

Jesús Vicente Zambada Niebla "El Vicentillo". Foto: Miguel Dimayuga

Este jueves debió fijarse la fecha para el arranque del juicio en Chicago contra Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, pero en los primeros días de la semana se anunció que se postergaba tal anuncio hasta el 25 de marzo. Sin embargo, un funcionario del gobierno de Washing­ton cercano al caso asegura a Proceso: “No habrá juicio”. De haberlo, afirma, saldrían a la luz los acuerdos que la DEA tiene con algunos narcotraficantes de México, e incluso con militares, policías y políticos de este país que le sirven como informantes. Por ello, el proceso contra el hijo del Mayo Zambada se volvió un asunto de “seguridad nacional” para Estados Unidos.

 

WASHINGTON (Proceso).- Con el propósito de evitar que salgan a la luz los acuerdos secretos entre la agencia antidrogas estadunidense (DEA) y los narcotraficantes mexicanos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un arreglo con Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, para que este personaje –hijo de uno de los capos del Cártel de Sinaloa– no sea enjuiciado en una Corte Federal.

“No habrá juicio”, dice a Proceso un funcionario del gobierno de Estados Unidos, quien pidió el anonimato. “Zambada Niebla aceptó dar información para evitar una posible sentencia de cadena perpetua”, matiza, y anuncia que el “compromiso” será anunciado en los próximos días en Chicago, donde está radicado el proceso contra el hijo de Ismael El Mayo Zambada.

La fuente, involucrada directamente en el caso del Vicentillo, apunta que el acuerdo con el hijo del Mayo también favorece los intereses del Departamento de Justicia en México.

“El juicio hubiera sido muy costoso para el Departamento de Justicia. Podrían haberse dado a conocer varios acuerdos entre las agencias federales (como la DEA) con el narcotráfico mexicano; es decir que en el juicio se corría el riesgo de tener que haber identificado los nombres de informantes en México, entre quienes hay narcotraficantes, militares, policías y políticos”, enfatiza el funcionario del gobierno de Barack Obama.

Extraditado El Vicentillo a Estados Unidos el 18 de febrero de 2010, su caso lleva cuatro años sin definirse en la Corte Federal del Distrito Norte, con sede en Chicago, ante el juez Rubén Castillo, quien en un principio programó para el jueves 27 de febrero la audiencia en la que se anunciaría la fecha de inicio del juicio.

“No se enjuiciará al Vicentillo”, insiste la fuente. “Habrá juicio, pero contra los hermanos Flores (Margarito y Pedro), los operadores del Cártel de Sinaloa en Chicago”, acota.

El arreglo al que presuntamente llegó El Vicentillo con el Departamento de Justicia consiste en dar información sobre actividades de cárteles rivales del de Sinaloa –el cual dirigen Joaquín El Chapo Guzmán Loera, El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul– y sobre “algunos operadores” de este grupo en Estados Unidos.

“Todo a cambio de 15 o 20 años de cárcel en Estados Unidos, lo que es mejor que la cadena perpetua”, sostiene el entrevistado.

Desde el 12 de febrero de 2012 Zambada Niebla –cuyo juicio se ha postergado por “razones legales” tanto de la defensa como de la fiscalía– está acusado de ocho delitos ante la Corte Federal en Chicago.

En la causa judicial que la DEA emprendió en su contra a partir de 2003 ante las cortes Federal en Chicago y del Distrito de Columbia se le acusa de tráfico de drogas a Estados Unidos y de lavado de dinero. El gobierno sostiene que por los ocho delitos que le imputa, Zambada Niebla obtuvo ganancias por 500 millones de dólares. De ser declarado culpable, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Desde el arranque de las audiencias preparatorias del juicio contra El Vicentillo –Proceso es el único medio mexicano que ha asistido a más de 90% de ellas– se percibía en la Corte mucho nerviosismo de los fiscales del Departamento de Justicia y un gran aplomo de la defensa.

En la primera de esas diligencias –el 8 de noviembre de 2010–, los abogados de Zambada (Edward Panzer, George L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fernando X. Gaxiola) le exigieron al juez Castillo la libertad bajo fianza de su cliente alegando la existencia de un acuerdo con la DEA gracias al cual se había concedido una “garantía de inmunidad” para el hijo del Mayo por haberse convertido en “informante” del gobierno estadunidense.

