CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un juez de primera instancia en materia penal dictó auto de libertad a favor de la integrante de la guardia comunitaria de Tixtla de Guerrero, Aurora Molina González, ante la falta de elementos para procesarla por las acusaciones que le imputó el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. La resolución fue emitida este mediodía por el juez cuarto de primera instancia en materia penal radicado en esta capital, Abimael Rodríguez Nava, quien consideró que la Procuraduría estatal no acreditó con pruebas los delitos de terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo y lesiones que fincó en contra de la mujer integrante de este grupo armado vinculado por las autoridades locales con la guerrilla. El único elemento acusatorio que presentó la Procuraduría local fue un reporte de la Policía Ministerial del Estado (PME), pero no aportaron pruebas para acreditar las imputaciones, informó el juez. Además, el juez Abimael Rodríguez informó que el ayuntamiento de Tixtla –a través del síndico David Martínez Valadez– se deslindó por escrito de las acusaciones en contra de Molina González, argumentando que “no pretenden criminalizarla porque no tienen pruebas ni elementos para acusarla”. De esta forma, el juez ordenó la liberación de la integrante del grupo de autodefensa que opera en Tixtla, quien fue trasladada a la cárcel de Acapulco a pesar de que la causa penal se encuentra radicada en Chilpancingo. El pasado miércoles 19, agentes de la Policía Federal (PF) en coordinación con policías estatales realizaron un operativo en contra de la guardia comunitaria en la cabecera municipal de Tixtla de Guerrero y que ha sido señalada por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero de tener presuntos nexos con la guerrilla. La incursión policiaca se registró en el barrio de El Fortín, bastión de este grupo de autodefensa adherido a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC). Como parte del operativo fue detenida Aurora Molina González, quien es hermana de Gonzalo Molina, el líder de este grupo de autodefensa que fue capturado en octubre pasado y actualmente se encuentra preso en el penal federal de Oaxaca, acusado por el gobierno estatal y municipal de terrorismo y supuestos nexos con la guerrilla. En su retirada el convoy policiaco fue interceptado por normalistas de Ayotzinapa, quienes protagonizaron un zafarrancho con los uniformados sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa a la altura de Tixtla. En la trifulca, que no dejó víctimas fatales, los estudiantes apedrearon a los uniformados, quienes reaccionaron lanzando gas lacrimógeno y huyeron del lugar con dirección a la capital guerrerense. Desde el año pasado, este grupo de autodefensa ha mantenido una confrontación directa con el alcalde perredista de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca, a quien acusan de estar vinculado con la delincuencia organizada. Apenas este 25 de febrero la autodefensa tixtleca denunció que los policías municipales realizan labores de vigilancia en el día y por la noche son sicarios. Además, señalaron que el medio hermano del edil perredista, Luis Ortega Abarca La Gringa, funge como jefe de plaza de una célula al servicio del grupo delictivo “Los Rojos”. A pesar de los señalamientos, La Gringa se mantiene como director de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Tixtla. En respuesta, el alcalde de Tixtla defendió a su medio hermano y calificó a la guardia comunitaria como “un grupo desestabilizador”, ligado a la guerrilla y dirigido por personas provenientes de otras partes de la entidad que reclutan a jóvenes para confrontar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. A su vez, el director de la Policía Municipal, Rubén Reyes Zepeda, anunció que los principales dirigentes de la autodefensa de Tixtla enfrentan diversas denuncias penales y órdenes de aprehensión.