TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Al menos 18 casos de tortura perpetrados por policías estatales y municipales en los últimos 12 meses de gobierno de Manuel Velasco Coello serán expuestos ante Juan Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes este martes 29 cuando inicie una gira de trabajo en la entidad. El funcionario internacional llegará a Tapachula como parte de la visita que realiza por México para conocer las denuncias sobre torturas documentadas por organizaciones civiles y activistas defensoras de los derechos humanos, quienes aseguran que esa práctica no cesa y que los responsables no son sancionados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que espera poder reunirse el miércoles próximo con el relator quien también sostendrá encuentros con el gobierno estatal. En particular, se verá con el procurador Raciel López Salazar, señalado también como el principal orquestador de algunos casos graves de tortura desde el 2010, cuando asumió el cargo. El Frayba ha documentado al menos 18 casos de tortura de marzo del 2013 a marzo del 2014. De éstos, 15 fueron denunciados por hombres –uno de ellos menor de edad– y tres por mujeres. Según el Centro, al menos de dos de las personas torturadas fallecieron en las cárceles municipales de Tapachula y de Acala. El primero fue Carlos Alberto Trujillo Ramos, de 48 años y el segundo, Rolando Pérez Cruz, de 21. Otros casos de tortura, según el Frayba son el de Gabriel Domínguez Escobedo, detenido y torturado hasta la muerte por 13 elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJ), y el de Miguel Ángel Rosette García, a quien personal de esta misma dependencia torturó en el 2011 por el supuesto robo a la familia Orantes Constanzo, dueña del equipo de futbol de la segunda división Guerreros de Chiapas. Audentino García Villafuerte y los hermanos Andrés y Josué López Hernández, fueron torturados en las cárceles de Bochil, Huixtla y Pichucalco, respectivamente, obligándolos a declararse culpables de un delito que no cometieron. El pasado 15 de abril, el Frayba informó que en Chiapas continúa practicándose la tortura y los métodos sofisticados para obligar a las personas a declarar sin dejar señas en el cuerpo. Las pruebas las han obtenido con la aplicación del Protocolo de Estambul realizada a las víctimas por médicos y psicólogos peritos en la materia. La información documentada “confirma la recurrencia a la tortura como un método de investigación criminal, usada por corporaciones policiacas, tanto municipales, estatales como federales, así como por elementos del Ejército y Marina”, expresó la organización. Agregó que la intención principal sigue siendo obtener información o una confesión firmada por la víctima. Es decir, en Chiapas la tortura es utilizada para la obtención de pruebas ilícitas aceptadas por los jueces para dictar sentencias condenatorias, explicó el organismo.