Las sombras del caso Daisy Ferrer

Como tantas otras investigaciones, la del asesinato de la venezolana Daisy Ferrer en 2012 en Guadalajara deja mal paradas a las autoridades estatales. Entrevistada vía telefónica, la madre de la joven expone que la Fiscalía General del Estado atrapó a los autores materiales del homicidio, quienes confesaron también la ejecución del secretario de Turismo, Jesús Gallegos, por financiar a un cártel del narco. Sin embargo, clama la entrevistada, el caso de su hija no se ha resuelto y varias anomalías procesales hacen pensar que se está encubriendo a un influyente.

A 16 meses del asesinato de la modelo venezolana Daisy Ferrer Arenas, su madre, Ingrid Arenas Chacón, señala en entrevista telefónica que en la Fiscalía General del Estado (FGE) le niegan información, y que en la embajada de su país en México ni siquiera le dieron apoyo moral.

Daisy llegó en 2010 a Guadalajara por invitación de otra ciudadana venezolana, Victoria Estefanía Comas, quien “la reclutó” y le sugirió que invitara a más amigas para venir a “modelar” a esta ciudad. Se les pagaría el pasaje, ganarían un buen sueldo y vivirían en un lugar cómodo. Ese sitio está en la calle Tenochtitlán 4083, colonia Ciudad del Sol, habitado por varias extranjeras que trabajaban en diferentes bares, como Bandidas, ubicado en López Mateos 2370 interior A, y el cual ostenta la razón social Alquimia de León S. de R.L. de C.V.

De acuerdo con Ingrid Arenas, su hija laboró en Bandidas  alrededor de seis meses. “Ella era mesera y bailaba en ese lugar, sin embargo el ambiente cambió, querían que tuviera un acercamiento con los clientes, por lo que decidió salirse”, recuerda.

En el círculo de amistades de Daisy Ferrer se encontraban Hirosaya García, Ari Hurtado, Banessa Hernández y Lucy Carolina Angulo Labrador. Con esta última vivió Daisy en una casa situada en la calle Camino Nacional, coto Villa Toscana 1373, colonia Mariano Otero.

Lucy Angulo se involucró sentimentalmente con Iván Martínez Macías, quien en su perfil de Facebook se presentaba como “senior associate” de los bares Mala Noche No, La Galería, 200 Private and After Club, Bandidas y La Carabina de Ambroxio.

Iván Martínez fue asesinado el pasado 14 de enero, cuando se encontraba en su vehículo en la glorieta Chapalita, cerca del Mala Noche No. Lo acompañaban Erandi Nayeli Estrada Miranda, que fue herida, y otra mujer quien resultó ilesa y se identificó como Eréndira de León Piñón. Sin embargo, personas que conocieron del caso aseveran que en realidad la acompañante ilesa es Lucy Carolina Angulo, quien actualmente maneja el bar Bandidas.

El 14 de abril de 2010 el abogado Jorge Ledesma Abaroa, mediante  un desplegado en el diario Mural, señaló que en el bar Bandidas se comete el delito de corrupción de menores y se prostituye a extranjeras. El litigante afirmó que el dueño del bar es el exprocurador de Justicia del estado, el panista Tomás Coronado Olmos. “Las denuncias que se levantan las desaparecen y cesan al Ministerio Público que se atreve a integrar el expediente”, denunció Ledesma en su texto (Proceso Jalisco 285).

 

Alguien miente

 

Ingrid Arenas refiere que en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy FGE, nunca le dieron información del caso de Daisy (averiguación previa 684/2012/H.I./A) e incluso recuerda que pidió audiencia en varias ocasiones con Coronado Olmos, pero no se la concedió.

Al comentarle a la entrevistada que el exprocurador es uno de los presuntos dueños del bar Bandidas, la señora suspira y con voz baja comenta diciendo: “Eso explica muchas cosas”. Y agrega:

“Me atendió en la calle 14, en Homicidios Intencionales, el licenciado Óscar Manuel Rivera Escamilla. Le presenté las pruebas de los testigos que presenciaron el secuestro de mi hija: Lucy Carolina Angulo Labrador, Iván Martínez, Hirosaya García, Banessa Hernández –ella se regresó a Venezuela el día que secuestraron a mi hija y nunca ha sido llamada a declarar–, quienes cambiaron su versión de los hechos.

