CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Trabajadores del Poder Judicial se mantienen en paro de labores desde hace cinco días, en demanda de incremento salarial, garantías para ejercer sus funciones y respeto al servicio civil de carrera. Los inconformes reprocharon la indolencia gubernamental frente a sus demandas y la ola represiva emprendida por los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes, como práctica común, colocan a sus familiares en cargos de primer nivel cómo jueces. En respuesta, la presidenta del pleno del TSJ, Lambertina Galeana Marín, ofreció un incremento del 12 por ciento al salario base retroactivo para este año y un bono de 2 mil 500 pesos para oficiales administrativos. No obstante, la propuesta oficial fue rechazada por la mayoría de trabajadores, quienes demandan el 40 por ciento de incremento al salario de manera retroactiva. Los inconformes, que por temor a represalias omiten sus nombres, denunciaron que los magistrados ostentan salarios que alcanzan los 140 mil pesos mensuales, más bonos de 20 y 30 mil pesos por "su productividad y representación en actos oficiales”. La inédita protesta que comenzó este lunes y donde participan trabajadores administrativos, actuarios, secretarios de acuerdo, proyectistas y jueces de primera y segunda instancia, se ha extendido a los 18 Distritos Judiciales distribuidos en las siete regiones de la entidad. El servicio en juzgados civiles, penales y familiares está suspendido en las principales ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Ciudad Altamirano, Omeptepec y Zihuayanejo, señalaron los trabajadores.