MÉXICO, D.F. (Proceso).- El juicio ganado por Proceso para romper la secrecía de una averiguación previa y la insistencia del semanario en que se aclare el asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, son dos temas destacados en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del semanario en su batalla contra la secrecía absoluta de una averiguación previa encabeza la relación de avances de México en materia de libertad de expresión, según el informe de quien fuera relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino. En su último informe al frente de la Relatoría, Botero encomió el fallo de la Primera Sala de la SCJN a favor del semanario, el cual “impugnó la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de clasificar como información reservada algunas constancias de un expediente relacionado con una queja contra la Secretaría de Seguridad Pública federal, ya que entre otras razones, estarían ‘vinculadas con información de una averiguación previa’, que según la Procuraduría General de la República (PGR) estarían sometidas a reserva”. El reporte de la Relatoría Especial se difundió el jueves 24 durante la entrega del informe anual de la CIDH relativo a 2013, realizada en Washington por la presidenta del organismo, Tracy Robinson, ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. El reporte de la colombiana Catalina Botero ­–quien al concluir su informe terminó su gestión– hace referencia al juicio de amparo iniciado en septiembre de 2010 por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, contra la decisión de la CNDH de mantener en secreto el expediente por el cual exculpó al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, de los agravios causados al semanario y a sus trabajadores. El argumento del organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva para no entregar la documentación al semanario fue que formaba parte de una averiguación previa abierta por la PGR. La queja del semanario, desechada por la CNDH en agosto de 2010, denunciaba el montaje que organizó García Luna el 29 de julio de 2009 para presentar ante los medios a presuntos integrantes de La Familia Michoacana. En una mesa, entre armas, aparatos de telecomunicación, billetes y llaves de autos, los agentes federales colocaron ejemplares de la revista Proceso “como parte de los implementos con los que se movía la banda” . Un día después, el portal de internet del diario El Universal difundió un video en el cual uno de los detenidos, Armando Quintero Guerra, El Licenciado, es interrogado por un agente federal sobre la compra del semanario por encargo de uno de sus líderes, Servando Gómez Martínez, La Tuta, ahora señalado como principal cabeza de Los Caballeros Templarios (Proceso 1893). De la resolución final de la Primera Sala, tomada el 6 de febrero de 2013, el informe de la Relatoría cita la consideración de la invalidez del argumento de la CNDH para ocultar el expediente, “toda vez que no existe una adecuada ponderación entre los principios en juego (es decir), entre el derecho de acceso a la información pública y el fin y objetivo que busca con su restricción, relativo al interés público o general inmerso en la función pública de investigación y persecución de los delitos”. Caso Regina El informe también aborda el litigio en tribunales de Veracruz del asesinato de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, ocurrido el 28 de abril de 2012 en Xalapa. La relatoría se refiere a la reportera: “Cubría temas relacionados con política estatal y crimen organizado. Además, días antes de su muerte había publicado un artículo acerca de presuntas irregularidades cometidas por autoridades locales”. El documento resalta el fallo de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, de anular la sentencia de 38 años de prisión y una multa “por casi 8 mil dólares” a quien habría sido condenado por el homicidio, Jorge Antonio Hernández, El Silva. El informe incluye las valoraciones que hizo el semanario antes de la anulación de la sentencia. “Según Proceso existían varias inconsistencias en la investigación del homicidio: la más relevante era que las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen no coincidirían con las del acusado. Además la persona condenada habría denunciado que fue torturada por las autoridades mexicanas para que confesara el asesinato. La defensa del acusado habría apelado la sentencia”. En relación con el caso de Regina Martínez, la Relatoría Especial dio cuenta de las amenazas a la integridad del reportero Jorge Carrasco, quien ha dado cobertura periodística al tema. Se detalla que el semanario “habría recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de ‘atentar contra la integridad personal del periodista’ (…) presuntamente a raíz de su cobertura sobre el caso del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez”, lo que fue notificado a la CNDH, la PGR y la Secretaría de Gobernación (Segob), las cuales “habrían activado el mecanismo de protección a periodistas a favor del reportero”. El documento hace referencia a la reacción del gobernador de Veracruz, Javier Duarte y de miembros de su gabinete presuntamente implicados, quienes “habrían negado tajantemente” haber participado en reuniones para “acordar acciones hostiles en contra del reportero”, y en declaraciones a Proceso se habrían comprometido “explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista , de sus reporteros y del corresponsal de Xalapa, Noé Zavaleta”. Después de que el semanario publicó la versión, se asienta en el informe, el procurador veracruzano Felipe Amadeo Flores Espinosa “difundió una carta en que rechazó las acusaciones y solicitó al medio que –en caso de que contase con pruebas– las