MORELIA, Mich. (apro).- Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, dio a conocer que el mineral asegurado de forma precautoria el pasado lunes –119 mil toneladas– tiene un valor en el mercado de 15 millones 360 mil dólares. En conferencia de prensa el funcionario añadió que lo incautado equivale al 44% de las 271 mil 676 toneladas de mineral de hierro exportado en lo que va del 2014, lo que representa, dijo, un duro golpe al crimen organizado. “Estamos hablando de millones de dólares por el embargo precautorio, pero además, estamos hablando de cientos de millones de dólares que se está evitando que ingresen a las manos del crimen organizado, a través del cobro de extorsión y la propia explotación ilegal de minas, si tomamos en consideración que se está limitando las posibilidades de extracción, transportación, almacenamiento, procesamiento, acopio, legalización y exportación para el futuro”, dijo. Sin referirse a un cártel en particular, Castillo indicó que hay indicios de que la delincuencia organizada cobraba entre cuatro y siete dólares por tonelada de mineral extraído a los propietarios de los puntos de extracción. Además, dijo, cobraba cantidades adicionales por los procesos de transportación, almacenamiento, procesamiento, extracción, “legalización” y exportación. “Se estima que mensualmente estas empresas obtenían ganancias de 15 dólares por cada tonelada exportada”, detalló. Según el funcionario, la mayoría de esos puntos de extracción están en los municipios de Arteaga, Lázaro Cárdenas y Aguililla, antes de ingresar el mineral a los patios fiscales, éste era llevado a los 11 patios de acopio que fueron clausurados durante el operativo. El terreno de 68 mil 550 metros cuadrados, denominado La Isla de la Palma, en donde se encontraban estos patios, tenía una denuncia por despojo desde hace dos años y hoy fue restituido al gobierno del estado, afirmó el comisionado. Además, dijo que el SAT también investiga las concesiones de las minas porque hay indicios de que el crimen organizado, después de extraer mineral buscaba a personas que tuvieran concesión autorizada para la explotación de mina y “algunos de ellos eran presionados y otros se prestaron para utilizar sus concesiones, para subir este material y poder exportarlo”. Por ello, explicó, había ocasiones en que el mineral extraído ilegalmente podía ingresar a los patios fiscales, “por decirlo así, legalizado”. El funcionario comentó que además del mineral incautado, se aseguraron 124 máquinas que no son de fácil adquisición y que sus propietarios deberán acreditar ante la autoridad su estancia legal en el país y explicar cómo las adquirieron. Castillo comentó que durante la segunda parte del operativo, que se llevó a cabo el martes pasado, el SAT dio vista legal de irregularidades detectadas que son competencia de otras dependencias federales y de la Procuraduría General de la República (PGR). Por ejemplo, dijo, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) detectaron que en seis patios de los 11 clausurados carecían de licencia ambiental única, no tenían autorizaciones de impacto ambiental, ni cambio de uso de suelo. Tampoco contaban con los permisos como generadores de residuos peligrosos, por lo que se decretó la suspensión de actividades. Además carecían de documentación que pudiera acreditar que sus trabajadores están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó. Castillo también hizo referencia a seis ciudadanos chinos que fueron encontrados en los patios de almacenamiento clausurados. Dijo que cinco de ellos realizaban actividades distintas a las que fueron autorizadas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) a su ingreso al país. Además, señaló, no dieron avisto de su cambio de domicilio y el sexto ciudadano chino tenía visa de turista por lo que la autoridad migratoria le ordenó salir del país en un término no mayor de 10 días.