“Los testigos me dieron un domicilio de donde se llevan a mi hija, pero ante el Ministerio Público declaran otro domicilio y hechos diferentes, y con todo eso que ellos mismos reconocieron que habían mentido, nunca fueron llamados a declarar de nuevo. El procurador de entonces nunca me atendió, pero me dijeron que sí estaban trabajando en el caso de mi hija.”

Recuerda también que en la entonces procuraduría estatal trató con Jorge Antonio Torres Navarro, jefe de la División de Asuntos Especiales y Homicidios Intencionales.

En una conversación que la señora Arenas sostuvo con Lucy Carolina Angulo el 17 de diciembre de 2012  a través de la mensajería de Facebook, ésta le reveló que a Daisy se la llevaron al número 1162 de la avenida Guadalupe.

En esa ocasión Angulo le mencionó que los sujetos que se llevaron a Daisy se presentaron como policías federales y que únicamente les preguntaron sus nombres y a qué se dedicaban. En el mismo medio, Arenas le pidió a Lucy que, si conocía al hombre con quien su hija tuvo problemas por “el asunto de unas placas”, le proporcionara sus datos, pero la actual administradora de Bandidas se negó a hacerlo, con el argumento que no sabía nada del tema.

Arenas también conversó el día 17, por la misma vía, con Hirosaya García, quien le relató luego de asistir al bar La Galería, que a las 3:30 de la madrugada se dirigieron al Mala Noche No, de donde los sujetos se llevaron a Daisy Ferrer.

“Al llegar, para dejar el carro, en el valet parking nos abrieron la puerta unos tipos que se hicieron pasar por Afis, que son federales, y al preguntarles por qué el atropello, nos dijeron que esto era porque Daisy tenía una investigación, que no nos metiéramos; ya cuando pasó todo, que se la llevaron en una camioneta negra, ella forcejeando le pedía ayuda a Iván Martínez, pero nadie la ayudó y entramos al antro”, relató Hirosaya García.

Arenas le preguntó por qué no ayudaron a su hija; si estaba segura de que eran federales, y si llamaron a la policía; Hirosaya respondió que “no nos enseñaron nada, nos dijeron de boca, y obviamente no lo eran, es gente mala, y no dijimos nada porque nos amenazaron de muerte, aquí las cosas son muy diferentes y hay gente sin escrúpulos, no le miento”.

Uno de los datos que no concuerda es la hora y el día de la desaparición, pues según Hirosaya García a Daisy se la llevaron el sábado 15 de diciembre de 2012 a las 4 de la mañana, pero la señora Arenas refiere que un amigo de su hija se puso en contacto con ella la tarde de ese sábado.

En su declaración ministerial, Iván Martínez, Hirosaya García, Banessa Hernández y Lucy Carolina Angulo mencionaron que el “levantamiento” de Daisy Ferrer ocurrió por la avenida Niños Héroes, cuando el Mala Noche No se ubica en la avenida Guadalupe y tiene una sucursal en la avenida Patria.

 

Indicios de encubrimiento

 

Desde Venezuela Ingrid Arenas sigue el caso de su hija. Por los medios de comunicación se enteró de que el 14 de marzo del año pasado fueron detenidos Juan Manuel González Martínez y Julio Andrés Vázquez, a quienes se les decomisó una pistola calibre .9 milímetros. Cuando la analizaron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, concluyeron que el arma fue utilizada en el homicidio de Daisy.

Al ampliar la investigación, los dos hombres confesaron su participación en el crimen del efímero secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, ejecutado el 9 de marzo de 2013 en la avenida Acueducto.

Según los autores materiales confesos, el móvil del crimen fue que el empresario apoyó económicamente a un grupo criminal contrario al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Por eso Ingrid Arenas cuestiona: “Todavía no entiendo por qué tanta negativa de parte de la fiscalía y del Ministerio Público en darme adelantos del caso de mi hija. Ya tienen a unos hombres presos y recuperaron el arma con la que no sólo mataron a mi hija, sino al secretario de Turismo… Entonces no entiendo: si el caso de él (Gallegos) está resuelto ¿por qué el de mi hija no? Es extraño, ¿verdad? Pues es evidente que ahí ocultan algo o están protegiendo a alguien de algún cargo político que tiene mucho que ver con lo que le pasó a mi hija”.