presente ‘de manera inmediata ante las autoridades correspondientes para que pueda seguirse el debido proceso y de ser el caso, se finquen responsabilidades’”. Recuento de agresiones La relatoría destaca también la denuncia presentada por este semanario ante las amenazas contra su corresponsal en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola. Narra que éste recibió amenazas de muerte “a través de un mensaje enviado al teléfono celular” del conductor del noticiero radiofónico Sin muros, Giovanni Vásquez Sagrero. “El 22 de julio (de 2013) el periodista Matías Arrazola habría vuelto a recibir amenazas, esta vez luego de publicar una crónica crítica sobre la visita de dos funcionarios del gobierno federal a Oaxaca. El periodista denunció que habría recibido mensajes con amenazas y descalificaciones en su cuenta de la red social Twitter. El periodista responsabilizó de los actos de hostigamiento a uno de los funcionarios de quien hace referencia la crónica publicada”, se explica. El informe recuerda que de los 18 asesinatos de comunicadores en 2013 en el continente, tres ocurrieron en México: los de Jaime Guadalupe González Domínguez, director de Ojinaga Noticias, ocurrido el 3 marzo; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fotógrafo de Vanguardia, de Saltillo, el 24 de abril; y Alberto López Bello, de El Imparcial, de Oaxaca, el 17 de julio. La CIDH también toma nota de la desaparición del director del diario Cardel, en Veracruz, Sergio Landa Rosado, levantado por hombres armados el 23 de enero. El organismo registró 16 denuncias de amenazas a periodistas, a medios y a la organización civil Artículo 19 en Coahuila, Durango, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Baja California y Quintana Roo. Durante 2013 la Relatoría Especial recibió notificaciones de al menos 70 agresiones a periodistas durante las coberturas de movilizaciones sociales en diferentes partes en Sonora, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, el Distrito Federal y Chiapas, atribuidas a agentes del orden y en menor medida a manifestantes. La mayoría de las acciones violentas contra comunicadores ocurrieron en la Ciudad de México el 2 de octubre, durante la cobertura de las manifestaciones conmemorativas de la matanza de Tlatelolco. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) capitalina golpearon a medio centenar de periodistas y fotógrafos, entre ellos los de Proceso: Miguel Dimayuga, Octavio Gómez, Hugo Cruz y Alejandro Saldívar. En cuanto a detenciones y agresiones físicas, el documento recibió información de cinco casos en Baja California, Veracruz y Guerrero, entre ellos el del corresponsal de Proceso en Chilpancingo, Ezequiel Flores Contreras y el del fotógrafo José Luis de la Cruz, golpeados por un agente federal durante la cobertura de una audiencia en un juzgado. El informe de la Relatoría documenta siete ataques a medios ocurridos en 2013: a El Siglo de Torreón el 25 y el 27 de febrero; a El Diario, de Ciudad Juárez, el 6 de marzo; al Canal 44 de Ciudad Juárez el 6 de marzo; a Mural, de Zapopan, el 17 de abril; a El Piñero de la Cuenca, de Oaxaca, el 27 de julio; a Contexto, de Hermosillo, el 1 de agosto y a El Norte, de Monterrey, el 1 de octubre. Protección a periodistas Entre los temas que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión aborda ampliamente está el del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Segob, desde que fue sugerido por los relatores de la CIDH y de la ONU, Carolina Botero y Frank La Rue, tras una visita conjunta realizada en agosto de 2010. Detalla las comunicaciones sostenidas con el Estado, desde que se le notificó sobre la firma del Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, en noviembre de 2010, la notificación de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en noviembre de 2012; hasta la última, el 8 de noviembre de 2013. En esta fecha, en atención a una solicitud de información hecha por la Relatoría, el Estado mexicano notificó que el Mecanismo había recibido 105 solicitudes de protección, 40 de ellas de periodistas; que mantenía convenios de colaboración con 25 entidades; que hasta ese momento contaba con un fondo de casi 170 millones de pesos y había firmado acuerdos de cooperación para asistencia técnica y de evaluación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Freedom House. Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión los desafíos del Mecanismo son “asignar y capacitar a todo el personal necesario” para la operación adecuada de su estructura, que respete los plazos previstos en la ley, que las medidas de protección tengan “una perspectiva diferenciada” respecto a cada beneficiario y “las medidas de urgencia y de protección otorgadas no sean sustituidas o retiradas antes de la resolución de eventuales inconformidades”. Señaló que es fundamental “la coordinación de los distintos órganos del Estado federal, así como con las entidades federativas”, especialmente entre aquellas que participan en la Junta de Gobierno, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, tomando en cuenta que ambas instancias tienen facultades “para otorgar de oficio medidas cautelares de protección a periodistas en riesgo” y para “recibir denuncias e investigar ataques cometidos contra estas personas”. El documento hace referencia a las figuras similares al Mecanismo en el Distrito Federal, Morelos, Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí e Hidalgo, y observa la necesidad de “garantizar el desarrollo de marcos jurídicos que permitan una coordinación efectiva con el mecanismo federal de protección y tengan particularmente en cuenta aquellos casos en que los peticionarios accedan a ambos mecanismo para solicitar protección”.