Castillo rechazó esa petición respaldándose en la respuesta del Departamento de Justicia: el gobierno de Estados Unidos negó la existencia del supuesto acuerdo de inmunidad, lo que de inmediato desató una serie de intrigas y la orden de desclasificar algunos documentos –y clasificar otros– sobre El Vicentillo.

El Departamento de Justicia apeló incluso a las garantías de seguridad nacional para no dar a conocer expedientes con los que –aseguraba– desmentía el argumento de la defensa. En este punto Castillo le dio la razón a la fiscalía.

Los abogados del Vicentillo presentaron ante Castillo los documentos (disponibles para el público en la Corte Federal en Chicago) con los cuales pretendían sustentar la existencia del acuerdo de “inmunidad” que la DEA habría ofrecido a su cliente.

 

Loya Castro

 

Aun sin ser audiencias propias del juicio, desde noviembre de 2010 en los expedientes surgió el nombre de Humberto Loya Castro, supuesto abogado del Cártel de Sinaloa. En las primeras audiencias preparatorias se reveló la presunta relación entre la DEA y el grupo criminal sinaloense, conseguida gracias a los oficios de Loya Castro.

El abogado había sido informante de la DEA durante años y era quien pasaba información al gobierno de Estados Unidos sobre las actividades del narcotráfico en México.

Los documentos que la defensa y el Departamento de Justicia le presentaron a Castillo prueban que Loya Castro era informante de la DEA; por eso en 2008 el gobierno de Estados Unidos –por recomendación de supervisores de la agencia antidrogas– le perdonó los delitos de narcotráfico que pesaban en su contra desde 1995 en la Corte del Distrito Sur, en California.

En una moción que la defensa del Vicentillo le entregó al juez Castillo el 27 de octubre de 2011, se reiteraba la exigencia de “inmunidad frente a los cargos de narcotráfico”. Según Panzer, quien firmó el documento, El Vicentillo habría proporcionado a la DEA información respecto de las actividades del narcotráfico mexicano.

Nuevamente la respuesta a la moción fue negativa, lo que obligó a la defensa a solicitar entonces que Loya Castro se presentara como testigo en el juicio de su cliente.

La reacción del gobierno fue sorprendente. Los fiscales Thomas Shakeshaft, Gal Pissetsky, Andrew C. Porter, Michael J. Ferrara y Marc Krickbaum le dijeron al juez Castillo que Loya Castro no podía ser testigo en el juicio, pues eso sería muy peligroso. Además los fiscales volvieron a negar la existencia del presunto acuerdo entre El Vicentillo y la DEA.

Los documentos presentados ante la Corte en Chicago evidenciaron que el agente de la DEA Manuel Manny Castanon era quien presionaba a los fiscales para que hicieran que el juez evitara que Loya Castro se presentara como testigo. Castanon fue quien reclutó al abogado como informante.

En las audiencias de 2011 los abogados del Vicentillo le aseguraron a Castillo que Loya Castro había sido quien convenció a su cliente de que se hiciera informante de la DEA.

En la argumentación de los abogados de Zambada Niebla se estableció (aunque no se comprobó con documentos) que éste fue informante de la DEA, aunque Castanon, David Herrod, Steven Fraga y Carlos Mitchem, también agentes federales antinarcóticos, lo traicionaron.

La defensa le aseguró a Castillo que en enero de 2009 los agentes de la DEA le informaron a Loya Castro que el Departamento de Justicia habría aprobado el acuerdo para otorgarle inmunidad al Vicentillo.

 

“Top secret”

 

En los documentos presentados ante la Corte están registradas las reuniones que tuvieron los abogados de Zambada Niebla con Loya Castro. Éstas tuvieron lugar el 9 y el 14 de marzo de 2010 en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México y en ellas supuestamente el abogado del Cártel de Sinaloa se puso a disposición de la defensa para testificar en el juicio.

En la audiencia del 27 de octubre de 2011 llamó la atención que el abogado Michaelson aceptara “que posiblemente fuera correcto” que no hubiese un acuerdo con la DEA. Sin embargo, destacó ante el juez que El Vicentillo tenía derecho a la inmunidad con base en un precedente legal en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Este precedente apunta que el extranjero que coopere con el gobierno “no necesariamente está excluido de inmunidad”, por desconocer las leyes de otro país cuyas autoridades hacen un compromiso con el afectado.

