GUANAJUATO, Gto. (apro).- El Centro de Derechos Humanos “Victoria Díez” denunció que una mujer guanajuatense tuvo que recurrir a la justicia federal para obtener una orden de protección por violencia intrafamiliar, debido a que el agente del Ministerio Público (MP) se negó a otorgársela. Pese a que ese mecanismo de protección está previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la práctica se restringe a criterio de los agentes del MP, que deciden concederlo sólo cuando las víctimas formalizan una denuncia, aunque eso no es un requisito, detalló la organización. En el marco del Día internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el Centro de Derechos Humanos precisó que el pasado 28 de febrero un Juzgado de Distrito concedió el amparo a una mujer que días antes acudió a una Agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar, de la Procuraduría General de Justicia estatal, para solicitar auxilio de manera urgente. No obstante, el agente del MP le negó la orden de protección porque aquella se negó a presentar una denuncia y porque no presentó las evidencias que le fueron solicitadas “para comprobar que era verdad los hechos de violencia que narró”. El juez de Distrito confirmó que la denuncia no es un requisito para contar con esa protección, y basta con que las mujeres señalen que se encuentran en una situación de riesgo. “El juez indicó que el hecho de exigirles la interposición de una denuncia y el ofrecimiento de pruebas a cambio de otorgar la orden, resulta una carga discriminatoria y excesiva” para las víctimas de violencia, ya que “son parte de un colectivo en condiciones de vulnerabilidad, a quienes se debe facilitar el acceso a la justicia”, expuso la organización. Los requerimientos del MP, sentenció en el juicio de amparo, violan el derecho de la víctima al acceso a una vida libre de violencia. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos “Victoria Díez”, en lo que va del gobierno de Miguel Márquez, casi un centenar de mujeres han sido víctimas “de la forma más extrema de violencia: los feminicidios”. Asimismo, indicó que si bien el amparo que ganó la mujer violentada es un precedente importante para la protección de las víctimas, atañe sólo a uno de los mecanismos de prevención a los que el Estado está obligado, por lo que hasta el momento en Guanajuato no está garantizado el respeto a la vida y a la integridad de las mujeres. “Conminamos a todas las autoridades a que tomen todas las medidas necesarias para la remoción de los obstáculos de hecho y de derecho, con el objeto de que los pocos mecanismos de prevención de violencia contra las mujeres sean aplicados efectivamente”, subrayó.