China: Mordaza a la prensa

BEIJING (apro).- La campaña anticorrupción más rotunda que se recuerda en China está recibiendo la entusiasta colaboración de agentes de dentro y fuera del país. Pekín, sin embargo, no parece muy agradecido. Un informe periodístico internacional sobre fortunas de familiares de líderes ha sido censurado y desdeñado mientras varios activistas que exigen la misma transparencia que el Gobierno, han acabado en los tribunales. El calendario ha subrayado las paradojas de Pekín, tan preocupada por encarcelar a los corruptos como de acallar a los que no respetan los ritmos ni las zonas blindadas de su campaña.

La imbricación entre dinero y poder en China quedó impúdicamente desnudada con la publicación el 23 de enero de un mastodóntico informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas inglesas). Mirándolo objetivamente, le ahorraron un fatigoso trabajo de investigación a Pekín: una cincuentena de periodistas examinó 2.5 millones de documentos durante seis meses hasta identificar a 22 mil clientes con residencia en China que tenían cuentas en paraísos fiscales, especialmente en las Islas Vírgenes británicas.

Entre los señalados están los familiares de la élite que ha pilotado el país desde su apertura económica: Xi Jinping, actual presidente, Wen Jiabao, anterior primer ministro, Hu Jintao, anterior presidente, Li Peng, el exprimer ministro responsable de la matanza de Tiananmén, o Deng Xiaoping, el arquitecto de las reformas.

El informe asegura que figuraban familiares de al menos cinco miembros actuales o pasados del Comité Permanente del Politburó (el órgano de siete miembros que pilota el país). También hay jefes de compañías estatales y algunos de los empresarios privados más ricos del país, como Zhang Xin, promotor inmobiliario, o Pony Ma y Zhang Zhidong, los fundadores de Tencent, uno de los gigantes de Internet. El informe asegura que algunos de los líderes están “usando agresivamente paraísos fiscales para guardar activos, sacar a bolsa empresas en mercados de diferentes partes del mundo, comprar y vender inmuebles y conducir sus negocios fuera de la burocracia y controles de Pekín”.

El documento tiene sus límites: no demuestra que las fortunas tengan un origen ilegal, ni que los líderes estuvieran al corriente de las actividades de sus familiares. Y ni siquiera la utilización de paraísos fiscales es estrictamente ilegal. Pero la revelación de que esconden fortunas fuera del país tiene un potencial devastador para un Gobierno que ha hecho de la lucha anticorrupción y la reducción de la brecha entre ricos y pobres sus principales argumentos políticos.

Así que Pekín ordenó el acostumbrado protocolo: censuró las webs de los diarios que habían publicado el informe y bloqueó las palabras sensibles en los buscadores chinos. Una empleada en un instituto de cultura europeo señalaba a esta revista que sólo un compañero en la oficina había oído hablar del informe.

El perfil en la oficina son jóvenes que hablan inglés, viven en la cosmopolita Pekín, tienen estudios elevados y disponen de programas informáticos para burlar la censura. No cuesta mucho imaginar la ausencia absoluta de impacto del informe en otros perfiles menos refinados. China ya había censurado las webs de los medios estadounidenses The New York Times y Bloomberg en 2012 por informaciones sobre las riquezas familiares de Xi Jinping y Wen Jiabao. A algunos periodistas extranjeros no se les ha extendido el visado y han tenido que abandonar el país.

Wong Yiu-chung, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Lingnan (Hong Kong), considera que la lucha contra la corrupción de Xi es “decididamente” más seria que las anteriores y no cree que el informe la vaya a cambiar. “Éste sólo evidencia la ferocidad de las peleas de poder en Pekín. Alguien desde dentro tiene que haber dado la información a la prensa”, sostiene por email. Muchos analistas creen que el esfuerzo de investigación que requieren estos cíclicos reportajes sobre fortunas de líderes chinos sería inútil sin alguien que señalara antes dónde husmear.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, calificó al día siguiente el estudio de “poco convincente” e intuyó detrás “oscuros motivos”. “Lo que quiero dejar claro es que se probará que los que están limpios, están limpios, y los que están sucios, que están sucios”, respondió cuando se le preguntó si China investigaría la fuga de capitales.

Scott Kennedy, director del Centro de Investigación de Negocios y Políticas Chinas, también valora el esfuerzo de Xi pero duda de su duración. “Está aún por ver si es temporal o permanente. El partido no ha cambiado su enfoque básico consistente en persuasión moral, prohibiciones y juicios. No requiere la mayor transparencia y los mecanismos contables independientes que serían necesarios a largo plazo. Aunque quizá no sea ese su objetivo, sino demostrar al público su compromiso y evitar que el problema se escape fuera de control”, explica por email.

El calendario quiso que la revelación del informe periodístico coincidiera con el juicio a Xu Zhiyong, quien acumula una década de ejemplar y tozudo activismo social. Zhu fue condenado a cuatro años de cárcel por “reunir a multitudes para perturbar el orden público”, según un tribunal de la capital. Zhu es el cofundador del Movimiento Nuevos Ciudadanos, que a través de pacíficas y minoritarias concentraciones públicas defiende la justicia social y la transparencia. Su discurso no suena muy diferente al mantra que diariamente repite Pekín.

