MÉXICO, D.F. (apro).- A pesar de que desde hace 23 años rige la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y desde hace 11 el Acuerdo A/057/2003 por medio del cual se certifica médica y psicológicamente la tortura y el maltrato con base en el protocolo de Estambul, la tortura en México no se ha erradicado; por el contrario, “se ha exacerbado”. Además, mecanismos como la supuesta aplicación del protocolo de Estambul y la intervención del sistema ombudsman no han contribuido a revertir uno de los principales incentivos para la tortura: "la impunidad”. Lo anterior se desprende del informe que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregó hoy al relator especial de Naciones Unidas en ese tema, Juan Méndez, quien evalúa los avances del gobierno mexicano en materia de tortura. Elaborado con datos obtenidos a través de solicitudes de información, el reporte alerta sobre la falta de sanciones a servidores públicos que cometen actos de tortura, a pesar del reconocimiento de las mismas instituciones de la existencia del flagelo. Este reporte, aclaró la organización, fue entregado al Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) en octubre de 2012 en Ginebra, Suiza, durante la supervisión del comité sobre la aplicación en México de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos, ratificada por México. Del análisis de datos entregados por cuatro dependencias de la PGR resaltan contradicciones en la información entregada. Por ejemplo, mientras que la Visitaduría General de la PGR informó que de enero de 2002 a junio de 2012 se iniciaron 39 averiguaciones previas por el delito de tortura, y que “en tres se concluyeron en no ejercicio de acción penal, en ningún caso se castigó a los presuntos responsables". La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales informó, a su vez, que había localizado 29 averiguaciones previas en las que se señalaba como presuntos responsables a 111 servidores públicos, pero que “ninguna ha sido consignada, sin precisar el lapso de tiempo al que corresponde esta información”. Otra dependencia de la PGR, la Suprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo “habría encontrado una averiguación previa iniciada por el delito de tortura en el periodo 2006-2012 y tres en el presente año (2012), en tanto que la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) reportó que del primero de enero al 31 de diciembre de 2011 se iniciaron 23 averiguaciones previas, y en una segunda respuesta de la Visitaduría General se señaló que del primero de agosto de 2011 al primero de agosto se habrían abierto 10 indagatorias. Tras notificar que cuenta con 185 peritos en medicina forense adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales, todos “capacitados para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico especializado para los casos de posible tortura/maltrato”, la PGR notificó que desde la entrada en vigor del acuerdo A/057/2003 a julio de 2012 los peritos atendieron 302 casos. De esa cifra, según la PGR “se tienen registrados 128 casos con existencia de lesiones posiblemente derivadas de tortura y/o maltrato”, y el resto, 174 registraron resultados negativos. Este último dato es para Tlachinollan ilustrativo de la falta de actuación de las autoridades en caso de tortura: “Pese a que en 128 casos se ha encontrado que hubo tortura no hubo ninguna sentencia condenatoria, Esto, sin aceptar, desde luego, que entre los casos restantes existan actos de tortura que no fueron considerados como tales por el cuerpo pericial”. Durante el sexenio de Felipe Calderón “se suspendieron los mecanismo institucionales creados para revisar la implementación del instrumente más importante en investigación de la tortura”, pues el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos posibles de Tortura y/o Maltrato sólo se reunió nueve veces desde que fue creado en 2003, dejando de operar en 2011 y 2012, de acuerdo a las respuestas a solicitudes de información procesadas por Tlachinollan. El cuanto a la información recabada en la Sedena, dicha dependencia reconoció que de 2002 a 2012 la CNDH le había dirigido 52 recomendaciones relacionadas con tortura, mientras que en ese mismo periodo la Procuraduría General de Justicia Militar refirió la apertura de 142 averiguaciones previas por “violencia contra las personas causando tortura”, y otras 821 por “violencia contra la personas causando lesiones”. De acuerdo con las respuestas de la Sedena, en ese mismo periodo los juzgados castrenses abrieron seis causas penales, pero hasta 2012, ningún miembro de las fuerzas armadas había sido condenado por ese delito; ello a pesar de que la dependencia reconoció en una de sus respuestas que contaba con tres peritos forenses capacitados para aplicar el Protocolo de Estambul y que de seis ocasiones en que lo utilizaron, sólo en tres casos había resultado positivo. Los datos de la CNDH, revelan que, pese al incremento preocupante de denuncias y recomendaciones por tortura, el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva ha sido incapaz de dar seguimiento a sus propios documentos y mucho menos garantizar que los responsables de por ese tipo de violación hayan sido sancionados. De acuerdo con los datos entregados de noviembre de 1999 al 31 de julio de 2012, la CNDH contabilizó 184 quejas por tortura y 6 mil 604 por tratos crueles inhumanos y degradantes, mientras que en el mismo periodo emitió 43 recomendaciones por tortura y 125 por malos tratos. Se destaca que en el mismo periodo las autoridades que más han sido señaladas son: Sedena, con 75 casos por tortura y 3 mil 580 por tratos crueles, y la PGR con 34 menciones por tortura y 2 mil 26 por tratos crueles. Al observar que con 16 médicos y 13 psicólogos, la CNDH no tiene un método estandarizado con la PGR para aplicar el Protocolo de Estambul, la organización civil destaca que de la información recibida el organismo público “no da un seguimiento puntual a las recomendaciones por tortura ni cuenta con una estancia especializada en la rehabilitación de las víctimas “. Del seguimiento de sus determinaciones, señala Tlachinollan, “el ombudsman refiere que se han emitido 43 recomendaciones por tortura, dirigidas a 87 autoridades, las cuales aceptaron en 74 casos, encontrándose 312 en seguimiento y 43 cumplidas”, en tanto que en seis recomendaciones 13 autoridades no aceptaron la recomendación. Para la organización civil “sorprende que habiendo aceptación de las autoridades en 74 casos, esto no se traduzca en la sanción penal de los responsables”, ni siquiera cuando a partir de 2010 la CNDH implementó política de presentar denuncias penales al emitir una recomendación, de manera que entonces a 2012 se habían presentado 59 denuncias por tortura, no existiendo “tampoco en este rubro información sobre sentencias condenatorias en ninguno de estos casos”. Tlachinollan considera preocupante como “en la práctica, una vez que la CNDH –o cualquiera de sus homólogos estatales—ha documentado tortura y emitido una recomendación, el ministerio público no otorga valor probatorio a todo lo actuado por el sistema ombudsman, iniciando desde cero el procedimiento de investigación y obstaculizando así el acceso a la justicia”.