Colombia: El regreso de Uribe

BOGOTÁ (apro).- Álvaro Uribe Vélez es un hombre con vocación de poder. Luego de ocho años como presidente de Colombia (2002-2010), durante los cuales hizo de la guerra frontal contra las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) una política de Estado, se convirtió desde su cuenta en Twitter en el principal opositor y crítico de su sucesor y exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a quien considera un “traidor” por haber iniciado un proceso de paz con el grupo guerrillero.

Hoy Uribe Vélez está de regreso en la política institucional. Ante la imposibilidad legal de postularse de nuevo a la Presidencia, optó por lanzarse al Senado como cabeza de lista de su partido, el derechista Centro Democrático (CD), que en los comicios del pasado 9 de marzo logró 19 curules en ese órgano legislativo, 18.6% del total, un porcentaje que se podría ampliar en otros diez puntos con los votos de sus aliados de otros partidos, en especial el Conservador.

La politóloga de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz Yi, dice a Apro que con la irrupción del uribismo el Congreso bicameral colombiano sufrió un giro a la derecha “que será manejable para el presidente Santos en términos de gobernabilidad porque seguirá teniendo mayoría” legislativa.

Para el exministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, un crítico de Uribe Vélez luego haber sido su cercano aliado, el objetivo estratégico del exmandatario y ahora senador electo es impulsar desde el Congreso una reforma constitucional que le permita lanzarse de nueva cuenta a la Presidencia, aunque su primera tarea será “boicotear el proceso de paz” que impulsa Santos con la guerrilla de las FARC en La Habana, sede de las conversaciones.

Con 19 senadores y 12 representantes (diputados) –que sumados conforman apenas el 11.5% del Congreso bicameral–,  el expresidente carece por sí sólo de la fuerza legislativa para obstaculizar las iniciativas de ley que emanen de un eventual acuerdo de paz con la guerrilla, pero su popularidad, que llega a 56%, y su temperamento político, lo convierten en un opositor fuerte, ácido e implacable.

Muñoz Yi afirma que  la llegada de Uribe Vélez al Congreso “cambia el espectro político colombiano porque la bancada legislativa que logró le va a permitir hacer oposición al proceso de paz e influir en la opinión pública. Es un político con mucha capacidad para interpretar y mover los hilos de un sector amplio de colombianos y va a generar mucho ruido. Sin embargo, en términos numéricos, para lograr ser exitoso en el bloqueo de algunas iniciativas legislativas, requerirá hacer alianzas con uno o dos partidos más”.

 

Piso para la paz

La senadora electa del CD, Paloma Valencia, señala que en su actuación legislativa el uribismo estará abierto a hacer coaliciones con otros partidos para impulsar su agenda temática, en la que figuran desde el apoyo al sector agropecuario hasta la fiscalización sistemática al proceso de paz que desarrollan el gobierno del presidente Santos y las FARC desde noviembre de 2012.

–¿La bancada uribista será un obstáculo al proceso de paz? –se le pregunta a Valencia.

–Nosotros estamos decididos a exigir justicia verdadera y evitar que haya impunidad para los terroristas de las FARC y nos oponemos a que los jefes de esa guerrilla, que son criminales de lesa humanidad, tengan representación política. Segundo, el problema de una negociación como la que se adelanta en La Habana es que no es una negociación, es un proceso extorsivo donde las FARC ejercen violencia sobre Colombia para obtener beneficios de impunidad.

El senador electo del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, sostiene que a pesar de la irrupción “de la extrema derecha uribista en el Congreso, se conserva una mayoría legislativa favorable a la paz”.

En el Senado, los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical, que forman la coalición política del presidente Santos, lograron la mayoría simple, con 47 escaños, a los cuales se sumaría una parte de los 19 senadores que obtuvo el Partido Conservador, que se encuentra divido entre progobiernistas y uribistas.

De esta forma, el oficialismo contaría con alrededor de 55% del Senado, y en temas relacionados con el proceso de paz tendría el respaldo de la izquierda, que con el PDA y la Alianza Verde logró 10 curules en conjunto, lo cual le garantiza al presidente un piso legislativo casi imposible de contrarrestar por el CD y sus aliados.

En la Cámara de Representantes (de Diputados), la correlación de fuerzas también es favorable a Santos, pues de los 166 escaños, 92 (55%) quedaron en manos de su coalición, y el uribismo sólo obtuvo 12 (7.22%).

De acuerdo con Cepeda, a pesar de que el gobierno mantuvo la mayoría parlamentaria, la Legislatura que regirá en Colombia durante los próximos cuatro años se caracterizará “por discusiones muy intensas en las que será necesario propiciar coaliciones y debates fuertes de control político para derrotar a la ultraderecha y a las gentes que llegaron al Congreso con serios cuestionamientos de parapolítica (nexos con grupos armados paramilitares)”.

Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 268 congresistas elegidos el domingo 8 de marzo, 52 son familiares –hijos, cónyuges o hermanos– de exlegisladores condenados por establecer alianzas con grupos paramilitares o ellos mismos enfrentan acusaciones de ese tipo.

 

Los debates que vienen

El senador electo por el CD, Alfredo Rangel, considera que los resultados obtenidos por ese partido uribista “son extraordinarios a pesar de todas las adversidades y hostilidad que enfrentamos del gobierno y  las autoridades electorales, y a pesar de la masiva compra de votos de los partidos de la alianza gubernamental y del fraude evidente que se hizo en las elecciones”.