Es el juicio de mayor relevancia desde que Liu Xiaobo, después premiado Nobel de la Paz, fuera condenado a once años de prisión en 2009 por escribir un manifiesto prodemocrático. Otros cuatro miembros del Movimiento Nuevos Ciudadanos ya han sido juzgados y esperan sentencia. Quizá recordando la condena a Liu, los miembros evitaron las estructuras formales y se limitaron a reunirse para cenar y unos cuantos celebraron protestas callejeras en la que pedían, entre otros asuntos, que los líderes hicieran públicas sus cuentas corrientes. Tampoco ese mensaje es nuevo: el ex primer ministro Wen Jiabao ya lo había exigido en 2012. Pero la popularidad creciente del Movimiento Nuevos Ciudadanos entre la ciudadanía precipitó la reacción de Pekín.

La corrupción en China viene de lejos. Los funcionarios del partido han heredado los excesos en el ejercicio del poder que durante siglos caracterizaron al mandarinato. Ahí nació la figura del peticionario, aún vigente: son las víctimas que peregrinan hasta Pekín desde cualquier esquina del país con la esperanza de que el emperador antes o la élite del partido ahora escuchen las injusticias sufridas. Abrigan la certeza de que estas ocurren sólo por la ignorancia del poder central y que tan pronto sean conocidas, éste reaccionará con prestancia. Los chinos de provincias piensan que los funcionarios locales son tan corruptos como limpio es el poder central. La necesidad de mantener esa percepción inmaculada de Pekín explica la censura.

La reacción ante el informe periodístico internacional y el encarcelamiento de los activistas desmerece una campaña que de otra forma sería incontestable. Xi ha recordado que las dinastías cayeron cuando su diligencia y austeridad mudaron en vagancia y rapiña. El funcionario local ha empujado al partido al borde del colapso. La predicción no llega esta vez de Occidente, tozudo anunciante del inminentísimo apocalipsis chino durante treinta años, sino de Pekín.

Muchos miran al partido como un nido de arribistas. Nadie es más odiado que el gobernante local, un compendio de vicios capitales en el imaginario popular. Sangra las arcas con banquetes y concubinas, explora cualquier vía corrupta, desprecia al pueblo que prometió servir y concentra sus atenciones en los superiores que gestionan los ascensos. Hasta no hace tanto, los chinos podían pensar que los únicos dirigentes miserables eran los propios, que habían tenido mala suerte en el reparto. Pero hoy internet acumula cientos de escándalos de corrupción y descubre un fenómeno generalizado.

Los desperfectos en algunos sectores comerciales volcados con los funcionarios evidencian hasta qué punto se tiraba de la tarjeta del partido: han caído las ventas de vuelos de primera clase y los beneficios de los restaurantes y marcas de licores más caros. El mercado del lujo se ha frenado en bloque después de décadas de expansión. Algunos expertos incluso sugieren que la austeridad impuesta  está dificultando el planeado viraje de las exportaciones a la demanda interna como nuevo núcleo del patrón económico.

Ha aumentado tanto el ritmo de las detenciones como el peso de los detenidos. Existen otras certezas, como un mayor miedo en el partido. Miedo a que un internauta cuelgue las fotos de sus casas, relojes lujosos o concubinas. Miedo a que un periodista publique sus corruptelas. Y miedo al shuanngui, el sistema disciplinario interno, que opera como un agujero negro: le citan en lugar y hora, le conducen a un lugar secreto e incomunicado y aparece meses después con una confesión detallada y sin el carné del partido.

Una encuesta entre funcionarios difundida por el prestigioso diario Beijing Times el 9 de enero revelaba que 96 % consideraba las restricciones como “verdaderamente serias” y 92 % reconocía que los ingresos extra habían caído. Se refieren a los regalos y dinero habituales. La relaciones públicas de un banco pequinés explicaba que los mismos encargados de empresas públicas que antes le aceptaban sobres con dinero (unos mil 600 dólares anuales por cabeza) se los rechazaban ahora.

Xi ha cumplido su promesa de que cazaría “tigres y moscas”, es decir, desde burócratas a altos cargos. La gran pieza, sin embargo, estaría al caer. Varios medios internacionales han informado de que está bajo arresto domiciliario Zhou Yongkang, el Zar. Fue el encargado hasta que se jubilara el pasado del Comité Permanente del aparato de seguridad del Estado. Zhou empequeñece incluso a Bo Xilai, el jefe del partido de Chongqing cuya caída el pasado año desató la mayor tormenta política en décadas, y con quien Zhou compartía clan. La relevancia histórica es doble. Por un lado, es el político de mayor nivel investigado por corrupción desde que Mao fundara el país en 1949. Y por otro, Xi rompería la regla no escrita que asegura un retiro dorado y plácido a la élite. Las consecuencias podrían ser devastadoras para la estabilidad. Algunos analistas sugieren que los cargos de corrupción ocultarían otros más graves, que irían desde un intento de golpe de Estado a la filtración de información sobre las fortunas de otros líderes como venganza a la purga de Bo.

Wen-cheng Lin, decano de la Universidad de Sun Yat-sen (Taiwán), considera que nadie estaría a salvo si la campaña anticorrupción de Xi fuera absoluta y ve en ella un trasfondo político. “Ha purgado a Bo, está considerando purgar a Zhou y a la vez recordar a Jiang Zemin –expresidente- y su clan que se estén quietos. Pero su acción puede herir los intereses establecidos de muchos. Por ejemplo, Wen Jiabao defendió su reputación en público. La publicación del último informe forma parte de la lucha política. Los líderes amenazados por Xi le han recordado que no debe de traspasar la línea si no quiere sufrir un contraataque. La campaña de Xi es selectiva y lo seguirá siendo”, explica por email.

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