MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados acordó por unanimidad solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que investigue al Banco Nacional de México (Banamex) y las violaciones a las leyes financieras en beneficio de la empresa Oceanografía. Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los diputados que votaron en el pleno recordaron que el propio Banco fue beneficiado en el sexenio de Vicente Fox cuando fue adquirido mediante una operación bursátil por Citigroup y no pagó los debidos intereses. Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, recordó que en esa época el secretario de Hacienda y Crédito Público era Francisco Gil Díaz y hoy uno de sus sobrinos, Martín Díaz Álvarez, es accionista de Oceanografía y forma parte de la indagación de lavado de dinero que sigue la Procuraduría General de la República (PGR). Al respaldar el punto de acuerdo de la Jucopo, los representantes de partido que fijaron su posición fueron los mismos que participaron ayer en la comparecencia de Emilio Lozoya Austin y Jesús Murillo Karam, director de Pemex y titular de la PGR, respectivamente. Por el PAN, Carlos Angulo Parra dijo que “hay muchas cosas que dilucidar en este caso”, e instó a la Cámara de Diputados a que en los análisis que se hagan se tome en consideración y se reciba información de Pemex relativa a qué clase de operación se hizo y cómo fue posible que no hubiera una colusión entre funcionarios de la paraestatal, Oceanografía y Banamex, ya que los montos defraudados son excesivos. Hay que recordar que Banamex entregó a Oceanografía un préstamo crediticio de 500 millones de dólares que, más intereses, dan los 580 millones; de ellos sólo 180 millones se pudieron recuperar, debido a que los respaldos entregados por la empresa eran documentos apócrifos de Pemex. La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, aseguró que el caso “daña al Estado mexicano”, y a continuación expuso: “Queremos que Banamex diga en qué es responsable. No es posible que venga a lavarse las manos y pida que los mexicanos respondan a esta empresa y a sus trabajadores, que serán los más afectados después de toda la riqueza que ha creado con los contratos que hizo con Pemex”. Lo importante, dijo, “es saber cómo Banamex suelta tanto dinero a una empresa que no solamente no ha pagado sus cuotas en el IMSS e Infonavit, sino que además está mal calificada financieramente por las agencias respectivas y aparte había enfrentado 21 juicios en Estados Unidos por malos manejos financieros”. Ricardo Monreal, del MC, acusó a la CNBV de incurrir en responsabilidad por omisión. Enseguida acotó: “Tiene la facultad de indagar, investigar, supervisar, incluso corregir y citar a varias personalidades y no lo hizo”. También señaló que se deben establecer las responsabilidades penales que corresponda y recuperar los fondos desviados por quienes cometieron estos delitos. Pero, además, añadió: “¿Qué es lo que se debe aclarar aparte de los actos delictivos?, pues que el patrimonio nacional ha sido afectado, pero también ver los  problemas que pueden derivarse del perjuicio sobre una de las principales instituciones financieras de México”. El perredista Miguel Alonso Raya criticó el hecho de que se niegue la complicidad de una red de funcionarios y exfuncionarios en hechos de corrupción. “Si acontece con una empresa de esta naturaleza, puede acontecer con varias más”, consideró. Javier Treviño Cantú, del PRI, dijo que los diputados federales están indignados por el caso. “Nos unimos a la exigencia para que se castigue ejemplarmente a los responsables. Estamos a favor de que se aclare este tema en todos sus ángulos, porque es la mejor forma en que la ciudadanía constatará que se cumple con la transparencia y con la aplicación estricta de la ley en la protección del interés público”. Finalmente, el aliado del PRI, el PVEM a través de David Pérez Tejada Padilla dijo que está a favor de que se aclare el tema “en todos sus ángulos”. Explicó que “los mexicanos ya estamos cansados de que empresas como Oceanografía hayan estado evadiendo al fisco o a instituciones sociales, como el Infonavit y el Seguro Social, violando los derechos de los trabajadores”.