Impulsan ONG frente común contra la criminalización de la protesta

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles anunciaron hoy la creación de un Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como el inicio de la campaña en redes sociales #QueNoTeApaguen con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre su derecho a disentir.

En rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustín (Centro Prodh), representantes de los grupos no gubernamentales dieron a conocer el documento Control del espacio público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, en el que se analizan 11 iniciativas y reformas legislativas “encaminadas a la restricción y a la criminalización de la protesta social”.

Entre las propuestas legislativas puestas bajo lupa destacan las siguientes leyes: la General de Regulación de Manifestaciones Públicas; la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la iniciativa de reformas a la Ley de Propiedad Industrial, la Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal.

Además de la reforma al artículo 29 constitucional y su ley reglamentaria; ley antiterrorismo, contenida en el Código Penal federal, y las leyes de geolocalización, dispuestas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las ONG también revisaron las iniciativas de regulación de manifestaciones impulsadas en los Congresos de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Según los inconformes, esas legislaciones e iniciativas no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos, y lo que realmente buscan es “inhibir y limitar los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación”, tendencia que empezó a observarse a partir de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.

Dolores González Sarabia, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), alertó sobre una “represión desproporcionada a la protesta social y una tendencia a penalizar a los grupos sociales, a través de la criminalización desde la óptica delincuencial”.

La activista destacó que los funcionarios públicos de distintos niveles han sido los encargados de “deslegitimar y descalificar” la protesta social, sin considerar las agendas de quienes han recurrido a tomar las calles para exigir el cumplimiento de compromisos o demandas insatisfechas.

También consideró preocupante que debido a la criminalización de la protesta social “se cierren los caminos para procesar la inconformidad”.

Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, condenó el “andamiaje legal para criminalizar la protesta social, que es la forma lícita en la que se exponen los disensos”, y alertó sobre la persistencia de “una obsesión por el control de los espacios donde se pueda originar la organización social”.

El sacerdote dominico criticó las propuestas legislativas impulsadas en los estados de San Luis Potosí, Quintana Roo y Jalisco, así como el Distrito Federal, encaminadas a la “burocratización del ejercicio de la protesta social, que representa una censura previa al promover que antes de manifestarse los ciudadanos tienen que dar aviso o solicitar un permiso de la autoridad correspondiente”.

Es inadmisible, dijo, que las iniciativas busquen criminalizar el derecho a la protesta si se bloquea un edificio público o si se toman las calles.

Concha Malo destacó que, en el proceso de criminalización de la protesta, los más afectados han sido los jóvenes, detenidos por manifestarse o incluso por su vestimenta.

Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, se refirió a los riesgos de aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por Peña Nieto, la cual, en su opinión, se apresta a crear un “cerco” de las redes sociales y contiene un mecanismo de “censura previa”.

Además reprobó que a través de esta iniciativa se pretenda violentar el “criterio más importante de las redes, que es la neutralidad”, al dar atribuciones al gobierno para ordenar a los proveedores de servicios de Internet a “bajar contenidos que consideren ilegales”.

Al señalar que ello afecta la protesta social, porque muchos movimientos surgen y convocan a través de las redes sociales, Maldonado consideró violatoria la práctica de la geolocalización y que, sin orden de un juez, la PGR pueda ordenar el almacenamiento de información generada por los ciudadanos hasta por dos años.

Incluso valoró como grave que la iniciativa de Peña Nieto otorgue facultades al Ejecutivo federal para “bloquear señales por motivos de seguridad nacional o de seguridad pública, que son vagos o ambiguos, por lo que cualquier acto puede ser considerado una amenaza a la seguridad nacional, es decir, se pretende castigar el disenso”.

Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), se refirió a la reforma al artículo 29 constitucional como parte del paquete de las iniciativas derivadas de la reforma político-electoral decretada en febrero pasado.

Más aún, consideró riesgoso que ahora se le den poderes al titular del Ejecutivo para suspender garantías “sin la aprobación del gabinete de seguridad, las secretarías de Estado, la PGR y los departamentos administrativos, aparte de que se flexibiliza la mayoría calificada del Congreso o la Comisión Permanente para facultar al presidente a suspender garantías”.

Al detallar los riesgos de concentrar en unas cuantas manos la decisión de suspender garantías constitucionales, Cortez insistió en que las propuestas que criminalizan la protesta son un instrumento de represión social para acallar el disenso.

El defensor convocó al presidente de la CNDH y a los titulares de los organismos locales de derechos humanos, así como a los legisladores que se manifestaron en contra de las iniciativas violatorias, a “ejercer sus facultades para interponer controversias constitucionales, porque al ser autoridades están obligadas a respetar y promover los derechos humanos como lo dicta la Constitución en el artículo primero”.

Asimismo consideró violatorio a los derechos de los mexicanos que, en el afán de controlar los espacios de expresión, “el gobierno federal y el capitalino hayan expropiado el Zócalo, negando uno de los objetivos del espacio público que es el centro de debate”.

Miguel Moguel, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, destacó que ante las señales represivas visualizadas desde la llegada de Peña Nieto al poder, la organizaciones han dado seguimiento al cumplimiento de la recomendación 07/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, además de que han emitido comunicaciones de alerta a las relatorías de libertad de expresión de ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Agregó que el lunes 7 las ONG enviaron una carta al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, para que haga valer su facultad de recurrir a la SCJN e interponer controversias constitucionales contra las acciones que criminalizan la protesta.

Además, destacó el arranque de la campaña #QueNoTeApaguen, encaminada a crear conciencia entre la sociedad sobre su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Pilar Tavera, de Propuesta Cívica, puntualizó que las tres exigencias de la organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social están dirigidas a los poderes legislativos federales y locales para que rechacen las reformas violatorias al derecho a la protesta.

También buscan, abundó, que la CNDH “asuma su responsabilidad de acudir a la SCJN y recurrir al mecanismo de acción de inconstitucionalidad”, y a los poderes ejecutivos federal y local para que “se abstengan de violentar los derechos de la libertad de expresión a través el uso de la fuerza o las actuaciones penales”.

Después de convocar a una marcha para este jueves 10 a las seis de la tarde partiendo de Televisa al Senado, Tavera reconoció que la iniciativa de la sociedad civil para enfrentar la criminalización de la protesta social “es también una batalla cultural, la ciudadanía tiene que entender que no se pueden restringir los derechos humanos” alegando el daños a terceros.

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