LONDRES (apro).- Aunque Gran Bretaña se vanagloria de ser uno de los países más desarrollados y ricos del mundo, con el mayor número de nuevos multimillonarios a nivel global y un creciente sector industrial, es víctima de una crisis de indigencia como consecuencia de los impopulares recortes al gasto público impulsados por el primer ministro británico, el conservador David Cameron. La coalición gobernante, que entró en el poder en mayo de 2010 tras once años de gobiernos laboristas, tiene como principal objetivo reducir a toda costa el enorme déficit fiscal y el gasto presupuestario, sin importar el impacto que pueda tener en las personas más vulnerables de la sociedad. El gobierno británico amenazó con recortes en el gasto público por valor de 25 mil millones de libras (30 mil millones de euros) tras las elecciones generales que se celebrarán en el país en 2015. De esos 25 mil  millones de libras, 12 mil procederán de los subsidios sociales a los menores de 25 años. Los ajustes se lograrían mediante restricciones al alojamiento de protección oficial de los ciudadanos que perciban un salario anual superior a las 65 mil libras. De esa forma, la Administración de Cameron hará que el Estado del Bienestar, creado como red de protección tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tenga un tamaño más pequeño, al tiempo de advertir que 2014 será el año de las verdades “duras”. Fue en ese contexto que un grupo de 43 autoridades eclesiásticas, incluidos 27 obispos anglicanos, firmó una carta abierta instando a Cameron a tomar medidas urgentes contra la indigencia en Gran Bretaña. Los prelados indicaron que los recortes del gobierno al sistema de subsidios públicos, incluidos de vivienda y manutención por hijo, dejó a millones de británicos sin tener suficiente para comer y los forzó a alimentarse a través de ollas populares. Entre los firmantes estaban los obispos anglicanos de Durham, Manchester y Leicester, como también autoridades de los quákeros y metodistas. La carta fue enviada en el marco de la campaña nacional "End Hunger Fast" (Poner fin rápido a la indigencia), que calificó la situación en el país de "completamente shoqueante". El grupo pidió además que se establezca el día nacional del ayuno, el 4 de abril, para que la población en su conjunto tome nota de un problema que sucede en uno de los países “ejemplo” de Europa por el “éxito” de los recortes al gasto público a la hora de estabilizar la crisis económica. "Frecuentemente escuchamos hablar acerca de decisiones difíciles (que el gobierno debe tomar). Pero no debe haber decisiones más difíciles que dejar cada invierno a decenas de miles de ancianos ante la opción de 'utilizar calefactores en sus hogares o alimentarse', o de familias cuyos salarios han quedado estancados mientras los precios subieron un 30% en los últimos cinco años", indicó la misiva. "Como sociedad debemos enfrentar el hecho que más de la mitad de personas que se ven obligadas a alimentarse a partir de ollas populares fueron puestas en esa posición debido a los recortes de subsidios y fallas del sistema, ya sea por demoras de pagos como por sanciones punitivas", agregó. Según la campaña, más de medio millón de personas recibieron alimentos de emergencia en ollas populares del Reino Unido desde abril pasado, en su mayoría trabajadores con bajos sueldos, desempleados y madres solas con hijos. Keith Hebden, portavoz de la campaña nacional "End Hunger Fast", afirmó que muchas circunstancias "empujan a la gente más marginal a padecer hambre, un hecho que se ha agravado por los recortes de subsidios, estancamiento de salarios y aumento de precios". "El gobierno está fallando en su obligación de cuidar y proveer de seguridad básica a sus ciudadanos", destacó Hebden. Por su parte, el gobierno dijo que quiere que la población "se pueda parar en sus propios pies" y por ello decidió recortar la dependencia de muchos al Sistema de Bienestar Social. "Por supuesto que muchas familias enfrentan épocas difíciles como resultado de la peor recesión en un siglo. Pero nuestras reformas ayudarán a la reconstrucción de un país en que su población no quede atrapada en un círculo de dependencia", indicó un