Piden a Peña no criminalizar a policías comunitarias de Guerrero

MÉXICO, D.F. (apro).- La asociación civil Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) que preside el obispo de Saltillo, Raúl Vera, exhortó al gobierno de Enrique Peña Nieto a poner fin a la criminalización de las policías comunitarias de Guerrero, y hacer válidos los convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La recomendación se plasmó en un informe realizado por la Misión de Observación de los Derechos Humanos del estado Guerrero, durante su visita a esa entidad el 9 y 10 de febrero pasados. El contenido del mismo se dio a conocer ayer luego de conocerse la resolución del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, que declaró nula la formal prisión por delincuencia organizada contra Nestora Salgado García, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

Magdalena López Paulino, miembro de la RSDCIAC, anunció que esa organización tomó la defensa de seis policías comunitarios de El Paraíso, municipio de Ayutla, detenidos el mismo día que Gestora Salgado en un aparatoso operativo realizado por marinos y militares, y en el que se utilizaron helicópteros y vehículos artillados.

“La sentencia a favor de Nestora es una luz para nosotros, y confiamos en que pueda favorecer a los otros seis policías de la Casa de Justicia de El Paraíso”, declaró López Paulino luego de destacar que el próximo 21 de abril los miembros de la ONG sostendrán una reunión con el secretario de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, para tratar la situación de sus defendidos: Bernardino García Francisco, Abad Francisco Ambrosio, Eleuterio García Carmen, Ángel García García, Benito Morales Bustos y Florentino García Castro, acusados de secuestro.

Pese a la confianza en el Poder Judicial Federal, la activista advirtió que en las últimas reuniones sostenidas con Martínez Garnelo éste ha mostrado “una visión jurídica muy cuadrada”, sin reconocer el derecho de los pueblos indígenas a recurrir a sus usos y costumbres para su defensa.

José Rosario Marroquín Ferrera, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se sumó a la reticencia frente a las autoridades. “La resolución de Nestora debería sentar un precedente, pero lo que hemos visto en la defensa de casos es que las cosas no son así”.

Al señalar que el Centro Prodh ha decidido ser observador de los procesos jurídicos seguidos a los policías comunitarios, Marroquín Ferrera admitió que en el caso específico de Guerrero las violaciones a derechos humanos son un botón de muestra de lo que ocurre en el país.

Durante la presentación del informe de la Misión de Observación en Guerrero, el director del Centro Prodh destacó que aunque se abordaron casos que han tenido seguimiento mediático, la situación generalizada en la entidad es una “muestra palpable de lo mucho que le falta a México por recorrer en materia de derechos humanos”.

Luego recordó que si bien en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reconoció a México por su avances en el ámbito normativo, “en la realidad, en la vida cotidiana, no se ven esos avances”.

Entre las preocupaciones que surgieron en la visita a la entidad, apuntó, destaca la criminalización de los activistas y defensores de derechos humanos, situación que “se generaliza en el país, al grado de que se están presentando iniciativas de ley en distintas entidades en el que se equipara al activista con terrorista”.

Hoy en día, prosiguió, “hay una competencia entre las distintas legislaturas y gobiernos por ver quién restringe más los derechos a la libertad de expresión y a quienes se organizan para reclamar derechos”.

Ericka Zamora Pardo, también integrante de la REDCIAC, dio cuenta de los casos abordados en la Misión, encabezada por el propio obispo Vera, contenidos en el informe que será entregado a la CIDH para reforzar la petición de una visita de los comisionados a Guerrero, solicitud que la organización formalizó en noviembre anterior.

En Iguala, dijo Zamora, la Misión recabó testimonios de trabajadores mineros de Taxco que sostienen una huelga desde hace seis años en busca de mejoras laborales, así como de un grupo de indígenas nahuas de Copalillo, defraudados por el dueño de una caja de ahorro.

Los integrantes de la Misión también se entrevistaron con miembros de la Unión Popular (UP) que exigen el esclarecimiento del asesinato del activista Arturo Hernández Cardona y de otros dos de sus compañeros, hechos ocurridos en mayo pasado y en los que se presume la autoría del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

En Chilpancingo, la Misión se reunió con integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) que exigen al gobierno de Ángel Aguirre se atiendan las demandas de unos 5 mil damnificados por las lluvias de septiembre de 2013.

En Ayutla de los Libres, el obispo Raúl Vera y sus acompañantes recabaron quejas de abusos cometidos por las fuerzas armadas en las comunidades indígenas; escucharon testimonios de integrantes de la policía comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, de los sobrevivientes y viudas de la masacre de El Charco, ocurrida en junio de 1998, así como de miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), cuyos dirigentes, Obtilio Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, han sido víctimas de acoso y persecución.

La Misión documentó los casos de 13 activistas asesinados en 2013, entre ellos el de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, ocurrido el 19 de octubre; la impunidad en que se mantiene el caso del homicidio del diputado perredista y presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, así como la problemática de los desplazados por la violencia del crimen organizado.

Los integrantes de la Misión emitieron ocho recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas el “cese de políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos y comunitarios”, así como terminar con la política de criminalización de policías comunitarios, de activistas sociales y defensores de derechos humanos.

Al demandar que los homicidios y agresiones contra defensores y activistas sean esclarecidos, la Misión también exigió se respeten los compromisos internacionales contraídos por México en materia de derechos humanos y que las demandas sociales sean atendidas y resueltas por las autoridades.

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