MÉXICO, D.F. (apro).- El cierre parcial de la Línea 12 del Metro fue una decisión política, aseguró el presidente del Consejo de Administración de ICA, Bernardo Quintana. “El problema fue el mantenimiento, la nueva administración se enojó. Que las autoridades digan por qué paró. Es una decisión sin razones. Es un mensaje de tipo político. Fue una decisión dirigida a causar polémica", añadió el ejecutivo de la empresa que participó en la ejecución de la obra, junto con Constructora Carso e Alstom. En rueda de prensa, el empresario consideró que los trenes no debieron detenerse. En su opinión, sólo era suficiente reducir su peso y dar mayor mantenimiento. “La decisión de detenerlo fue unilateral de la autoridad”, subrayó. Metro dio mantenimiento insuficiente El consorcio ICA-Carso-Alstom publicó ayer un desplegado en los principales diarios de circulación nacional, en el cual aseguró que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), a cargo de Joel Ortega, no permitió el acceso del consorcio al sistema de vías durante cuatro meses el año pasado y que cuando les dieron el aval, en agosto, encontraron “un alto grado de deterioro en las vías”. Agregó que como el contrato venció en octubre siguiente, sólo pudieron dar mantenimiento durante tres meses más. Bernardo Quintana comentó en la conferencia que durante el tiempo en no participaron en la obra, el STC hizo los trabajos para mantenerla, pero “fue insuficiente”. Desde el 11 de marzo, cuando se anunció el cierre parcial de la obra, el director del Metro, Joel Ortega, habló de los daños en las vías y argumentó que el cierre se hizo para evitar un desastre. Hoy Bernardo Quintana reviró: “No vimos un problema de descarrilamiento y seguimos sin verlo". Incluso, recordó que el consorcio lleva cinco meses sin contrato de mantenimiento, pero sigue dándolo. El mismo Ortega Cuevas comentó el martes pasado que una de las posibilidades estimadas por el STC Metro para arreglar el problema de la línea “mal diseñada” es corregir el trazo, es decir, cancelar las curvas donde están los mayores problemas y hacer un trazo directo, lo que implicaría nuevas expropiaciones y un nuevo diseño constructivo. En respuesta, Antonio Gómez, de grupo Carso –empresa filial al emporio de Carlos Slim--, descartó que sea necesario volver a trazar las curvas de la línea. Los empresarios coincidieron en que las reparaciones a las vías podrían tardar entre cuatro y seis meses, pero descartaron saber la inversión requerida para ello. En la misma conferencia, negaron que la polémica por la Línea 12 afecte su participación en la licitación de los proyectos de trenes de pasajeros del gobierno federal. "Estamos tan seguros y está tan documentado, que podríamos volver a participar en este país", comentó Cintia Ángulo, directora general de la empresa francesa Alstom. Alonso Quintana, director general de ICA, reconoció que la empresa enfrenta un problema de reputación por la Línea 12, pero aseguró que podrán superarla. Deudas En la conferencia, Alonso Quintana reconoció que el GDF no les ha pagado la parte de mantenimiento que hicieron. “La verdad es que este proyecto desde su inicio ha tenido muchos cambios". El consorcio tendría pendiente de cobro unos tres mil millones de pesos que están negociando para no llegar a la instancia de una demanda judicial. Esta deuda está pendiente desde la administración de Marcelo Ebrard y el nuevo gobierno de la ciudad asignó un árbitro que determinó un monto final de deuda que es el que aún no se ha efectivizado. Pero sí (al menos desde ICA) afirman que meditarán si corresponde o no demandar al gobierno del Distrito Federal por los daños en su reputación que afectaron de manera considerable el valor de la acción de la constructora. "Tenemos una deuda moral con los usuarios de la línea, pero es una cuestión de honestidad intelectual del cliente –el gobierno de la ciudad- porque tenemos los documentos de que nuestra parte está correcta", asegura Cintia Angulo. "No queremos pelearnos con el gobierno. Tenemos 60 años haciendo obras con el gobierno de la ciudad y cerca de 200 km de Metro hecho por nuestra empresa. Nuestra voluntad es quedar bien con el cliente, con el gobierno", declaró Bernardo Quintana. La intención de las tres empresas es negociar este asunto fuera del ámbito judicial y que no afecte a futuros contratos con el gobierno del DF, "que la verdad salga a la luz y que paguen los responsables", concluyó.