Mancera decide dar la batalla

Los desperfectos en la Línea 12 del Metro siguen flagelando al gobierno capitalino. La Secretaría de la Función Pública le pidió devolver 489 millones de pesos que la federación aportó al organismo desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal –responsable de la construcción de la Línea Dorada– “por gastos no justificados”. Y aun cuando hace 13 meses la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras del GDF documentó cómo se aplicaron esos fondos, Miguel Ángel Mancera accedió pagar, en principio, aun a costa de algunos de sus programas. Pero luego se arrepintió y decidió dar pelea.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no se quiso quedar al margen de la polémica en el caso de la Línea 12 (o Línea Dorada) del Metro y la semana antepasada desempolvó un viejo expediente relacionado con la aportación de fondos federales a esa obra, en el sexenio de Felipe Calderón, para reclamar al Gobierno del Distrito Federal (GDF) la devolución de más de 489 millones de pesos por “gastos no justificados”.

En conferencia de prensa convocada ex profeso el 31 de marzo, el encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, informó que el GDF tendría que devolver a la Tesorería de la Federación 489 millones 422 mil 377 pesos, cuyo uso no fue justificado por el organismo desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF), responsable de la construcción de la Línea Dorada.

Pese a una revisión exhaustiva, dijo el funcionario, no se pudo justificar el pago que (el PMDF) realizó con recursos del Fondo Metropolitano por la cantidad mencionada, no formalizada en contratos conforme a las disposiciones jurídicas, por lo cual se solicitó al GDF que la reintegre a la Tesorería de la Federación.

En entrevista posterior en Radio Fórmula, Olivas explicó con más detalle cómo dio con ese supuesto boquete la SFP: “Se hace una revisión y se encuentra que (…) los contratos donde se tenían que aplicar esos recursos de carácter federal no estaban contemplados en obras inducidas que se requieren para las obras del Metro.

“No se hicieron los contratos, no se hicieron los registros correspondientes y quisieron pagar con recursos del Fondo Metropolitano de manera improcedente, porque los trabajos realizados no estaban considerados dentro del contrato de obra, por eso estamos pidiendo la devolución de esos recursos.”

También dijo que compete a la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) determinar el tipo de responsabilidad que, expuso, puede ser administrativa, civil o penal a partir de los resultados de la auditoría conjunta que lleva a cabo con el gobierno federal.

Sin embargo ni en la conferencia de prensa ni en la entrevista con Radio Fórmula el encargado de la SFP mencionó que el asunto se resolvió hace poco más de un año.

 

Problema viejo

 

Según documentos a los que tuvo acceso este semanario, el 5 de marzo de 2013 la SFP calificó como “no solventada la recomendación correctiva” enviada al organismo desconcentrado PMDF, hoy en proceso de liquidación tras las anomalías detectadas en la Línea 12.

Según el dictamen emitido desde entonces por la SFP, el PMDF “no presenta documentación que justifique el pago de reconocimiento de adeudos, por lo que se reitera al organismo desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF) que realice las gestiones para que se reintegre a la Tesorería de la Federación la cantidad de 478 millones 63 mil 757.84 pesos más los intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 primer y segundo párrafos de la Ley de Ingresos de la Federación”.

Además en el oficio 211/364/2013 la SFP recomendó “elaborar el dictamen técnico por el incumplimiento a la normatividad derivado de que la atención a las recomendaciones no implica la liberación de la responsabilidad que, en su caso, podría resultar a cargo del servidor público por las irregularidades detectadas, y será turnado a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del Distrito Federal para que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente”.

Olivas tampoco dijo que la Contraloría Interna del PMDF y la Contraloría General del Distrito Federal dieron por solventada en abril de 2013 la observación hecha por la SFP, según se desprende del oficio CG/CISOS/0597/2013 que el contralor interno de la Secretaría de Obras y Servicios del GDF, Ernesto de la Puente Gallegos, envió al director general de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la CGDF, Luis Alfredo Hernández Velázquez.

En ese documento, De la Puente refiere que, mediante oficio número GDF/SOS/PMDF/DAC/1152/2012 fechado el 18 de septiembre de 2012, el órgano desconcentrado PMDF envió a la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras y Servicios documentación debidamente certificada a fin de atender la recomendación correctiva de la observación número uno, con la cual pretende aclarar y justificar la procedencia del convenio de reconocimiento de adeudos.

Después de verificar y analizar la documentación, la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras justificó el gasto realizado por el PMDF, el que ahora reclama la Función Pública, al argumentar que “se fundamentó en un ordenamiento jurídico aplicable de forma supletoria contemplado por disposición expresa de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, instrumento jurídico que se encuentra debidamente regulado en el Código Civil para el Distrito Federal, por lo que el ente auditado aclaró que sí existió legalmente un instrumento que dio soporte a un compromiso de pago”.

Además el PMDF estableció que, tras un análisis integral de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, no se advierte prohibición alguna para que ese tipo de recursos se destine a trabajos ejecutados en años anteriores, que se integran por diversas obras y servicios asociados al contrato principal.

“En virtud de lo anterior –subraya–, los recursos provenientes del Fondo Metropolitano se destinan a uno o varios de los componentes que constituyen el proyecto: estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento.”

Con base en esas argumentaciones, el órgano de control interno de la Secretaría de Obras resolvió “dar por solventada la recomendación preventiva”.

Pese a tales antecedentes, la CGDF, a cargo de Hiram Almeida Estrada, acató sin chistar la orden del gobierno de Peña Nieto y, aún más, adelantó que el exdirector del PMDF, Enrique Horcasitas Manjarrez, está sujeto a investigación junto con otros funcionarios –dejó entrever que es probable que entre ellos se incluya al propio exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard–, y que en coordinación con la SFP inició una auditoría más profunda sobre los recursos aportados por la federación a la Línea 12.