portavoz oficial de la residencia de Downing Street, en Londres. La carta abierta fue dada a conocer luego que el Arzobispo de Westminster y jefe de la Iglesia Católica de Inglaterra y Gales, Vincent Nichols, advirtió que las reformas al sistema de Bienestar están dejando a muchas personas "en la destitución total" y calificó esas medidas del gobierno como "una desgracia". Nichols, quien el pasado 22 de febrero fue ordenado cardenal por el papa Francisco, afirmó a la prensa británica que el sistema de Bienestar Social se está volviendo "cada vez más punitivo" en medio de la mayor reforma a su estructura interna en décadas. "Mi preocupación es dar a conocer las voces que escucho de la gente, que me dicen que quedaron sin apoyo estatal, que tienen hambre y son indigentes", destacó el prelado. "Debe haber algo mal en la administración de un sistema que afectó a tantas vidas", continuó Nichols. A esa crítica, Cameron respondió defendiendo los recortes de subsidios y dijo que su gobierno "tiene la misión moral" de evitar la dependencia de muchos británicos a las ayudas del Estado. El jefe del gobierno admitió además que aunque respeta la posición del prelado católico, está en "profundo desacuerdo" con Nichols. En un artículo publicado en el periódico conservador Daily Telegraph el pasado día 19, el Primer Ministro consideró que las reformas al sistema de Bienestar Social les están dando a la gente "nueva esperanza y responsabilidad" y forman parte de una "misión moral" del gobierno de coalición. Según Cameron, el plan económico de Gran Bretaña "es hacer las cosas bien. “Y en ningún área es más cierto que en el de Bienestar Social. Para mí, el factor moral para reformar ese sistema es tan importante como que cierren los números", agregó. El mandatario dijo también que las críticas del Arzobispo acerca de que una "red de sostén" para las familias más pobres "fue destruida", no son ciertas, luego de indicar que las reformas "son lo correcto en principio y en la práctica". Cameron afirmó que para que la economía británica crezca es necesario que el gobierno tome decisiones difíciles. "Pero nuestro sistema de Bienestar Social va más allá que eso, se trata de darle un nuevo propósito, nuevas oportunidades y esperanza a la gente, y sí, nuevas responsabilidades para aquellas personas que previamente habían sido excluidas y que no tenían oportunidades", continuó. En ese sentido, consideró que avanzar con las reformas "está en el centro del plan económico a largo plazo, como también de la misión moral y social de la política actual". La coalición gobernante ha lanzado la mayor reforma al sistema de Bienestar Social en décadas, que ha incluido unificar los subsidios en una ayuda única, y reducir de forma masiva pagos por vivienda, desempleo y manutención por hijo para desincentivar la "dependencia a la ayuda estatal". Desde la oposición, la ministra de Trabajo y Pensiones en la sombra, la laborista Rachel Reeves, consideró que la carta abierta de los religiosos "es un llamado de atención" para Cameron y para toda Gran Bretaña. "Las políticas de su gobierno están haciendo más duras las vidas de familias que enfrentan una crisis de costo de vida y que perdieron su poder adquisitivo en más de 2.600 dólares por año desde 2010", indicó la parlamentaria. De acuerdo con Reeves, el achicamiento del sistema de Bienestar Social impulsado por la coalición conservadora-liberal democrática "ha penalizado, en lugar de haber ayudado, a aquellos que están haciendo lo correcto". Las reformas al Sistema de Bienestar no sólo afectan a los británicos, sino también a los europeos que quieran trasladarse a residir en el Reino Unido. A partir del 1 de marzo, dichos inmigrantes comunitarios deberán demostrar que ganan al menos 149 libras esterlinas por semana (unos 250 dólares) para poder acceder a cualquier subsidio del Estado. Según el ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, las reformas "garantizarán que el Reino Unido tenga un sistema justo, que provea de apoyo a los casos genuinos de trabajadores y aquellos que buscan trabajo, pero que no permita que personas decidan trasladarse al país para tomar ventaja de nuestro sistema de subsidios".