De hecho, Uribe Vélez, en una muestra más de su talante opositor, acusó al nuevo Congreso de ser “bastante ilegítimo” por las “trampas” y el “fraude” del gobierno contra su partido. El exmandatario y senador electo aspiraba a lograr hasta 40 escaños en el Senado, según dijo días antes de las elecciones su exministro del Interior, Fernando Londoño, más del doble de los que obtuvo.

Aunque no lo logró, nadie en el país duda de que se alzó con un resultado electoral importante –su partido fue el segundo más votado, tras la U– con la sola fuerza de su nombre, al que millones de colombianos asocian o con la exitosa estrategia militar contra las FARC, a las que replegó y redujo de 24 mil a 8 mil hombres; o con los escándalos de la parapolítica que estallaron durante su gobierno, cuando fueron procesados por vínculos con paramilitares 98 congresistas, en su mayoría cercanos a él.

Rangel sostiene que si bien no contará con una bancada mayoritaria en el Congreso, el CD tendrá posibilidades de impulsar una agenda contra el proceso de paz entre el gobierno y las FARC “porque, según todas las encuestas, la gran mayoría de colombianos se opone a que haya un acuerdo con la guerrilla sin justicia y con impunidad para los responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad, y se opone también a que se premie a esos criminales con curules gratis en el Congreso de la República”.

Según una encuesta de Ipsos Napoleón Franco de este mes, 66 de cada 100 colombianos rechazan que guerrilleros de las FARC desmovilizados participen en política y 61% pide que los jefes de esa insurgencia paguen con cárcel los delitos que hayan cometido en el desarrollo del conflicto armado.

El gobierno de Santos aprobó en el Congreso, en julio de 2012, un Marco Jurídico para la Paz que prevé la suspensión de penas a guerrilleros que sean condenados por cualquier tipo de delitos.

El respetado jurista Rodrigo Uprimny sostiene que para que un eventual acuerdo de paz con las FARC sea aceptable para los colombianos y para las justicias local e internacional debería contemplar penas mínimas de cárcel para los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad de la guerrilla.

El comandante de las FARC y delegado de esa guerrilla en La Habana, Pablo Catatumbo, ha dicho que él no tendría problemas en pagar unos años de cárcel, “pero eso sí, ahí también tendrían que estar todos los generales de los últimos años, no pocos expresidentes, exministros, embajadores, empresarios del campo y la ciudad, etcétera, etcétera”.

El tema de la justicia será crucial en el debate legislativo que seguiría a un eventual acuerdo de paz con las FARC, y en ese punto Uribe Vélez y su bancada contarán con un aliado de gran peso, el procurador general Alejandro Ordoñez, un ultraconservador que ha objetado el Marco Jurídico para la Paz y se opone de manera terminante a que guerrilleros desmovilizados ocupen cargos de elección popular sin antes purgar una condena carcelaria.

El dirigente del Partido Comunista Colombiano, Carlos Lozano, considera que Ordoñez “es otro factor de perturbación para el proceso de paz y sin duda hace mancuerna con Uribe. Juntos, quieren empujar al país al abismo de la guerra perpetua”.

De acuerdo con Lozano, un abogado, politólogo y periodista que conoce muy bien a las FARC,  lo que en estos momentos se impone en el país es que el gobierno de Santos, que logró una cómoda mayoría legislativa, otorgue un nuevo impulso al proceso de paz.

 

Reelección

Rangel señala que el tema de la reelección indefinida, que permitiría el regreso de Uribe Vélez a la Presidencia, “no será, por el momento, parte de la agenda legislativa del Centro Democrático, pero la circunstancia política del futuro determinará la toma de una posición sobre ese tema. Por lo pronto, estamos de acuerdo en que la reelección, creemos, debe mantenerse (la Constitución colombiana autoriza una sola reelección al presidente) y eventualmente extenderse”.

De acuerdo con el académico y futuro senador, el CD no descarta la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, un punto en el que coincide con las FARC, que también proponen ese mecanismo, aunque en su caso para refrendar los eventuales acuerdos de paz que se suscriban con el gobierno.

–¿Y en una Constituyente el CD plantearía el tema de la reelección indefinida, por ejemplo?– se le pregunta a Rangel.

–El tema de la rewlección es un tema obligado en el debate nacional. Hay quienes están propugnando (entre ellos la coalición política de Santos) por eliminar la reelección (presidencial por un solo periodo y ampliar el periodo de gobierno, de los actuales cuatro años, a cinco o seis). En eso no estamos de acuerdo. Es un mecanismo de los países modernos y democráticos para alargar los gobiernos que son buenos y terminar con los que no lo hacen bien.

Fue Uribe Vélez quien impulsó como presidente una reforma constitucional para favorecer su reelección en el cargo, en 2004, y al término de su segundo periodo de gobierno buscó reelegirse para un tercer mandato. En febrero de 2010, la Corte Constitucional detuvo ese intento en un fallo en el que advirtió que, de lograr su cometido, el presidente estaría socavando principios básicos de la Carta Magna colombiana.

Luego de las elecciones legislativas del domingo 9 de marzo, los colombianos comienzan a centrar su atención en los comicios presidenciales programados para el próximo 25 de mayo, en los cuales Santos se presentará en busca de su reelección. Todos los sondeos lo ubican como favorito, seguido del candidato uribista, Oscar Iván Zuluaga.

Muñoz Yi considera que los resultados de las elecciones legislativas consolidan la opción de Santos para repetir en la presidencia, ya que los partidos que lo respaldan obtuvieron más de 50% de los votos en esos comicios.  “No hay un verdadero escollo para Santos y eso favorecerá la continuidad del proceso de paz, aunque Uribe esté en el Congreso”, afirma.

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