MÉXICO, DF, (apro).- Las negociaciones de paz entre Israel y Palestina –que iniciaron en julio de 2013-- sufrieron un serio revés estos últimos días: el miércoles 9 el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó a sus ministros suspender cualquier encuentro con los palestinos, y ayer decidió “congelar” las transferencias hacia la Autoridad Palestina (AP) de los 100 millones de dólares que recauda cada mes a través de los impuestos sobre las mercancías que transitan por el país. El producto de estas transferencias se destina a pagar los salarios de los 150 mil funcionarios de la AP y representa las dos terceras partes del presupuesto de la entidad gubernamental dirigida por Mahmud Abás. Además, el gobierno de Netanyahu anunció que limitará los depósitos de los palestinos en los bancos israelíes. Según el periódico israelí Haaretz¸ la actitud de Netanyahu generó fuertes críticas en la oposición. El líder del Partido del Trabajo, Isaac Herzog, aseveró el mismo miércoles que “el primer ministro inició un proceso de desvinculación entre Israel y el mundo”. Netanyahu decidió imponer estas sanciones para castigar a la Autoridad Palestina, que solicitó su adhesión a quince convenciones internacionales el martes 1. La Organización de las Naciones Unidas emitió ayer un acuerdo de principio para que la AP adhiera a varios de estos convenios el próximo 2 de mayo. El revés empezó el pasado 29 de marzo. El gobierno israelí debía liberar 26 prisioneros --encarcelados antes de la firma de los acuerdos de Oslo del 1993--, tal como se preveía en el acuerdo previo a la reanudación de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Pero esto no ocurrió: el gobierno exigió que se pospusiera la fecha límite de las negociaciones, que en un inicio se estableció para el 29 de abril. A raíz de la no-liberación de los prisioneros, Mahmud Abás entregó las solicitudes de adhesión a los convenios, aun cuando se había comprometido en el acuerdo inicial en no hacerlo durante las negociaciones. Al integrar estos convenios, la Autoridad Palestina podría demandar a Israel en la Corte Penal Internacional (CPI). Ante la indignación que provocó el acto en Israel, los representantes palestinos aseguraron que retirarían sus solicitudes cuando salieran libres los prisioneros. Pero en vez de acceder a la demanda, Israel denunció una “violación flagrante de los acuerdos”, y anunció este mismo día la construcción de 708 nuevos fraccionamientos en Gilo, un pueblo aledaño a Jerusalén. El martes anterior, el secretario de Estado estadunidense John Kerry lamentó: “Desafortunadamente los prisioneros no fueron liberados el sábado (29 de marzo) tal como estaba previsto. Pasó el primer día; el segundo día; el tercer día y, en la tarde, cuando quizá estaban a punto de salir, se anunciaron 700 fraccionamientos de colonos en Jerusalén, y ‘puf’ lleguemos hacia donde estamos ahora”. Si bien criticó a la Autoridad Palestina, la reacción de Kerry provocó un escándalo en Israel. El gobierno argumentó que no liberó los prisioneros debido al rechazo de la AP de reconocer a Israel como “Estado judío”, así como a su postura inflexible en cuanto a diferir la fecha límite de las negociaciones. Al día siguiente, Netanyahu declaró en una conferencia internacional sobre asuntos de seguridad en Munich: “Ninguna presión me forzará a abandonar los intereses vitales del Estado de Israel, y sobre todo la seguridad de los ciudadanos israelíes”, dio cuenta el diario inglés The Guardian. El secretario de economía israelí y jefe del partido nacionalista Hogar Judío, Naftali Bennett, añadió: “Israel jamás presentará disculpas por construir en Jerusalén”. Líderes de los países miembros de la Liga Árabe se reunieron ayer en El Cairo. El secretario general de la organización, Nabil El Araby, declaró a la Associated Press que se extenderá la fecha límite más allá del 29 de abril para encontrar una salida a las negociaciones. Asimismo, se decidió durante la conferencia que los estados árabes entregarán a la Autoridad Palestina los fondos necesarios para su funcionamiento.