GUANAJUATO, Gto. (apro).- El exdirector jurídico del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), Pedro Jacobo Sandoval Orozco, fue acribillado la noche del lunes 3 en San Francisco del Rincón, a donde aparentemente había ido a ver a un cliente. El abogado, quien el año pasado fue acusado de fraude por varias familias que le entregaron pagos por viviendas del fraccionamiento Lomas de San José cuando fungía como director jurídico del Imuvi, recibió siete impactos de bala. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) informó que Sandoval Orozco, de 32 años, se encontraba en su automóvil sobre el libramiento sur de San Francisco del Rincón, frente a una vulcanizadora, cerca de las 19:30 horas de lunes cuando una persona se acercó a su vehículo en una motocicleta. Según testigos, el sujeto abordó a Sandoval y comenzó a platicar con él. Luego ambos entraron al automóvil Jetta del exfuncionario municipal y unos minutos después se escucharon varias detonaciones. Los testigos señalaron que el abogado alcanzó a salir del automóvil y gritaba que le estaban disparando; pero el hombre que lo atacó continuó la agresión y salió tras él con el arma en la mano y le siguió disparando. Poco después, huyó. El abogado tenía tres años de residir en León, donde laboraba en un despacho. En la ciudad de Guanajuato una fuente allegada a la PGJ indicó que el expediente iniciado por fraude en contra del exdirector jurídico del Imuvi a mediados del año pasado al parecer ni siquiera estaba aún consignado ante un juez, por lo que, ante su muerte, éste sería archivado. Por lo menos siete familias señalaron al exfuncionario como responsable de haberles cobrado en efectivo los pagos por la vivienda que adquirieron a través del Imuvi en Lomas de San José. Inicialmente se habló de pagos por unos 60 mil pesos, recursos que fueron entregados personalmente a Sandoval Orozco, sin embargo, éste dijo a los defraudados que la cuenta en la que se hacían los depósitos estaba cancelada. De acuerdo con las denuncias hechas por los afectados, Sandoval recibió algunos de estos pagos en las oficinas del instituto, supuestamente con el conocimiento del director Andrés Bello. En mayo del 2013, Andrés Bello se deslindó del proceder de su subordinado; Jacobo Sandoval fue cesado y se inició una investigación que no llegó a resolver la situación de las familias afectadas. El Imuvi no sólo se negó a reconocer los pagos hechos al exdirector jurídico –con el argumento de que afectarían la situación patrimonial del organismo–, sino que la denuncia y la correspondiente averiguación previa iniciada en contra de Sandoval “se atoró”, según queja de los propios defraudados.