MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención de Feliciano Álvarez Mesino, presidente municipal de Cuetzala del Progreso, Guerrero, por los presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada. Tomas Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, explicó en conferencia de prensa que el edil perredista Álvarez Mesino fue capturado en el municipio de Iguala, Guerrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juez Noveno de Distrito. De acuerdo con el funcionario, al presidente municipal de Cuetzala del Progreso se le relaciona con una organización delictiva encabezada por Froylán Fernando Barrera Guzmán. Este sujeto era jefe de plaza en dicho municipio hasta antes de su detención, el 6 de diciembre de 2013. A Álvarez Mesino se le vincula también con al menos 15 secuestros ocurridos en los municipios de Arcelia, Teloloapan y Tecpan. Según la investigación, Álvarez Mesino se encargaba de alertar a integrantes de una organización criminal que opera en la zona sobre los operativos de las fuerzas policiacas programados en su área de influencia, con el objetivo de que se previnieran para evadir la acción de la justicia. En la conferencia, también estuvo presente Rodrigo Archundia Barrientos, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, área ante la que Álvarez Mesino rinde su declaración ante el agente del Ministerio Público. En las próximas 24 horas se determinará su situación jurídica y lo más seguro es que sea consignado a un penal federal por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Fuentes de la PGR confirmaron que el alcalde fue detenido bajo la causa penal 31/2014. La tarde del pasado martes, trascendió que alrededor de las 12:40 horas, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al alcalde por la carretera federal que conduce a Cocula, cuando se dirigía a esa cabecera municipal. El edil perredista, supuestamente ha sobrevivido a por lo menos cuatro ataques de supuestos integrantes del crimen organizado. El municipio gobernado por el indiciado no tenía policías municipales: una decena había renunciado, dos fueron encontrados muertos en Iguala y la seguridad estaba a cargo de la policía estatal, la federal y el Ejército.