MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) creó la nueva Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción a nivel federal, que entrará en vigor en cuanto el Senado de la República ratifique a quien será su titular. El acuerdo A/011/14, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, precisa que la nueva instancia tiene entre sus objetivos "fortalecer los mecanismos institucionales" para detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Destaca que "por virtud de la reforma constitucional se estima necesario contar con una unidad fortalecida, la cual esté adscrita a la oficina del procurador general de la República, y tendrá por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión". Añade: "La corrupción no es un fenómeno aislado, pues adopta múltiples formas de transgresión al estado de derecho, constituyéndose en una acción u omisión de un servidor público que abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público”. El acuerdo, firmado ayer por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, subraya que la corrupción “no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando estrategias que permitan disminuir esas conductas". Además, señala que la creación de un órgano especializado en la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal da cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Con la nueva fiscalía se reforzará la persecución de delitos como enriquecimiento ilícito, el cohecho a servidores públicos nacionales y extranjeros, el peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia. El acuerdo detalla que en su Meta Nacional "México en Paz", el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé entre sus líneas de acción diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la PGR para investigar y perseguir la corrupción con mayor eficacia. Y como parte de sus funciones se establece que "en caso de delitos de competencia federal relacionados con actos de corrupción, en los que intervengan servidores públicos involucrados con miembros de la delincuencia organizada, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción conocerá del delito relacionado con corrupción que se actualice, siempre que no sea el previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ni aquellos delitos que son competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y de la Visitaduría General". El acuerdo puntualiza que al frente de la Fiscalía Especializada "habrá un Fiscal, el cual tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación". Precisa que los delitos relacionados con hechos de corrupción son aquellos de tipo penal que establece el Código Penal Federal en el Título Décimo, que lleva por rubro "Delitos cometidos por servidores públicos", y el Título Décimo primero, que se denomina "Delitos cometidos contra la administración de justicia", así como todos aquellos previstos en leyes especiales. Y señala que es necesario combatir la corrupción mediante políticas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de ese tipo de conductas cometidas por servidores públicos y particulares en afectación del interés público, ya que constituye un fenómeno que desincentiva la inversión del sector privado, afecta el presupuesto de las familias mexicanas, distorsiona la adecuada distribución del ingreso, disminuye la legitimidad de Estado y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos. Las denuncias y averiguaciones previas que hayan sido presentadas o iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente acuerdo deberán remitirse a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción en un término no mayor a 30 días naturales, subraya el documento.