MÉXICO, D.F. (apro).- La Ley General de Cultura Física y Deporte (LGC) ya tiene reglamento. Pero eso no solucionará la inoperancia del sistema deportivo mexicano. Al contrario. El 13 de junio se cumplirá un año de que la LGC entró en vigor, y el 7 de diciembre pasado venció el plazo de medio año para la publicación del Reglamento de Ley (RL). Pese a lo anterior, fue hasta el 14 de febrero cuando la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) dio el visto bueno para publicar el RL en el Diario Oficial de la Federación. La LGC fue modificada por el Congreso de la Unión. El reglamento, próximo a su publicación, nacería desfasado y por lo tanto prácticamente inútil. Esta situación implica consecuencias negativas para el deporte y el presupuesto mexicanos. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) seguirá funcionando a medio gas, consumiendo recursos del erario sin la planificación adecuada. Además se mantienen en el limbo al menos 10 federaciones deportivas que esperan sus procesos electorales (Proceso 1943). La Cofemer expidió la constancia de prepublicación del RL el 16 de enero de 2014, y un mes después informó que “no se recibieron opiniones o comentarios de particulares o sectores interesados”. El riesgo viene del gobierno Uno de los mayores problemas del proyecto ya publicado es que ordena que el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved, que todavía no ha sido instalado por la Conade) atraiga para sí funciones que en su momento correspondían a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), excluida en la presente legislación deportiva. Ahora la Coved será la responsable de organizar los procesos electorales en los comités directivos de las federaciones y asociaciones deportivas. La diputada panista Flor de María Pedraza, integrante de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, advierte que este mandato es especialmente riesgoso y anticipa que la injerencia gubernamental, a través de ese consejo, puede resultarle muy costosa al país: “La Carta Olímpica establece que el gobierno no se puede involucrar en la vida interna de las federaciones. Fue justo lo que argumentamos con el diputado Gerardo Villanueva y otros integrantes de la Comisión del Deporte en el sentido de que la parte gubernamental no puede entrometerse en las decisiones de las federaciones deportivas nacionales. Con la creación del Coved el gobierno tendrá una intervención directa en la vida interna de las federaciones”, dijo. Lo anterior, asevera, sería suficiente para que el país pierda su derecho a participar en competiciones internacionales. “Fue un punto que también marcamos, porque países como Guatemala y Arabia Saudita han sido objeto de sanciones del Comité Olímpico Internacional (COI) al descubrirse la intrusión gubernamental en la vida de las federaciones”. No son los únicos casos. Desde años atrás, el COI y la FIFA han vetado a países cuyos gobiernos intervinieron en los procesos internos de las federaciones. En junio de 2011, el COI rechazó el proyecto de la Ley del Deporte de Venezuela por considerar que violaba la Carta Olímpica. ¿La razón? El gobierno de Hugo Chávez pretendía manejar la selección y entrenamiento de los atletas, entre otras cosas, pese a que esta responsabilidad debe recaer directamente en el Comité Olímpico Venezolano. De igual forma, en agosto de ese año la FIFA advirtió al gobierno de Venezuela por la creación de la Comisión Deportiva de Justicia. Planteó que generaría disputas con el COI y la propia Federación Internacional de Futbol Asociado. Chávez entonces propuso que, merced a una nueva ley del deporte, los atletas votaran directamente por sus directivos. En junio de ese año, en tanto, Belice fue desafiliado temporalmente de cualquier competición internacional porque su gobierno se metió en asuntos futbolísticos. Y apenas en julio pasado el Comité de Urgencia de la FIFA suspendió a la Federación Camerunesa de Futbol (Fecafoot) por un caso parecido. La medida vetaba a Camerún de encuentros regionales, continentales y mundiales. Dos semanas después, la FIFA levantó el castigo luego de que el gobierno aceptara no interferir en la vida interna de las federaciones. Camerún es uno de los tres rivales que enfrentará México en la primera fase de la Copa del Mundo Brasil 2014. Ese es el riesgo que corre la representación deportiva de México desde que entró en vigor la nueva legislación en la materia el 13 de junio pasado. Y el peligro se intensificó a partir de que se difundió el reglamento. Llama la atención que tanto Jesús Mena, principal promotor de la nueva ley del deporte, y Felipe El Tibio Muñoz, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y quien le dio el “empujón” definitivo a la entonces iniciativa, proclaman la adhesión irrestricta de México a la Carta Olímpica. La mesa está puesta para que la administración federal, por conducto de la Conade, interfiera en los asuntos electorales de las asociaciones deportivas sin importar las normativas del COI y la FIFA. Para ello se utilizará el Coved, ideado por Mena, que permitirá la intromisión en la gestión, la autonomía y en los procesos electorales, como indica el artículo 59 de la LGC. El artículo precisa que el Coved estará adscrito orgánicamente a la Conade y velará por la legalidad de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas. Vigilará que “cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego” de las disposiciones estatutarias y legales aplicables. “Espero que no caigamos en una suspensión internacional, pero sí corremos el riesgo, más aun si el gobierno publica el reglamento con estas consideraciones y no le damos su espacio y libertad para operar a las federaciones deportivas”, alerta la diputada Pedraza, quien propone revisar a detalle los artículos 59 y 60. “Si bien es una necesidad la existencia de un órgano regulador en las elecciones de las asociaciones deportivas también es importante considerar que éste tendrá que ser más plural en su integración”. Según la legisladora, los comisionados del Coved deberían ser propuestos en una terna analizada por la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y, en su caso, también por el Senado. Lo anterior, dice, contribuirá a impulsar una mayor percepción democrática del citado órgano, “porque si (los integrantes) son propuestos por la Conade no puede ser imparcial”. –¿A esta ley del deporte todavía falta hacerle enmiendas? –se le pregunta. –Falta incluir algunos temas y darle un sentido de fortalecimiento al deporte. –El artículo 1 del RL condiciona que la aplicación e interpretación de este reglamento es facultad del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Conade. Es decir, la ley te remite a un reglamento, y éste a su vez te envía a otra instancia. –Es dejarle demasiado peso a la Conade. Definitivamente el reglamento no debe quedar a interpretación de la Conade. Al contrario, tiene que estar  muy desglosado para que no existan lagunas o interpretaciones.