 

Las vías del dinero

 

Las investigaciones sobre los 500 millones de pesos del Fondo Metropolitano que ahora reclama la administración peñista al gobierno capitalino vienen desde el segundo trimestre de 2012, cuando Ebrard todavía estaba al frente del GDF, a partir de una auditoría de obra que la Función Pública, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras del GDF practicaron a la Dirección de Construcción de Obras Civiles del PMDF

Entre abril y septiembre de 2011 la Secretaría de Hacienda entregó al GDF mil 555 millones 296 mil 680 pesos del Fondo Metropolitano –institución a la cual entonces pertenecía Luis Videgaray, actual titular de esta secretaría– para diversas obras y proyectos. De esa cantidad, 795 millones 42 mil 822 pesos se destinaron a la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac.

Según documentos de la CGDF, entre mayo y julio de 2011 el PMDF tramitó ante la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino el pago de 478 millones 63 mil 757.84 pesos por “obras inducidas” al consorcio constructor –ICA-Alstom-Carso– en siete estimaciones.

En su arqueo, la SFP y la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras capitalina encontraron que la mayor parte de los trabajos realizados por el consorcio se ejecutaron antes de 2011, “situación que se constató con las facturas integradas en el expediente proporcionado y con los cuales el PMDF autorizó el pago al consorcio ICA-Alstom-Carso”.

Con base en esos elementos –y hasta ese momento– ambas instancias revisoras concluyeron que los pagos realizados a ICA y Carso fueron improcedentes, por lo que recomendaron dos acciones: una correctiva y otra preventiva.

En el primer caso, se le pidió al PMDF que “realice gestiones ante la instancia competente para que se reintegre a la Tesorería de la Federación la cantidad de 478 millones 63 mil 757.84 pesos más los intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 primer y segundo párrafos de la Ley de Ingresos de la Federación”.

En el segundo, solicitó a Horcasitas que “instruya al área responsable de la observación para que en lo sucesivo se apegue a la normatividad y legislación aplicable y se evite realizar pagos de obras que no fueron ejecutadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas”.

En respuesta a esas observaciones, el PMDF respondió a la SFP y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras que “si bien es cierto que el compromiso de pago no derivó de un contrato jurídico en términos de la Ley de Obras Públicas, cierta es también la existencia de dicho compromiso de pago derivado de la ejecución de trabajos, los cuales no estuvieron considerados en los alcances del mencionado proyecto”.

Prosiguió el PMDF con su justificación: “Bajo esa premisa y considerando la necesidad de dar atención al requerimiento de pago al acreedor y ante la ausencia de una solución plasmada en la ley de la materia, el PMDF se sujetó a las previsiones establecidas en el artículo ocho de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el cual considera factible aplicar de forma supletoria otros ordenamientos para los casos no previstos en la propia legislación”.

Por esa razón, continúa, se acordó suscribir el Convenio de Reconocimiento de Adeudos, instrumento jurídico debidamente regulado en el Código Civil del Distrito Federal y que consiste en un acuerdo entre dos o más personas con el propósito de crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones y que vale como un contrato. “Con base en ese soporte legal se decidió pagar al consorcio la cantidad referida”.

El PMDF aclaró asimismo que antes de suscribir dicho convenio con el consorcio pidió la opinión de la Dirección Ejecutiva Jurídica en relación con el procedimiento que debía seguir para solventar el adeudo y la obligación del pago por las obras inducidas. “El proyecto Metro Línea 12 se integra por diversas obras y servicios asociados al contrato principal, por lo que los recursos provenientes del Fondo Metropolitano se destinan a uno o varios componentes”.­

La Contraloría Interna de la Secretaría de Obras del GDF declaró fundados los alegatos del PMDF y resolvió declarar “solventadas” las recomendaciones correctivas y preventivas hechas desde hace un año.

De ello quedó constancia en el reporte que el contralor interno de la Secretaría de Obras y Servicios del GDF, Ernesto de la Puente, hizo llegar el 16 de abril de 2013 al director general de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la CGDF, Luis Alfredo Hernández Velázquez.

Pero a 13 meses de su declaratoria, la SFP desempolva el expediente y asegura que el gasto de los casi 500 millones de pesos realizado por el PMDF no está justificado y ordena a la CGDF que inicie los procedimientos de ley para deslindar responsabilidades.­

El gobierno de Miguel Ángel Mancera inicialmente dobló las manos y accedió a devolver el dinero a la federación, a costa de sacrificar sus propios programas. Pero el martes 8 reconsideró y ordenó a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Finanzas agotar todos los recursos legales para evitar devolver esos casi 500 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda.

“He dado instrucciones precisas a fin de que agoten todos y cada uno de los recursos y espacios jurídicos de las etapas legales que haya que agotar, a fin de defender este recurso de la ciudad”, dijo.

La defensa del recurso, agregó, se hará sin dejar de lado la investigación sobre las posibles responsabilidades en las que se haya incurrido sobre este asunto.

No obstante, ese mismo día el secretario de Finanzas, Édgar Amador Zamora, informó que esta semana se reuniría con representantes de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda para alcanzar un acuerdo sobre el pago.

“Vamos a ver de dónde sacamos el dinero, son 130 dependencias en la Ciudad de México y cada una tiene muchas partidas. Tenemos que revisar cuánto se tiene que ajustar, de tal forma que afecte lo mínimo posible”, subrayó.

Comentarios

Load More