MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para investigar la existencia de una presunta red de trata de menores con fines de explotación sexual liderada por funcionarios públicos del municipio de Balancán, Tabasco. Se trata del caso hecho público el pasado viernes 25 de abril, cuando la Procuraduría General de Justicia del estado detuvo al presunto líder de la red, Alberto Jiménez González, El Tico, quien labora en el DIF municipal en el área de limpieza. También fue aprehendido Lenin Bonfil Loria, de 63 años, un médico a cargo de la coordinación de Reglamentos Municipal, y Raúl Baños Avendaño, padre de una de las menores vendidas a los funcionarios municipales. Este último está acusado de violación y venta de su propia hija. La captura de Baños Avendaño se logró gracias a una denuncia presentada por la madre de la menor, quien admitió que su pareja pervertía a su hija desde que tenía 13 años. Según la averiguación, El Tico y Bonfil Loria reclutaban y prostituían a las menores y luego las vendían a otros funcionarios públicos del ayuntamiento de Balancán. Los tres fueron acusados por la PGJ de los delitos de violación, corrupción de menores, lenocinio, atentado al pudor y pederastia. Por esos hechos, la CNDH inició una queja de oficio y reconoció que “la situación de vulnerabilidad y la violencia contra la población infantil femenina es un problema social y cultural que obstaculiza el ejercicio a su pleno desarrollo físico y mental, el cual empeora cuando son víctimas de actos que trasgreden su dignidad y libertad sexual”. El organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva aseguró que “en atención al interés superior del niño, y con la finalidad de recabar evidencia suficiente que permita acreditar la presunta violación a los derechos humanos”, realizará las diligencias necesarias para obtener evidencia “idónea” de las autoridades involucradas para determinar lo que conforme a derecho corresponda. Además llamó a las autoridades municipales de Balancán, Tabasco, a garantizar la integridad física y psíquica de las agraviadas y sus familiares.