En esa misma audiencia la fiscalía no refutó la relación de Loya Castro con la DEA, e incluso ante el juez Castillo reconoció que ésta comenzó en 2005.

Frente a tantas contradicciones de la defensa y del Departamento de Justicia, el juez Castillo solicitó al gobierno que las agencias federales con presencia en México le entregaran toda la información sobre Zambada Niebla.

Entre noviembre y diciembre de 2012 el Departamento de Justicia entregó a la Corte de Chicago alrededor de 3 mil 500 documentos sobre Zambada Niebla con información recopilada en México por la DEA, la CIA, el FBI, el ICE, el CBP, la NSA, el Pentágono y otras agencias de inteligencia.

Entre toda esta información hay expedientes que fueron clasificados como “top secret”, a los cuales sólo el juez tiene acceso y se encuentran guardados en una caja de seguridad en la Corte Federal en Chicago.

En una declaración por escrito y firmada por Castanon –entregada a Castillo por los fiscales el 2 de diciembre de 2012–, el agente de la DEA sostiene que “no existe ni nunca existió” un acuerdo con El Vicentillo para darle inmunidad.

Ese mismo día Patrick Fitzgerald, fiscal federal a cargo del Distrito Norte, en otro documento le comunica a Castillo que no había acuerdo con El Vicentillo.

En su declaración ante el juez, Castanon relata que el 30 de enero de 2009 su CS (confidential source o fuente confidencial, como llama a Loya Castro) le comunicó que El Vicentillo tenía intención de hablar con la DEA. En consecuencia se organizó una reu­nión entre el hijo del Mayo y los miembros de la agencia para el 18 de marzo de 2009 en el hotel Sheraton de la Ciudad de México.­

Al detallar aspectos de la reunión llevada a cabo la madrugada de ese día, Castanon establece: Zambada Niebla “sólo quería decirme en persona que era en serio lo de cooperar con nosotros y que haría lo que fuera necesario para lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Habló del encausamiento en su contra en Washing­ton y dijo estar dispuesto a cooperar con el gobierno con tal de que se le anularan los cargos”.

Unas horas después de la reunión con los agentes de la DEA, El Vicentillo fue detenido por militares mexicanos.

Una fuente de la agencia antidrogas, quien pidió la reserva de su nombre, asegura al corresponsal de Proceso que no fueron ellos quienes dieron el pitazo al gobierno mexicano acerca de la presencia de El Vicentillo en la Ciudad de México.

“Ahora tenemos la seguridad de que el gobierno mexicano tenía interceptados los teléfonos de nuestros agentes y los mantenía bien vigilados”, sostiene.

En otra parte del documento firmado por Castanon, el agente de la DEA da cuenta de las conversaciones telefónicas que tuvo con Loya Castro entre el 14 de agosto y el 1 de septiembre de 2011.

En el recuento de esas conversaciones Loya Castro se compromete a ser testigo en el juicio del Vicentillo y a decir toda la verdad sobre el acusado. Castanon refiere que incluso el abogado del Cártel de Sinaloa le comentó que El Mayo y El Chapo estaban conscientes de que El Vicentillo no tenía ningún acuerdo de inmunidad.

En otra de esas llamadas telefónicas, la del 23 de agosto de 2011, Loya Castro le dice a Castanon que aun cuando se compromete a hablar sobre El Vicentillo, no se presentaría en persona para testificar en el juicio.

El acuerdo con el cual Loya Castro con su firma se convierte en informante de la DEA –documento cuya copia está en la Corte Federal de Chicago– caducó el 18 de febrero de 2010, por lo cual el estatus actual del abogado es de “informante desactivado”.­

Con el argumento de evitar riesgos a la seguridad personal del Vicentillo, el juez Castillo aceptó la propuesta del Departamento de Justicia y, a mediados de 2011, ordenó que Zambada Niebla fuera encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Milan, Michigan.

“Desde que fue extraditado por el gobierno de México, Zambada Niebla ha estado pasando información, lo que facilitó los trámites para alcanzar el acuerdo de que no se le sometiera a juicio”, remata el funcionario del gobierno de Estados Unidos.

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