Arenas lamenta que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses le negó la entrega de los resultados de la autopsia de su hija, únicamente le expidió el acta de defunción.

“Recuerde que soy de Venezuela y no conozco las leyes de México –señala–, pero más bien creo que ellos se valieron de mi dolor y mi falta de juicio en ese momento para no entregarme algo que era tan importante. Cuando reclamé en el Semefo el cuerpo de mi hija, no me dieron los resultados de la autopsia, pero tengo el acta de defunción, que es la 1716/2012, agencia 33-A, y el oficio 8616/2012.”

Incluso, relata que por correo electrónico solicitó información del caso de su hija a la FGE. Fue el 30 de septiembre de 2013 cuando la entonces coordinadora general de áreas auxiliares de la FGE, Edith Rivera –hoy directora general de Transporte de la Secretaría de Movilidad– le informó que sería recibida el 2 de octubre a las 13 horas por el fiscal central, Rafael Castellano, y por la fiscal de derechos humanos, Lizzeth Hernández.

Arenas le respondió el 8 de octubre que obviamente no podía asistir a la cita porque estaba en su país. “Estuve tres meses en México, tratando de que me aclararan qué sucedió con mi hija. Fui muchas veces al Ministerio Público y ellos me informaron todo por encima; podía encontrar  más información en los medios de prensa. Ahora, explíqueme cómo debo hacer para autorizar a alguien y le manifieste toda la información que requiero, ya que para mí es muy importante se le haga justicia a mi hija, no puede ser que no se sepa por qué la asesinaron tan cruelmente”.

La madre de Daisy no obtuvo ninguna respuesta, por lo que el 14 de enero de 2014 envío un nuevo correo a Edith Rivera. El 22 de enero la funcionaria le respondió con una sugerencia: que “se establezca una relación de intercambio de información por la vía formal a través de la oficina encargada de las Relaciones Exteriores de su país, esto con el objetivo de que el embajador de Venezuela en México, o quien él designe vía oficio, sea el conducto por el que se pueda contar con la garantía de que la información que se proporcione por parte de esta fiscalía llegue a usted y se mantenga el sigilo de la misma”.

Sin embargo, la señora rechazó la sugerencia porque la embajada de Venezuela, “presidida por Jennifer Milano –puntualiza– nunca me prestó ayuda, más bien fueron muy duros conmigo, y en esos días, en medio de mi dolor por el asesinato de mi niña, quería que hiciera ciertos protocolos que México no me estaba exigiendo, y ella dijo que si no hacía las cosas como me decía, no me iba ayudar”.

Al preguntarle si su hija tenía algún enemigo, dice que no. Enfatiza que se manejó que el asesinato fue por motivos pasionales, pero la joven tenía novio. Alguna vez Daisy le comentó que había un señor que “le envió un ramo de flores y la invitaba a salir, pero no sabía cómo decirle que no, cortésmente, sin que se ofendiera (…) Fue lo único que me comentó que se puede decir que estaba fuera de lugar”.

En una investigación realizada en el ámbito local, varios testigos señalaron –de manera anónima– que existe una red internacional de trata de personas en la que están implicados ciudadanos de Venezuela, Argentina y México.

Una de las fuentes indica que presuntamente en dicha red participan el exprocurador Coronado Olmos y Eugenio González, hermano del exmandatario estatal panista Emilio González Márquez.

Este último declarante, que por razones de seguridad exigió no publicar su nombre, agrega que otros presuntos dueños de Las Bandidas eran los hermanos Esteban y Luis Rodríguez Olivera, propietarios de la marca de tequila El Viejo Luis.

De acuerdo con una nota que publicó El Universal el 24 de septiembre de 2013, la empresa tequilera es una de las seis señaladas por el gobierno de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero al servicio de la organización del narcotráfico conocida como Los Güeros. Los hermanos Rodríguez Olivera están detenidos (Luis fue capturado en 2011 y Esteban en 2008) en el vecino país por introducir allá más de 100 mil kilos de cocaína entre 1996 y 2008.

Según la fuente, los hermanos apoyaron la campaña de Emilio González a la gubernatura, y detalla que Eugenio González utilizaba a Alejandro Siqueiros como su prestanombres en sus negocios ilícitos.

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