PUEBLA, Pue., (proceso.com.mx).- El gobierno de Puebla emitió un boletín en el que rechazó la existencia de una orden de aprehensión en contra del académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Ricardo Pérez Avilés. Lo anterior, en respuesta a un pronunciamiento que firmaron profesores investigadores del posgrado en sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP en el que condenaron la supuesta intimidación al académico por su participación en acciones de protesta contra el Gasoducto Morelos. “El pasado viernes 11 de abril, un grupo de hombres vestidos como campesinos y con armas de fuego se apersonaron en su domicilio. Al no encontrarlo, el referido grupo de hombres procedió a amenazar y proferir insultos a la familia del Dr. Pérez Avilés, advirtiéndoles que el académico debería abstenerse de apoyar el movimiento de lucha contra el gasoducto”, refirió el comunicado emitido por los universitarios. En respuesta, el gobierno estatal señaló que hasta ahora Pérez Avilés no ha presentado la denuncia correspondiente. “Las autoridades competentes, hasta el momento, no han recibido ninguna denuncia de los supuestos hechos ocurridos contra el doctor Ricardo Pérez Avilés, por lo que se le invita para presentar su denuncia correspondiente, ante las autoridades competentes de la entidad o, en su caso, si así lo considera, ante las autoridades federales”, sugiere. En cuanto a la preocupación que manifiestan los docentes por la versión de que existe una orden de aprehensión contra Pérez Avilés, el comunicado aclara que la Procuraduría General de Justicia del Estado no tiene, “hasta este momento”, ninguna acción u orden de aprehensión en contra del universitario. “Se ratifica el más amplio respeto a la libertar de expresión y de manifestación de los ciudadanos, mientras en su ejercicio no se afecten derechos de terceros o se incurra en la comisión de actos delictivos”, puntualiza el gobierno poblano. Además, señala que remitirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos un reporte de los hechos denunciados, “manifestando toda la disposición de contribuir en este y en cualquier otro asunto, colaborando en resguardo de los derechos de los ciudadanos”. En el comunicado no se hace ninguna mención al planteamiento de los académicos del instituto para pedir la liberación del activista Juan Carlos Flores Solís, detenido desde el 8 de abril, así como a las críticas que exponen contra el Gasoducto Morelos, obra que, aseguran, desencadenará múltiples afectaciones sociales, económicas y medioambientales en toda la región.